El congresista, que está por despedirse como diputado al no haber competido en las elecciones generales de este año, conversó con Prensa Libre y explicó el contexto en que los diputados modificaron la Ley del MP.
Actualmente, esta norma ha cobrado relevancia en los espacios de discusión, ya que blinda al fiscal general e impide que el presidente de la República ordene su destitución.
Existe una iniciativa de ley en el Congreso que podría dar una solución a la crisis, al permitirle al presidente destituir al fiscal general. ¿Podría ser esto una solución al problema reciente?
En absoluto. No puede ser, porque las leyes no tienen efecto retroactivo. Entonces, si se aprobara la ley, si lográramos conseguir los votos, que eso es utópico, no lo creo, pero supongamos que conseguimos los votos, esto no afecta a la actual fiscal general. Será al próximo, porque la actual fiscal general fue electa de una forma para un período determinado, y no se puede cambiar.
También existe una inconstitucionalidad que busca suprimir los fragmentos de la Ley del MP que impiden destituir al fiscal general. ¿Esta podría ser una solución?
No. Pasa lo mismo, no tiene efecto retroactivo.
Eso sí, vamos a ser explicativamente así apegados a la ley; ahora, si nos vamos a poner a jugar política con la ley como está pasando, porque hemos visto de todo, entonces, en teoría, de una forma académica se supone que no hay retroactividad de ley, pero políticamente se han visto muertos acarrear basura; entonces, qué le puedo decir.
Entonces, ¿depende de la voluntad de la actual fiscal general su renuncia?
Sí, porque a nadie se le puede obligar a estar en un puesto; ahora, si ella quiere renunciar, se le debe aceptar la renuncia.
Lo que hemos visto es que la señora ha sido muy clara en que no va a renunciar.
Yo quiero ser claro en algo, y es que volteamos el tema hacia ella, cuando el verdadero intelectual y el que está detrás de esto es Alejandro Giammattei, el presidente.
La señora es una pieza más en el tablero, una pieza importante, pero no es ella la autora intelectual, es Giammattei.
¿Por qué sería Giammattei?
Es él quien maneja la Corte de Constitucionalidad, es quien está haciendo todos los movimientos que se están dando ahorita para tener las conexiones o la comunicación que quisiera tener con Bernardo Arévalo, pero que no la tiene.
Yo siento que hay algunos que piensan que él no quiere dejar el poder, también ya le entró el temor de que lo que han hecho en los últimos cuatro años va a salir a la luz con el próximo gobierno, y ese es el temor de que se les persiga judicialmente.
Muchos han criticado que la Ley del MP no permita la destitución del fiscal general. ¿Cuál fue el principal motivo por el que se impulsó esta reforma en el 2016?
Yo era presidente del Congreso en el 2016, y en ese momento le recuerdo el escenario que había: aplausos, gritos, cohetes; todos felices y contentos.
A la cabeza estaban Thelma Aldana, ex fiscal general, e Iván Velásquez, extitular de la desaparecida Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), pasando esa ley y presionando terriblemente al Congreso de la República.
Decían que era necesario, y si tuvo sus cosas buenas, porque pasamos de un MP que pasaba desapercibido, que se había vuelto un trámite en Guatemala, a un MP con mayor injerencia.
El MP comenzó bien, hasta que a la señora fiscal se le subió a la cabeza —el poder—, se sintió candidata presidencial y ya se arruinó todo.
Empezaron a manipular las cosas, a crear testigos y a hacer una serie de cosas que para qué las vamos a comentar, porque se resumía a que a la señora se le metió el gusano de ser presidenta.
Esas son de las cosas que hay que poner en la ley, si se va a reformar algo, que se prohíba que un fiscal del MP pueda ser candidato presidencial, que no lo pueda hacer hasta después de cinco años, para que no juegue políticamente con el MP, porque ya vimos que es bien delicado.
¿A qué se refiere con esas presiones que tuvo el Congreso en el 2016?
Llegaron al Congreso, se sentaron en el palco diplomático Aldana y Velásquez, con un listado en la mano para ver quién votaba y quién no votaba.
¿Qué pasaba con el que no votaba?
En ese momento había muchísimo temor en el Congreso de la República con todo lo que estaba pasando.
Habíamos visto una serie de excesos, cosas que no deberían ser, compañeros que fueron ante el juez, que le entregaron su pasaporte con la disposición de “me llaman y me presento”.
Pero no, se tiraron el gran show de ir a enchacharlos, llevarlos en patrullas como con cien policías para capturarlos. No, hombre, esas cosas fueron los excesos, del mareo del poder.
¿Se cometió un error con esa reforma a la Ley del MP?
Creo que no fue lo mejor lo que hicimos en el 2016, y se tiene que componer, pero una cosa que sí estoy claro es que no hay que caer en el error de la vez pasada, pasar una ley entre cohetes y aplausos y alegrías. Mire lo que pasó a la carrera.
En este momento no conviene, tiene que venir el próximo Congreso a discutirlo despacio y ver cómo lo van a arreglar, con la cabeza fría y sin graciosas ocurrencias.
No se pueden retorcer las leyes de esa forma, de ningún bando; no se puede.
La reforma
Cuando el MP estaba liderado por Aldana, quien aspiró a ser candidata presidencial del Movimiento Semilla, y cuando estaba en vigencia la Cicig, se impulsaron las reformas a la Ley del MP.
Aldana y Velásquez presentaron el 1 de julio del 2015 en el Congreso de la República una propuesta de ley, que posteriormente fue impulsada por algunos diputados.
Esta buscaba cambios significativos a la Ley del MP, que se concretó en una iniciativa que presentaron siete diputados, incluidos dos exministros de la administración de Alejandro Giammattei —Álvaro González Ricci y Oliverio García Rodas—, según los registros del Congreso sobre la iniciativa 4982.
Fue aprobada el 26 de febrero del 2016, dando vida al decreto 18-2016. La nueva ley impulsó cuatro cambios significativos para el funcionamiento del MP. El primero de ellos garantizaba la estabilidad del fiscal general, blindándolo de cualquier destitución y haciendo casi imposible su remoción.
Se contempló un desarrollo de la carrera profesional, en la que los elementos serían evaluados con base en su desempeño.
Se eliminó el Consejo del MP, entidad que tenía a su cargo evaluar cualquier señalamiento de trabajadores del MP. Su finalización dio paso a las juntas disciplinarias.
Por último, se modificó el sistema disciplinario, creando la Supervisión General, destinada a investigar cualquier posible falta cometida por un empleado y teniendo la facultad para imponer las sanciones necesarias.
