En el caso de Mario Estrada, antes de viajar a Miami, EE. UU., donde fue capturado el miércoles 17 de abril, el político explicaba a un medio de comunicación nacional que los señalamientos en contra de su partido eran en contra de la antigua UCN de Carpio Nicolle.
Las declaraciones de Estrada, dueño de la actual Unión del Cambio Nacional, que adoptó las mismas siglas, se dieron pocos días antes de que el Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusara de tener vínculos con el cartel de Sinaloa para, supuestamente, buscar financiación para su campaña política y apoyo para asesinar a sus rivales políticos.
Los Zetas y el Partido Patriota
Esta historia data de más de tres décadas y ha tenido momentos claves en los que ha tenido asidero. Uno de ellos se registró a comienzos de junio del 2017, cuando el mismo Departamento de Justicia estadounidense informó que la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías habría utilizado su alta posición dentro del Gobierno para que las fuerzas de seguridad beneficiaran de forma directa al cartel de narcotraficantes conocido como Los Zetas.
Según el informe de esta institución, Baldetti Elías habría tenido negociaciones directas con este grupo criminal antes de jurar el cargo como vicepresidenta, junto al presidente Otto Pérez Molina en el 2011, bajo la bandera del clausurado Partido Patriota (PP) y cuando ella era diputada del Congreso de la República.
La pesquisa precisa que antes de ser vicepresidenta —en el período de campaña electoral—, Baldetti Elías supuestamente pidió a los Zetas que le brindaran seguridad durante sus mítines políticos y también habría recibido US$250 mil —Q1.8 millones— del cartel como parte de un supuesto acuerdo entre ella y los narcotraficantes.
Un brazo poderoso en la política
Las investigaciones efectuadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) determinaron en el 2015 que las grandes sumas de dinero que se invertían en el financiamiento electoral provenían de organizaciones criminales, entre ellas el narcotráfico.
Según el apartado “El crimen organizado y el financiamiento de la política” dentro del documento “Financiamiento de la política en Guatemala 2015”, “son muchas las voces que han señalado que estructuras criminales dedicadas al narcotráfico han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales”.
Sin embargo, agrega el informe, a la fecha (en el 2015) son relativamente pocos los casos que han sido documentados, ya que se trata de relaciones de diverso tipo que se suscitan en diferentes escalas (municipal, departamental y nacional) y operan por conducto de redes que están transformándose constantemente.
En los últimos diez años (2000-2010), añade la investigación de la Cicig, las estructuras del narcotráfico han cambiado rápidamente debido a la captura y extradición, así como a la muerte de la mayoría de los líderes de los grandes grupos que operan en el país.
Acusado de conspiración
El 17 de abril último, el candidato presidencial de la UCN fue arrestado en Miami acusado por un tribunal de Manhattan de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas, según informó la fiscalía del distrito sur de Nueva York.
Junto a Estrada también fue capturado Juan Pablo González Mayorga, acusado de los mismos delitos, “conspiraron para pedir dinero al cartel de Sinaloa para financiar un esquema corrupto para elegir a Estrada como presidente de Guatemala”, dijo el fiscal de Manhattan, Geoffrey Berman.
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“A cambio, los dos prometieron supuestamente ayudar al cartel a usar puertos y aeropuertos guatemaltecos para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, si Estrada ganaba las elecciones, añadió el fiscal.
De acuerdo con la acusación, Estrada también habría ofrecido posiciones de alto nivel en su eventual gobierno a miembros del cartel mexicano de Sinaloa para que pudieran traficar droga más fácilmente.
Berman señaló que González y Estrada, presidenciable para los comicios del 16 de junio, también fueron grabados coordinando el asesinato de rivales políticos. Ambos implicados supuestamente identificaron blancos específicos por su nombre y acordaron suministrar a sicarios varias armas, incluidos rifles AK-47, para llevar a cabo los asesinatos, según la acusación.
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Si son hallados culpables, se enfrentan a un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.
La acusación indica que los dos hombres son investigados por la agencia antidroga estadounidense (DEA, en inglés) desde diciembre de 2018 por supuestos nexos con el cartel de Sinaloa.
Varias conversaciones de ambos implicados con integrantes del cartel que son informantes de la DEA fueron grabados en audio y video. En esas charlas los dos piden millones de dólares del narcotráfico para apoyar la campaña electoral de Estrada.
Pendiente de extradición
Roxana Baldetti enfrenta en el país varios juicios por casos de corrupción, de los cuales únicamente ha sido condenada a 15 años y seis meses de prisión, a finales de octubre del 2018, por el caso conocido como Agua Mágica, acerca de un fraude en un proyecto de limpieza del Lago de Amatitlán.
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Sin embargo, sobre la exvicepresidenta pesa una solicitud de extradición planteada por el Departamento de Justicia de EE. UU. en junio de 2017, por lo que deberá enfrentar una investigación en ese país, sindicada de “delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas”.
La petición fue presentada por la embajada de ese país ante el Ministerio Público (MP) y posteriormente al Organismo Judicial (OJ).
En la acusación se detalla que “una investigación realizada por las autoridades policíacas reveló que Baldetti Elías aceptó dinero y regalos por parte de traficantes de droga”. El documento relata la historia de cómo la exvicegobernante, al recibir dinero, regalos y seguridad, se comprometió a utilizar la fuerza pública en favor de este grupo para que pudiera trasladar fácilmente los estupefacientes que después llegarían a EE. UU.
Campañas millonarias
En la campaña electoral del 2011 fue evidente que los partidos más votados rebasaron ampliamente el techo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló la Cicig en un informe sobre el tema. Entre ellos, el de Manuel Baldizón, Libertad Democrática Renovada (Líder), que fue cancelado precisamente por no respetar el techo de campaña.
En el caso del Partido Patriota (PP) —el que llevó a Baldetti Elías al poder—, presentó un presupuesto electoral de Q50 millones 900 mil. Según la documentación entregada por esa agrupación política al TSE, ese partido gastó entre mayo y septiembre de ese año más de Q39.4 millones.
Sin embargo, el informe de Auditoría Electoral del TSE, entre mayo y septiembre del 2011, el PP gastó solo en medios de comunicación monitoreados Q91.7 millones; es decir, pasó el techo presupuestario por más de Q40 millones.
La autoridad electoral indicó que de mayo a julio el PP rebasó su techo autorizado, y en cuanto al origen de los fondos los informes presentados por la organización política aseguraban que el 93 por ciento de los gastos hechos en ese lapso provino de actividades de autofinanciamiento que fueron de Q36 millones. En el estudio hecho por la Cicig se detalló la filtración del narcotráfico en las organizaciones políticas.
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