Morales deberá sortear una fuerte oposición en el Congreso y la presión social que aumentó desde que se hicieron públicos los detalles del caso de defraudación aduanera la Línea —que involucró a los mandatarios anteriores, del Partido Patriota, y varios de sus funcionarios que en la actualidad guardan prisión preventiva—, y no tendrá el mismo compás de espera del que gozaron sus antecesores.
Según analistas consultados, al menos 17 retos en el área política, económica, social y de seguridad esperan a Morales a partir del 14 de enero.
Recaudación
Las tasa de crecimiento económico ha sido muy débil, insuficiente para compensar a la mayoría de la población. Por esa razón, explica el economista Daniel Hearing, reducir la pobreza es importante.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, señala: “La desigualdad implica pobreza, falta de oportunidades y marginación para amplios segmentos que no tienen ningún tipo de bienestar”.
En materia de recaudación fiscal se avizora un año con retos importantes, es por eso que la recuperación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es impostergable. Después de cuatro años del último gobierno, los expertos calculan que han dejado de ser percibidos unos Q7 mil millones en impuestos.
El cierre de una brecha muy grande así como la necesidad de una reforma fiscal son urgentes, concuerdan Alejandra Contreras, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y Luis Suárez Roldán, decano de la facultad de Economía de la Universidad de San Carlos (Usac).
“Hace un año trabajamos ocho propuestas para renovar la SAT, y que podrían ser retomadas”, considera Suárez Roldán. Una de estas es renovar el directorio de la SAT, agrega.
Recortar gastos
En materia de gasto las demandas de la población son crecientes, especialmente de salud, en donde se requiere adecuar espacios presupuestarios. “Además, el nuevo gobierno deberá atender a la regulación de los pactos colectivos”, resaltó Contreras.
Los recortes prioritarios de combustibles en las nóminas de los ministerios son importantes. Asimismo, es necesaria la contención del gasto, de los contratos del subgrupo 18, principalmente del renglón 189 —asesores—, no aumentar contrataciones grupo 011 —personal permanente—, detalla Suárez Roldán.
A la lista de prioridades económicas se suma la de la creación de nuevos empleos y vivienda.
Integrar y competir
Fortalecer la competitividad del país, mejorar la infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos deberán tener preeminencia en la agenda gubernamental.
Además, crear una política de aprovechamiento tecnológico y coordinar la interrelación de empresas y entidades gubernamentales para fortalecer la capacidad productiva de la mano de obra, explica Juan Alberto González, investigador y profesor de la Usac.
Mejorar la integración económica también es prioridad y esto, de acuerdo con González, implica la atención de ciertas variables. Por ejemplo, que la producción agropecuaria está desvinculada de la industrial. Esta debe de preservar el medioambiente y uso de energía limpia.
Transparencia
Los retos económicos están relacionados con los políticos.
Combatir la opacidad y la corrupción pasa por una correcta aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Las reformas aprobadas exigen cambios que requerirán de la coordinación interinstitucional para que esos procesos fluyan.
El incremento de auditorías de nóminas de ciertos ministerios, por ejemplo, debe ser realizada por la Contraloría General de Cuentas y apoyada por el Ejecutivo, refiere Contreras.
Aprobar leyes que garanticen el combate contra la corrupción precisa de una buena relación con el Congreso, pero el gobierno deberá lidiar con un Legislativo dividido, por lo que su reto estará en encontrar los interlocutores adecuados.
Ver al congreso
El partido del presidente electo llenó los requisitos legales, pero carece de base partidaria y operadores políticos. La oposición ha logrado bloquear con éxito a otras administraciones más equilibradas en relación de fuerzas con el Legislativo.
Otro factor de riesgo es la dilación en presentar al gabinete, que se interpreta como señal de debilidad.
“La nueva presidencia tendría que haber negociado con la oposición el equipo de ministros para ganar representatividad; crear un gobierno de consenso le permitiría aprobar con más facilidad leyes, el Presupuesto, y otros proyectos. Aunque no es un camino factible”, asegura Ibarra.
A esta administración le espera negociar con el Congreso las reformas constitucionales, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre otras, considera el analista político Yahir Dabroy.
Conflictividad
“El presidente electo no ha manifestado su postura en relación con temas como el Plan de Electrificación Nacional, minería, el resarcimiento a los pobladores de Chixoy, que de no llegar a feliz término generarán conflictividad”, explica Dabroy.
“¿Qué posición asumirá en cuanto a Cicig?, ¿Otorgará las garantías necesarias para que las investigaciones se realicen?”, se pregunta el investigador.
La plaza
“El nuevo gobierno no tendrá compás de espera ni beneficio de la duda; se le pedirán acciones inmediatas, a diferencia de sus antecesores”, opina Suárez Roldán.
El movimiento social personificado en “la plaza” se convierte en un nuevo reto, por lo que comunicar bien a la ciudadanía lo que se ejecuta y ganar la plaza “ante la que el nuevo presidente no está legitimado” es otro gran desafío, coinciden analistas.
Recaudación fiscal
La mala administración de los recursos y los errores en los paquetes de reforma fiscal han dejado como saldo que el fisco deje de percibir Q7 mil millones.
Si a este factor se suma que entre 2012 y 2015 no fueron recaudados Q10 mil 952 millones, el panorama económico se complica aún más.
En octubre del año pasado, un informe de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) señaló que el Presupuesto para el 2016 tiene una brecha entre ingresos y egresos mayores que la de años anteriores.
Esta condición implica que se recurra nuevamente al endeudamiento público para cubrir el déficit fiscal.
Deuda galopante
Según ese estudio, la deuda pública proyecta un saldo para el final del próximo año de Q134 mil 393 millones, superior en 7.72 por ciento al cierre del 2015.
Según Asíes, el 54.9 por ciento de la deuda es interna y el 45.1, externa.
Transparencia
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez Gómez, dejó al descubierto el flujo privado a la subvención de las campañas políticas en el país cuando presentó, en julio del año pasado, un reporte sobre aportes a partidos políticos.
“El financiamiento de la política en Guatemala se ha desarrollado en interacción con el sistema político, de manera que ambos, financiamiento y sistema, se han moldeado mutuamente: este último responde, en buena medida, a los flujos de financiamiento privado y mayoritariamente ilícito”, apuntó el expediente.
La necesidad de transparentar estas prácticas se convirtió en una de las exigencias más fuertes entre los manifestantes en el 2015.
En noviembre último, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que establecieron mecanismos como el de la Subasta Electrónica Inversa y la prohibición para ser contratistas a parientes de dignatarios.
La plaza
Nueve días después de trascender la participación del secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en la red de defraudación de la Línea, los guatemaltecos protagonizaron una masiva protesta para exigir la renuncia de altos funcionarios.
El nuevo desafío del presidente electo será lo que los analistas llaman “la plaza”. Es decir, sortear las protestas masivas que en el 2015 provocaron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
Comunicar con claridad convencer y demostrar a “la plaza” que las acciones del nuevo gobierno son las necesarias será el reto.
Sin demora
Los expertos en política coinciden en que el actual mandatario no tendrá un compás de espera tan largo como del que gozaron sus antecesores. Aunque en programas de televisión el gobernante electo aseguró que la población le dará el beneficio de la duda, las redes sociales se mantienen alertas.
