La carpeta de la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, que solicitó el 28 de julio al TSE cuatro aspectos del contrato y funcionamiento del sistema informático que opera bajo las empresas Datasys y Podernet.
El primer aspecto que requiere el MP es un informe circunstanciado con relación al contrato con Datasys, en donde requieren que se indique en el informe “los posibles problemas y las soluciones que se deben de dar a, por ejemplo, problemas de conectividad, falta de energía eléctrica, daños en equipamiento y otras contingencias imprevistas”, señala el oficio enviado por el MP al TSE el pasado 28 de julio.
El segundo requerimiento busca saber “cuál es la función de Podernet, quién la contrató y bajo qué condiciones”.
La tercera solicitud que hace el MP es conocer quién opera los programas informáticos.
Por último, la cuarta solicitud es conocer si el TSE “tiene acceso al código fuente y si tiene acceso al conjunto de instrucciones que ha recibido el software”.
La comunicación por escrito del MP destaca que lo requerido debe de ser proporcionado a la brevedad posible y con copia certificada.
“La información solicitada es de suma importancia para ser analizada e incorporada en la investigación que se realiza”, explica el oficio de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Esta investigación comenzó tras una denuncia de la ciudadana Karen Fisher, integrante de la organización Guatemala Inmortal, que ingresó al MP el pasado 29 de junio, cuatro días después de las votaciones de primera vuelta.
Feci también investiga
Esta semana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) solicitó al TSE la identidad de los digitadores, dándole un plazo de cinco días para poder trasladar la información, según un oficio recibido por la autoridad electoral el 27 de julio a las 8.46 horas.
Autoridades electorales manifestaron estar “preocupados” por la solicitud presentada por la Feci, y el tema sería analizado por el Pleno de magistrados quienes tienen, según la nota del MP, hasta el próximo martes 1 de agosto.
Esta unidad del MP lideró una serie de allanamientos contra la sede del Registro de Ciudadanos del TSE, en diligencias de investigación que obedecen a supuestas ilegalidades en el proceso de formación del partido político Movimiento Semilla, que pasó a la segunda vuelta del 20 de agosto.
Por petición de la Feci, el juez Freddy Orellana había ordenado la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, pero el Registro de Ciudadanos no pudo cumplir con la orden debido a que la resolución de un juez de instancia no es superior a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) que es de rango constitucional.
Debido a eso se certificó lo conducente contra Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos quien solicitó unas vacaciones por tiempo indefinido, ya que la propia presidenta del TSE, Irma Palencia, explica que desconoce cuando Muñoz retomará su puesto.
En su lugar se encuentra Eleonora Castillo, a quien un juez emitió una orden de captura que al momento no ha sido ejecutada y que hizo que el Registro de Ciudadanos fuera el escenario de un segundo allanamiento.
