“Mentira, me acompañaron el 14, y el 15. Me han acompañado siempre que he tenido que hablar, pero voy a hablar con quien deba hablar y de lo que deba hablar con cada quien”, expresó.
El mandatario ha evitado durante las últimas dos semanas a la prensa y, hasta este lunes, se ha negado a comparecer ante los medios de comunicación.
Morales continuó con críticas a la prensa.
“Se acabó la fafa, se acabó la publicidad. Q150 millones en 2015; Q160 millones en el 2014, más de Q160 millones en el 2015 (sic). Guatemala ya no puede seguir pagando publicidad, perdónenme señores de los medios de comunicación. Si ese es el dolor, perdónenme”, afirmó.
El presidente no mencionó que buena parte de la publicidad gubernamental en esos años la recibieron canales de televisión abierta involucrados en el caso Cooptación del Estado, uno de ellos donde Morales vendió producción -según lo afirmó él mismo el 3 de junio último-, y donde aún aparece su hermano, Samuel “Sammy” Morales.
También se refirió al escándalo que involucra a su hijo, José Manuel, y su hermano Sammy.
“Si no estoy defendiendo a mi hijo, ni a mi hermano, porque confío en las leyes, en las instituciones y en los debidos procesos, creo que está claro para ustedes, funcionarios públicos, que a ninguno voy a defender, confío en que se hará justicia”, dijo este lunes Morales, en un tono eufórico desde el atril, frente a los gobernadores departamentales y el embajador de Colombia, Carlos Pulido, quienes fueron nombrados Embajadores de la Paz.
El silencio del mandatario sobre la coyuntura del país fue más evidente desde el pasado martes 13 de septiembre, cuando a través de un video difundido en los canales de Gobierno, el mandatario y su esposa informaron que su hijo, José Morales y el hermano Samuel Morales, habían declarado en el Ministerio Público por un caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad.
La incomparecencia de Morales ante los medios de comunicación comenzó a inicios de septiembre, luego la destitución del secretario y subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Jorge Ignacio López Jiménez y César Sagastume, respectivamente.
Los exjefes de la SAAS son investigados por un supuesto espionaje desde esa dependencia del Ejecutivo.
A la crisis que atraviesa el Gobierno se suma una propuesta de reforma fiscal que fue presentada el 12 de agosto y, 13 días después, el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás, sin mayores detalles de la decisión.
