Sosa Díaz interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional para que fuera eliminado del ordenamiento jurídico. El artículo refiere que no tendrán amnistía los delitos de genocidio y desaparición forzada. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó lo vigente.
Juan Manuel Pérez Ramírez llega como Jefe del EM de la Defensa. Foto: Secretaría General. 3/3 pic.twitter.com/Xmpyi1ZJd5
— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) January 22, 2016
El mencionado artículo dice: “La extinción de responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.
El jefe militar había accionado en su calidad de ciudadano, sin consulta o autorización de su mando militar, encabezado entonces por el presidente Alejandro Maldonado Aguirre y el ministro Williams Mansilla.
Desde el momento en que se supieron las acciones de Sosa, el Ejército se desligó del caso. “El Ministerio de la Defensa Nacional reafirma su postura de mantenerse al margen de los asuntos políticos, judiciales y empeña sus esfuerzos en aquellos asuntos que demanda la sociedad y competen a la función militar de hoy”, indicó el comunicado divulgado el 13 de enero último.
El jefe militar había acudido a la CC apenas días después de que 18 militares retirados fueron detenidos por delitos de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad, por matanzas de civiles durante el conflicto armado interno, entre ellos Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor de la Defensa, y Manuel Callejas, exjefe de Inteligencia Militar.
El argumento central de Sosa es que negar la amnistía ocasiona una división y confrontación en el país, que contravienen los fines del Estado de garantizar la vida, libertad, justicia, seguridad y la paz
A esta petición se sumaron apoyos de la Asociación de Veteranos del Ejército y la Fundación contra el Terrorismo.
También hubo voces contra la acción. La activista de derechos humanos y excomisionada para la reforma policia Helen Mack opinó que Sosa actuó en desobediencia porque no consultó a sus superiores -ministro de Defensa y presidente de la República-.
