En lo que va del año, las distintas carteras del Ejecutivo han demostrado que no tienen mayor dificultad para ejecutar el presupuesto destinado a funcionamiento, que se puede traducir en pago de salarios, prestaciones, transferencias corrientes y, en general o gastos destinados a la gestión administrativa de las instituciones.
Según el Sistema de Contabilidad Integrado del Ministerio de Finanzas (Minfin), todos los ministerios reportan una ejecución promedio del 87 por ciento, la cual aún podría incrementarse al finalizar el ejercicio fiscal.
Los rezagos se observan al analizar el presupuesto destinado a la inversión, que equivale a la construcción de infraestructura, a su ampliación o mejoramiento, entre otros aspectos. El Sicoin evidencia que, en promedio, la ejecución destinada a inversión es del 42 por ciento.
Los ministerios que más retraso reportan son Gobernación, con un 11.25 por ciento de ejecución; Cultura y Deportes, con un 18.12 por ciento; Economía, con un 16.95 por ciento y Educación, 17.33 por ciento.
Al respecto, el viceministro de Finanzas, Edwin Martínez, explica que Hay que tener en cuenta que el presupuesto que rigió este año fue el del 2019. En ese sentido, partidas presupuestarias que se financiaban con préstamos que ya se ejecutaron. De tal cuenta, hay techos presupuestarios que no cuentan con fuentes de financiamiento.
“Hay préstamos o asignaciones a proyectos que se ejecutaron en 2019. Esos recursos ya no están disponibles porque se gastaron”, dijo.
No obstante, afirma desde el Ministerio de Finanzas ven con positivismo la ejecución financiera de los ministerios, ya que se cumplió con las actividades que establecían los diferentes programas ministeriales.
Causas
Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), comenta que es común que el presupuesto para inversión no se ejecute con la misma celeridad que el de funcionamiento. Esto ocurre porque los procesos de compra y contratación relacionados con la inversión física conllevan una serie de requisitos que las instituciones no siempre cumplen con eficiencia.
“El grueso del gasto de funcionamiento es pago de planillas de personal. Ese gasto es más ágil. En cambio, la inversión es un tipo de gasto muy lento porque requiere que en los procesos de adquisición se elaboren bases o se obtengan estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Eso lleva más trabajo”, dijo Flores.
A esto se suma el hecho que en Guatemala las institucione careen de capacidades técnicas para desarrollar los procesos de compra.
“El remozamiento de un centro de salud, por ejemplo, puede llevarle medio año al Ministerio de Salud porque en la parte de preinversión se necesita conseguir el terreno y otros requisitos establecidos en los marcos regulatorios”, explica Flores.
La entrevistada explica la falta de celeridad en la inversión tiene un impacto negativo en la calidad y el alcance de la cobertura de todos los servicios públicos que presta el Estado. Ello se ve reflejado, por ejemplo, en las escuelas deterioradas o en los hospitales saturados de pacientes.
“No se puede reducir la mortalidad materna únicamente pagando nómina. Eso es solo una parte de la estrategia, pero para que se reduzca el indicador hay que construir un centro de salud o hospital donde se atenderá el parto. El gasto de funcionamiento, por sí solo, no puede lograr mejoras sustantivas en la calidad de los servicios públicos”, afirma Flores.
Pedro Prado, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), coincide con que la ejecución en inversión requiere cumplir con procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y a veces los funcionarios suelen retrasarse en esto.
“En esta época debería incrementarse el gasto en inversión para consolidar la recuperación económica que hemos visto. Hay que agilizar esos procesos de ejecución porque el crecimiento económico va vinculado a infraestructura”, dijo Prado.
El experto explica que una de las grandes lecciones que dejó la pandemia es que hay que mejorar los procesos de compra y evaluar el gasto público.
“En pandemia había recursos, pero fue difícil ejecutarlos. Hay que hacer una evaluación del gasto público del año anterior para formular el proyecto de presupuesto. La evaluación reorienta y el objetivo es obtener mejores resultados”, dijo.
Para Prado, un retraso en la inversión estatal implicaría retrocesos en la competitividad del país. “Para elevar los niveles de competitividad es importante incrementar en calidad la ejecución de inversión productiva, es decir, carreteras, caminos vecinales, puentes, aeropuertos, entre otros. Eso construirá un entorno necesario”, afirmó.
