La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que todas las entidades que administren fondos públicos están obligadas a rendir cuentas. La ciudadanía tiene el derecho de pedirles información y éstas tienen un plazo de diez días hábiles para proporcionarla, o en su defecto de negarla o pedir una prórroga de diez días más si el volumen de lo requerido lo amerita.
Durante el 2020 y 2021 el Ministerio de Salud ha sido objeto de cuestionamientos porque no respeta los plazos que establece la LAIP para responder solicitudes de información, pese a que es una cartera clave ya que es la que lidera la gestión de la pandemia del coronavirus en el país.
Según la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública (Secai) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en promedio, las instituciones del Estado responden las solicitudes en 4 días, pero en el caso del MSPAS se ha demorado desde 21 días hasta 72. Solo en 2020 acumuló 43 expedientes en los que superó los plazos legales que establece la ley para dar respuesta.
Lilian Sierra, jefa de la Secai, explica que esto evidencia que el MSPAS presenta más deficiencias que el promedio de instituciones a nivel nacional.
“En el caso del MSPAS se hicieron cambios con la persona encargada de la Unidad de Información Pública y hemos estado pendientes de ellos porque ha habido violaciones al derecho de acceso a la información, ya que no respetan los tiempos de entrega. Es lamentable porque los plazos ya están establecidos en la ley”
Violaciones
Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, comenta que la LAIP tipifica en el artículo 66 el delito de retención de información que cometen los funcionarios que “de forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida”. La sanción por esto es de uno a tres años de cárcel, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de mil a cincuenta mil quetzales.
Destarac considera que el Ministerio Público (MP) debería investigar y perseguir a los servidores públicos que incumplan con la ley, ya que el castigo está claro en la ley.
“El delito si se niega por parte de un funcionario el acceso a la información está establecido en la LAIP. Si se pone una denuncia, el MP debería iniciar una investigación y proceder de forma inmediata”, opina el profesional del derecho.
Sofía Villatoro, del Centro Carter, considera que uno de los grandes obstáculos es que los funcionarios no toman en serio las responsabilidades que les atribuye la ley. “La ley es clara cuando dice que si el funcionario necesita prórroga, se le debe notificar al solicitante. Pero esto sucede muy pocas veces. Hay un silencio administrativo por parte de las autoridades”, dice.
Otro problema es la falta de voluntad de política. Villatoro cuenta que han tenido conocimiento de situaciones en las que funcionarios públicos a cargo de distintas dependencias ordenan a los jefes de las Unidades de Información Pública que no entreguen la información.
“Hemos escuchado de servidores públicos a cargo de las UIP que dicen que reciben instrucciones para no entregar información. Hay una resistencia al cambio, no se quiere transitar de la opacidad a la cultura de transparencia”, dice la entrevistada.
Sin respuesta
Se consultó a la dirección de comunicación social del Ministerio de Salud las razones por las que más incumplen con los plazos, pero no respondieron las preguntas. Por su parte, la Presidencia de la República dijo que no tenía conocimiento de los motivos por los que la cartera incumple la LAIP.
-“En el caso particular que menciona, no tenemos detalles específicos de las solicitudes a las que se refiere y desconocemos las razones técnicas o humanas, que hayan dificultado entregar la información en menor tiempo. Reiteramos en que el mandato institucional es de garantizar la máxima publicidad de los actos y establecer los mecanismos que permitan cumplirlo”, comentó Letona, secretaria de comunicación social de la Presidencia.
Asimismo, Letona dijo que se están realizando cambios de personal en la UIP y se están reformando los manuales, así como un plan de trabajo que permita actualizar la información pública de oficio en la web.
“Se trabaja ya en un nuevo acuerdo ministerial en donde se designen a los enlaces internos que permitan facilitar el proceso de gestión y entrega de información, además de implementar la política de datos abiertos”, informó la funcionaria.
Sin rendir cuentas
El pasado 17 de agosto Prensa Libre solicitó al Ministerio de Salud, vía información pública que se notificara quiénes eran los funcionarios que habían asesorado a la exministra de salud, Amelia Flores, en la firma y renegociación del contrato con Human Vaccine para el suministro de vacunas Sputnik.
El 27 de agosto la UIP pidió una prórroga, la cual venció el 10 de septiembre. Sin embargo, a la fecha no ha habido respuesta. Al consultar con los encargados de la UIP informaron que el expediente está en el despacho y no ha sido remitido.
Un problema similar ocurrió con el Ministerio Público. El pasado 31 de agosto se envió un recurso de revisión, ya que la institución se negaba a proporcionar los acuerdos de destitución del personal que labora en agencias municipales. La LAIP otorga cinco días hábiles para que se resuelva el recurso de revisión y se notifique, ya sea en sentido negativo o positivo, pero a la fecha no se ha enviado la resolución.
