La citación está programada para este 2 de noviembre en el Salón del Pueblo, en el edificio de ese Organismo, se informó.
Argumenta que el cumplimiento de la citación implicaría abandono de funciones por parte de esas 72 personas que son las encargadas de dirigir las unidades. Ese abandono sería de distintos plazos según la distancia en la que se localizan prestando sus servicios se agregó.
Dicha entidad explica que asistir a la citación dejaría vulnerables los servicios de salud de todo el país lo cual “representa una amenaza a los regulado en el artículo 94 de la Constitución Política de la República, el cual preceptúa que el Estado velará por la salud y asistencia social de todos los habitantes”.
En tres meses de gestión de la ministra Lucrecia Hernández Mack los entes de salud han atendido 68 citaciones, audiencias e invitaciones y han brindado información atendiendo 62 solicitudes de parte de diputados al Congreso.
Las autoridades de ese ministerio, por medio de ese comunicado, refieren que promueven la fiscalización efectiva de parte del Congreso pero que ésta se realice conforme a la Constitución, para no impedir la prestación de los servicios de salud.
Por ello propone que las citaciones o fiscalizaciones puedan ser de forma graduales, sectorizadas o por otros medios.
Hernández Azmitia programó una reunión a la cual citó a mencionado número de personas para consensuar las cantidades que se busca asignar para funcionamiento en el presupuesto para el 2017.
Datos de agrupaciones relacionadas al tema de salud y el ministerio estimaron que para la movilización de ese número de funcionarios se requerirá unos Q200 mil que incluye viáticos, día de trabajo, transporte y logística.