Según el artículo 71 de la Ley de Contrataciones del Estado el RGAE tiene por objeto registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder ser habilitadas como contratistas o proveedores del Estado, en las modalidades de adquisición pública establecidas en esta Ley.
“El Registro verificará la capacidad financiera y técnica, así como la experiencia y especialidad necesarias para ser contratista o proveedor del Estado y relacionadas con los negocios con el Estado de que se trate. Contará con personal interdisciplinario y los recursos necesarios para poder cumplir con objetividad y calidad sus fines”, refiere la normativa.
La reforma establece que el RGAE será responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información y derechos de las personas inscritas.
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El ministro de Finanzas, Víctor Martínez, en una entrevista con Prensa Libre indicó que los legisladores dejaron la vigencia del Registro a 36 meses por la complejidad y el impacto transformacional que se debería de hacer. El Registro de proveedores estaba segmentado, una parte en el Ministerio de Comunicaciones con los precalificados de obras, otro con los consultores y servicios profesionales en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y una tercera parte en Guatecompras.
“Se dieron 36 meses para desarrollar la creación del Registro General de Adquisiciones del Estado y en ese periodo se hizo un proceso de desarrollo y adecuación de servidores para que el 15 de noviembre saliera, hay enlaces sistematizados con el IGSS, SAT, INE, Contraloría, TSE, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, el Registro de Personas Jurídicas y el Organismo Judicial”, señaló Martínez.
El titular de la cartera del Tesoro explicó que con el simpe hecho de ingresar el NIT, se podrá hacer un enlace automatizado que se está en el contribuyente y que nos permite tener mecanismos de validación de la información.
“Se podrá determinar si un número patronal está suspendido por el IGSS por alguna contingencia, aparecerán los omisos con la SAT y ahora detallará si una persona o empresa está registrado como financista de algún partido político en el TSE, entre otros servicios”, explicó Martínez.
El funcionario refirió que actualmente cuando una junta de licitación evalúa una oferta lo hace todo en papel, las generales de la empresa, las constancias de la SAT, capacidad financiera. Pero las juntas calificadoras están integradas por personas que su trabajo no es ese, las personas están nombradas para calificar la oferta.
“Tiene otra labor, deben saber de derecho administrativo, derecho mercantil, de patentes, de estados financieros, tiene que ser abogados, auditores y con la especialidad del producto que se esté licitando y con el nuevo sistema podrán validar toda la información en tiempo real”, explicó Martínez.
Para poder inscribirse las personas, todo trámite tendrá un costo desde los Q800 para los proveedores de obra, y Q100 para los profesionales. Así, el Registro será autosostenible.
Plazos
Las personas individuales que prestarán servicios profesionales en el renglón 029 tiene hasta el 31 de diciembre para inscribirse. Los proveedores habilitados en Guatecompras serán transferidos al Registro el 31 de diciembre de 2019 y los inscritos y precalificados transitoriamente tendrán hasta el 30 de junio del 2019.
Se tiene previsto que al 31 de diciembre de 2018 se tenga un aproximado de tres mil inscripciones de personas individuales para prestar servicios técnicos o profesionales de carácter temporal bajo el renglón 029. Para el 31 de diciembre próximo se prevé se inscriban un aproximado de cinco mil proveedores.
Transparentar compras
El presidente de Acción Ciudadana indicó que la idea del registro es que sea una institución que tenga personal capacitado y con recursos para revisar la solidez de las empresas que se registren para hacer negocios para el Estado.
El problema de Guatemala es que la mayoría de las empresas son de cartón o son empresa que no tienen un historial de solidez, tanto financiera como en la obligación de pago de tributos. Ese registro debería de llevar actualizado un monitoreo de las empresas que compitan y sean responsables con sus obligaciones con el Estado”, refirió Marroquín.
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El directivo explicó que hay empresas que reportan una dirección y cuando se revisa es un terreno baldío. “El Registro tiene que ver que las empresas existen y no solo en papeles”.
El diputado Leonel Lira de Encuentro por Guatemala indicó que el Registro deberá verificar que las empresas cumplan con los requisitos y que no tengan impedimentos legales para proveer al Estado.
“Que no tenga prohibiciones, impedimentos. Se buscaba que en casos que no precisamente represente corrupción directa, pero que si en los caos donde se otorga el concurso por amiguismo o que no tenga la experiencia y que no cumpla con el contrato”, señaló Lira.
El parlamentario añadió que hay casos de obra gris donde las empresas no pueden cumplir con proyecto y tiene que subcontratar a otras empresas.
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