El vocero de la Defensa, Óscar Pérez, indicó a Prensa Libre que no se ha dado por finalizado el proceso entre Guatemala y Argentina debido a que persiste la necesidad de reforzar la seguridad en el espacio aéreo guatemalteco y que ninguna otra opción evaluada ofrece las ventajas que tiene el sistema argentino.
Según información de medios argentinos, la semana pasada Guatemala debía pagar un anticipo del 40% del valor total de los Pampa III -Unos US$11.2 millones-, pero el Ejército aseguró que no se erogaría ese monto debido a que la Contraloría frenó el proceso.
Sin seguir la Ley
La Corte de Constitucionalidad también resolvió en contra de la adquisición de los aviones argentinos e indicó que el Ejecutivo debe agotar primero el proceso que se establece en la Ley de Contrataciones del Estado.
Sin embargo, la forma de adquirir estos aviones no será a través de una licitación, pues la Ley de Contrataciones no contempla esta figura, aseguró el vocero del Ejército, quien indicó también que la Contraloría General de Cuentas debería dar acompañamiento al proceso a través de una auditoría concurrente, la cual solo puede hacerse mientras se efectúa el proceso.
Para justificar la adquisición de los aviones, el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, aseguró que la cartera considera urgente reforzar la seguridad en el espacio aéreo guatemaltecos pues la amenaza del crimen organizado se incrementa y ahora se utilizan “narcojets”.
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Según el funcionario, los Pampa III pueden alcanzar una velocidad de 800 kilómetros por hora, lo que permitirá interceptar los aviones tipo jet que pretendan ingresar al país transportando droga u otro ilícito.
Luego de que Guatemala notificara a Argentina sobre la suspensión del acuerdo para la adquisición del sistema de seguridad aéreo, la Fadea amenazó con demandar al país por la falta de cumplimiento.
Una carta de protesta fue enviada al Ministerio de la Defensa, entidad que debía responder, pero el vocero desconoce si esa misiva ya fue enviada.
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