La Junta de Licitación del Mingob que recibió ofertas para la construcción del “Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres” que se ubicará en la finca Cuyuta, lote 218, Masagua, Escuintla, excluyó a uno de los consorcios por no cumplir con un requisito establecido en las bases de licitación.
En la presentación de ofertas participaron dos asociaciones de empresas, pero solo el constituido en Innovaciones Técnicas en Cimentación, S. A. de CV (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction INC pasó a la fase de evaluación económica.
El consorcio en el que participan dos empresas de capital mexicano presentó una oferta de US$87.9 millones, mientras que al otro grupo de empresas Ciec & Richen Asociados Geotec, al parecer por no presentar una copia simple del “Poder de Representación de Asociación”, la comisión licitadora decidió devolver la oferta en sobre sellado sin conocer cuál fue el monto presentado.
La empresa asociada descartada solicitó ante la comisión de licitación un recurso de revisión, en el que señala que cumplieron con todas las especificaciones y piden continuar en el proceso.
Mientras tanto, el titular de la cartera de Gobernación, David Napoleón Barrientos, anunció luego de ser citado por diputados del denominado Grupo Parlamentario de Oposición, el pasado 7 de junio, que se prevé iniciar con la adjudicación de la nueva cárcel de máxima seguridad en Escuintla a finales de julio.
Una empresa en la mira
Itecsa es una subsidiaria del grupo Tradeco, la cual, según medios mexicanos, fue la favorita de los expresidentes de ese país, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero con la llegada de Enrique Peña Nieto dicha administración le cerró las puertas para cualquier evento de licitación.
La empresa ha acumulado una serie de demandas por retrasos e irregularidades en la mayoría de proyectos ejecutados en México y en el extranjero.
En el 2019, Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia Estadounidense pidió información del vicepresidente del grupo de empresas constructoras, Carlos G. M., por su relación con Juan Antonio —Tony— Hernández Alvarado, hermano del expresidente de Honduras Orlando Hernández, ambos condenados por narcotráfico en Estados Unidos.
Un año antes, EE. UU. también solicitó los registros bancarios de Macías, así como documentos de asociación con varias compañías, entre ellas Itecsa.
Los proceso legales del grupo Tradeco, que tiene como subsidiaria a una empresa que participa en el evento de licitación para la construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla, acumula varias demandas legales desde el 2009 a la fecha. Entre otras, por juicios mercantiles, laborales, junta de conciliación y arbitraje, incumplimiento de obras y por suspensión de proyectos, y por negociar con acreedores declarados en quiebra.
Corinne Dedik, investigadora del área de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, manifestó que es preciso que la cartera efectúe una revisión de las empresas que participan. “No deben tener señalamientos y demostrar la capacidad administrativa y técnica para ejecutar este proyecto, pues hay estándares internacionales que deben ser respetados”.
Se intentó establecer comunicación con la oficina de Tradeco en Ciudad de México, pero informaron por teléfono que no había nadie en la oficina para atender las consultas.
Construcción con préstamo
En el 2020, el Congreso aprobó con 111 votos a favor un crédito de US$300 millones —Q2 mil 305 millones— para el programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, el cual será ejecutado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Pública Penal, Organismo Judicial y Mingob.
Según el portal de préstamos externos del Ministerio de Finanzas, a la fecha la ejecución del crédito es del 11.69 por ciento.
Dedik recalcó que en el caso del préstamo del Mingob, que no tiene un avance en su nivel de ejecución, se da por cuestiones burocráticas que puede tardar meses, “factor que hay que tomar en cuenta”.
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Mingob no aclara
Se requirió información a la cartera de Gobernación sobre el proyecto, qué tipo de evaluación lleva a cabo, quién es el representante legal del consorcio en Guatemala y si tiene conocimiento de las demandas presentadas en el extranjero en contra de una de las empresas asociadas.
La respuesta del Mingob fue que la construcción del centro de condena en referencia contribuye a la solución del problema de sobrepoblación de privados de libertad, el cual hasta el pasado 14 de junio era de 21 mil 924 entre condenados y preventivos. Se agregó por medio de un comunicado que esto repercute de forma negativa en la seguridad nacional.
Las autoridades reiteraron que se espera que para mediados julio la cartera otorgue dicha adjudicación. Al preguntar sobre la solicitud de uno de los consorcios en que se revise de nuevo el procedimiento, pues fueron excluidos pese a que presentaron la documentación, expuso que lo único que se conoce es que presentaron inconformidades.
En torno a si la cartera está al tanto de los antecedentes de las empresas que pasaron el primer filtro, el Mingob se limitó a responder que existen dos órganos independientes: la Junta de Licitación y el Comité Ejecutivo, que son los que efectúan la calificación y verificación de los oferentes participantes antes de decidir la adjudicación.
“Las normas del BCIE —Banco Interamericano de Integración Económica, entidad que otorgó el préstamo—, establece que se haga una verificación en ciertas listas específicas de la Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial, Unión Europea, Oficina de Control de Activos y otras”, indicó.
