Contar con un capital 100 por ciento estatal durante los últimos 20 años y comprobar experiencia en la emisión de pasaportes por la misma cantidad de tiempo es uno de los requisitos que el IGM exige al fabricante de la empresa que contratará para adquirir 500 mil libretas de pasaporte.
La modalidad de compra que eligió el IGM es la de proveedor único, regulada en el artículo 43, inciso c, de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta aplica cuando un bien, servicio, producto o insumo, por su naturaleza, solo lo ofrece una determinada empresa en el mercado.
El evento se publicó el martes en Guatecompras a las 20:16 horas con el número 14767376 y el plazo de recepción de ofertas es el 15 de junio. Si el IGM recibe más de una oferta, hacer una cotización o licitación, dependiendo del monto del contrato. Si, en cambio, no recibe ninguna oferta, podrá hacer una compra directa.
Un contrato con dedicatoria
Por medio de comunicación social, el IGM justificó que la modalidad de proveedor único no reduce la competencia. Aseguraron que se optó por requerir que el fabricante tuviera capital estatal porque de esa manera la negociación contaría con el “respaldo” de un Estado, lo cual atribuye certeza a la negociación, pero esto deja más dudas que respuestas.
Carlos Menocal, exministro de gobernación, explica que casi ningún país del mundo contrata a empresas con capital estatal para fabricar cartillas. Estados como Alemania, Brasil y México contratan a empresas internacionales que garantizan la elaboración del documento con altos estándares de seguridad.
Además, al haber múltiples empresas que producen cartillas, los países suelen hacer licitaciones internacionales y no compras directas con un proveedor único.
“Casi ningún país del mundo produce propias cartillas de pasaportes. El evento de compra reduce la competencia e impide participar a empresas de trayectoria internacional. Es un proceso antidemocrático y podría tener una dedicatoria para una empresa de algún país que no sabemos si tiene los dispositivos de seguridad. Lo más transparente sería hacer una licitación internacional”, comenta Menocal.
Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), explica que el IGM está utilizando una modalidad de compra que no es competitiva, lo cual no tiene sentido puesto que hay empresas en Canadá, Alemania, España y Francia que podrían vender a Guatemala documentos con la tecnología necesaria.
Coincide con que el requerimiento de que el fabricante cuente con capital estatal durante los últimos 20 años es discriminatorio y las empresas con financiamiento estatal para fabricar pasaporte no son comunes.
Sin solucionar el problema
Esta es la tercera vez que el IGM intenta comprar cartillas para pasaporte. El primer evento de compra fue una licitación que se publicó en noviembre de 2020, pero la CGC recomendó que se suspendiera el mismo por falta de transparencia.
La segunda licitación se lanzó en enero de 2021, pero el pasado 18 de mayo la CGC nuevamente recomendó prescindir la compra aduciendo que muchas empresas interesadas en ofertar argumentaron los tiempos de entrega eran muy reducidos y no les permitían participar. De tal cuenta, la CGC razonó que “no se permitió la libre competencia con la participación de empresa interesadas en el evento al limitar el tiempo de entrega”.
Estas dos licitaciones fueron elaboradas por la administración del anterior director de Migración, Guillermo Díaz, quien fue destituido en abril por los ministros que integran la Autoridad Nacional Migratoria, sin el aval del vicepresidente Guillermo Castillo, quien preside este órgano.
Tanto Díaz como Castillo señalaron una injerencia del presidente Alejandro Giammattei en su destitución, la cual ocurrió en medio de las licitaciones de cartillas.
Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), comenta que establecer condiciones tan difíciles de cumplir en los términos de referencia implica que participarán pocas empresas en la compra. Cuando esto sucede en la administración pública, suele ser porque las bases están orientadas a favorecer a algún oferente en particular.
Flores considera que si los problemas de falta de competencia que cuestionó la CGC en la segunda licitación persistirían, puesto que la modalidad de compra que eligió el IGM y los términos de referencia no permitirán un proceso de compra competitivo.
Además, comentó que la justificación del IGM para requerir que el fabricante de los pasaportes tenga capital estatal no es válido. “El hecho que una empresa tenga capital estatal no implica menos riesgo que una que tenga capital privado. De hecho, la experiencia en todos los proveedores de bienes y servicios es que las entidades privadas tienen más capacidad para ofrecer bienes y servicios que el Estado”, dijo Flores.
