Aunque la opinión de expertos en la materia va más en la vía en pedir que sea vetada por Alejandro Giammattei ya que, en lugar de fortalecerla, los diputados aprobaron aumentar montos para las compras directas sin garantizar controles para el uso adecuado de los recursos.
Esta ley creada en 1997 ha sido reformada en una decena de ocasiones. En los años 2001, 2006, 2009, 2010, 2011, 2015 y ahora en 2021 ha sufrido cambios que la han dejado débil y desactualizada.
“Lo que sucedió ahora es un parche y no es la solución. Se debe pensar en un sistema integral de contrataciones que garantice la transparencia, la calidad de lo que se compra y las especificaciones de lo que realmente se necesita y que todo sea cien por ciento digital”, indicó Luis Velásquez, exministro de Economía y consultor.
La petición para que las contrataciones del Estado se hagan con procesos automatizados no es solo para que la ley funcione como deben funcionar la mayoría de los procesos en pleno siglo XXI, sino para que esto garantice transparencia y reduzca la discrecionalidad.
“La ley de compras no debe ser un instrumento de control de corrupción, debe ser un instrumento para comprar de manera efectiva y rápida para las entidades públicas pero hemos caído en la trampa, porque si tienes implementados mecanismos y diseñas matrices de evaluación basadas en criterios de calidad es mucho más difícil que venga el alcalde y le diga al primo que prepare una oferta y quiera participar”, explica Irene Flores, consultora económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Flores enlista una serie de “vicios” que tiene la actual ley y que no fueron resueltos con las últimas reformas aprobadas por el Congreso.
Lo principal, menciona, es cambiar el enfoque de contrataciones que actualmente se tiene por adjudicar al que menor precio lo venda y, en su lugar, priorizar el valor por el dinero. Es decir, que las compras se realicen con especificaciones técnicas basadas en criterios de calidad, condiciones de entrega, eficiencia, entre otros.
“A eso, en términos técnicos se le llama criterio de valor por dinero para realizar procesos de compra. Son criterios de calidad y toda una serie de criterios de bienes y servicios que se tienen que comprar que son distintos al precio que, obviamente, afectan el precio pero que no se enfocan solamente en la oferta más barata” agrega.
Otro cambio que debería hacerse, mencionan los entrevistados, es el de permitir las compras directas para ciertas ocasiones. Este es un tema que se discute con pinzas, debido a que este tipo de compras suele ser el favorito de los alcaldes que lograron que en esta ocasión les aumentaran el monto de Q90 mil a Q200 mil.
Pero este es el error de percibir las compras según el monto y no según la necesidad y la naturaleza de esta compra, dice Flores. “Diseñar modalidades de compras basados en montos es una práctica obsoleta”.
Los casos en los que se debería permitir la compra directa, explica, es cuando se trata de un proveedor único del bien que se necesita comprar, se le debe dar continuidad a un servicio que se ha ejecutado bien por un proveedor que ya ha sido previamente contratado o si se trata de una emergencia.
Como en el caso de las tormentas Eta y Iota que dejaron en aprietos a los alcaldes que deseaban comprar insumos para afrontar la emergencia. “El problema es que el sistema de Guatecompras y la ley de contrataciones le falta normativas efectivas específicas para esas emergencias. Todo debe estar bien documentado y con más controles”, agrega Velásquez.
Esto último le da pie a la automatización de los procesos de compra que, a decir de Flores, se deben hacer sin necesidad de reformar la ley.
“La tecnología tiene mucho que decir y que hacer en materia de compras públicas y esa es la dirección correcta que se debe tomar porque reduce los espacios de discrecionalidad del funcionario público a la hora de operar procesos”, menciona.
A esto no solo se refiere con la oferta electrónica que actualmente existe y que es usada en muy pocas ocasiones. Según un análisis hecho por el CIEN, en el 2018 solo el 6 por ciento de las compras se hicieron por oferta electrónica.
La automatización de los procesos conlleva la estandarización de formularios. “Es importante que se diseñen documentos de contratación estándar como las bases, especificaciones técnicas, modelos de ofertas, matrices de evaluación estándar para que todas las entidades utilicen esto y que no se estén inventando especificaciones técnicas y formas de definir criterios de calidad”, agrega.
Si se automatizan los procesos es más fácil filtrar a aquellos proveedores que no cumplan con los criterios de calidad, mencionan los entrevistados. Sin embargo, ninguno de los puntos anteriores ha sido tocado en las reformas que se han aprobado a la Ley de Contrataciones del Estado.
