Los manifestantes son originarios de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, y exigen que se repitan las elecciones porque, a su criterio, hubo fraude electoral.
Un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar, inicialmente de manera preventiva, pero terminó utilizando gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar la manifestación y cortar los candados y cadenas que mantenían bloqueadas la entradas de los edificios de justicia.
Entre los manifestantes había mujeres con niños y bebés, adultos e incluso ancianos. Algunas personas resultaron afectadas por el gas pimienta que rociaron los agentes.
Los pobladores eran liderados por Alba López, excandidata a alcaldesa por el partido FCN-Nación, quien aduce que en Tucurú un fraude electoral le dio la victoria al actual jefe edil, Leonel Victoriano Guzmán Argueta, candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
AHORA | Agente de la @PNCdeGuatemala quitan las cadenas que bloqueban el ingreso a Torre de Tribunales. | Vía: @Guatevision_tv pic.twitter.com/CAgpNo5jbz
— Prensa Libre (@prensa_libre) 24 de julio de 2019
Algunos manifestantes buscaron confrontación y amenazaron con linchar a periodistas. Una empleada del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y un reportero de un matutino quedaron atrapados en medio de los pobladores en el acceso al personal.
Los comunitarios piden a las autoridades de justicia una acción para evitar que tome posesión el alcalde electo y que se repitan las elecciones en su municipio.
Mario Siekavizza, vocero de la Corte Suprema de Justicia, dijo desconocer las exigencias de los manifestantes porque “no utilizaron los canales idóneos y pertinentes para acercarse a la institución”. Agregó que su deseo era hablar con los magistrados de la CSJ que estaban en sesión de pleno. “Los magistrados accedieron pero por el espacio solo a dos pobladores, como se negaron porque querían hablar en grupo, los magistrados rechazaron su petición”.
“Si venían a hacer algún trámite o alguna gestión lo más idóneo era que acompañaran sus peticiones por escrito, como debe de ser, ante la instancia que consideraran pertinente”, dijo Siekavizza.
#AHORA | El ambiente es tenso en el ingreso a la Corte Suprema de Justicia. Manifestantes se enfrentan con agentes de la @PNCdeGuatemala. | Vía. @kmonzon_pl pic.twitter.com/6UwbzHGvWI
— Prensa Libre (@prensa_libre) 24 de julio de 2019
Análisis
Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) se refirió a tres aspectos en que un grupo de pobladores burlo la seguridad en el Organismo Judicial (OJ).
“Lo primero que viene a la mente es que este organismo gasta mucho dinero en tener recursos por la seguridad. En el poder judicial hay agentes de seguridad encargados de la entrada, de controlar el ingreso de personas, en fin, el ingreso de personas en el sótano y demás y se ve que están de valde porque si no puede impedir el acceso a un grupo de manifestantes que toman impunemente las instalaciones, entonces, da igual que tengan las puertas abiertas todo el tiempo”, dijo Linares.
El analista se refirió también a que la toma del edificio o incluso en los bloqueos de carreteras lo que buscan los manifestantes es presionar. “Buscan presionar a las autoridades competentes y causando molestias y problemas a los ciudadanos. En el caso de Tribunales a los sindicados, abogados, jueces y fiscales. También la suspensión de las audiencias y la reprogramación que puede ser dentro de semanas y meses por la carga laboral”.
Por último, Linares se refirió a la líder de la protesta –Alba López, excandidata a la alcaldía en Tucurú– “Si era una candidata perdedora que estaba ahí presente pues el Organismo Judicial debiera iniciar acciones legales contra ella por obstruir el funcionamiento de la justicia y perjudicar el funcionamiento de un servicio público esencial. Se deben dejar precedentes”.
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