Ayer, los magistrados acudieron a la instancia de jefes de bloques para proponer una iniciativa similar, cuyo fin es descongestionar el sistema judicial, solo que en lugar de reducir las penas en un 50 por ciento, ahora la intención es rebajarlas en una tercera parte si el sindicado se declara culpable en la primera declaración. Si lo hace en la fase intermedia, la reducción sería de una cuarta parte, y si ya se encuentra en una etapa final, su pena podría reducirse en una quinta parte.
Según la magistrada de la Cámara Penal, Delia Dávila también se incluyen aspectos como la reparación “digna” a favor de la víctima, que incluye componentes como una indemnización, restitución, rehabilitación, prestación de servicio a la comunidad y garantía de no repetición del delito. “Sin este requisito el juez no podrá otorgar los beneficios de la ley”, afirmó.
La propuesta agrega un libro cuarto al Código Procesal Penal y establece que no podrán optar a este beneficio los sindicados en delitos como genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura. Tampoco quienes reincidan en el hecho. Señalados por delitos de corrupción sí podrían optar a la reducción.
Justifican proyecto
Durante la presentación de la propuesta estuvieron presentes varias organizaciones de la sociedad civil, representantes del MP y de la Cicig, para acuerpar la iniciativa. De acuerdo con Dávila, se sostuvieron varias mesas técnicas en el último año, las cuales dieron como resultado la iniciativa en mención.
Durante la presentación de la propuesta a los jefes de bloques, la presidenta de la Cámara Penal aseguró que el procedimiento especial de aceptación de cargos permitiría descongestionar la mora adicional.
“Con esta iniciativa se pretende evitar el desgaste del sistema de justicia en Guatemala. De todos es sabido la sobrepoblación que tienen los tribunales en Guatemala. Contamos con seis jueces por cada cien mil habitantes, cuando la medida estándar internacional es de 17 por cada cien mil”, justificó la magistrada.
Según la funcionaria, datos del Centro de Información de Estadística del Organismo Judicial reflejan que en el 2016 ingresaron 106 mil 779 casos, se celebraron 210 mil audiencias y se dictaron 14 mil 995 sentencias por el procedimiento común, y por otras vías, como la que se propone, se resolvieron 40 mil 356.
“Eso refleja que sí han sido efectivas las ejecuciones por otras vías”, argumentó.
Beneficia a los corruptos
El presidente de la CSJ, Nery Medina, reconoció que la propuesta podría beneficiar a los sindicados en casos de alto impacto de corrupción.
Se cuestionó sobre el caso específico de la magistrada Blanca Stalling, a lo que Dávila respondió: “Si la ley es aprobada y se encuentra vigente, ella y otros más podrán adherirse a este beneficio, siempre que cumplan con las condicionantes de reparación digna. No podrían quedar fuera, por derecho de igualdad”.
Rottman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, quien estuvo presente en la reunión con los jefes de bloques, indicó que los señalados recientemente en casos de corrupción como la exvicepresidenta Roxana Baldetti o el presidente Otto Pérez Molina podrían acogerse a la medida de reducción de penas si esta entra en vigencia.
No obstante, señaló: “Si las personas que cometieron el delito se declaran culpables y utilizan el procedimiento abreviado tendrían que resarcir a las víctimas, y si se obtuvieron beneficios económicos, bienes inmuebles o pecuniarios, estos deben restituirse, y aceptar los cargos implica la obligación de declarar las circunstancias en las que se cometieron los delitos y contra los copartícipes.
“¿Qué ocurre con los grandes casos de corrupción? Consideramos que por las etapas en las que se encuentran estos casos, el procedimiento no será atractivo para los sujetos implicados, porque la reducción de la pena sería mínima, y si han negado su participación resultaría interesante ver que alguien quiera detallar cómo se cooptó el Estado y quiénes participaron”, afirmó el funcionario del MP.
Reconoció que si surgieran nuevos casos, los señalados podrían solicitar que se les aplique el procedimiento especial de aceptación de cargos.
Conlleva obligaciones
Las personas que acepten el procedimiento propuesto por los magistrados de la CSJ estarán obligadas, según la propuesta, a declarar como testigos. También deberán resarcir de manera “digna e integral” a las víctimasn a través de una indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetir el hecho imputado.
Si el condenado incumple con las condiciones que aceptó, los jueces podrán revocarle los beneficios obtenidos.
Dudas y debate
Mientras algunos diputados ven la propuesta positiva, otros consideran que no traerá nada bueno al sistema de justicia.
Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala y uno de los ponentes de la propuesta similar, el año pasado, aseguró que las personas que enfrentan procesos por delitos de corrupción no pueden quedar fuera del proyecto, porque existe igualdad ante la ley.
“No se puede hacer una propuesta de reducción de cargos para determinados delitos. Que van a verse beneficiados, no lo dudo”, señaló.
Por su parte, Juan Ramón Lau, del bloque Todos, indicó: “Ponen como condicionante que se conviertan en una especie de testigo protegido. No creo que a nadie le cueste ponerle el dedo a otro para salvar su pellejo. Además, yo no sé si puede haber resarcimiento para víctimas de delitos sexuales, y no me parece que los sindicados en hechos de corrupción puedan sumarse, porque sería una burla para la población, ya que cualquiera podría llegar a un puesto público, se hace millonario, luego confeso y sale tranquilo, con un montón de dinero guardado”.
Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, aseguró que al principio de la discusión se intentó dejar fuera de este beneficio varios delitos; sin embargo, no fue posible, debido a la igualdad ante la ley. No obstante, considera que la propuesta es un instrumento adecuado para descongestionar la mora judicial.
Mack reconoció que existen otras medidas que podrían ayudar al sistema de justicia, pero es más difícil aplicarlas; por ejemplo, se podría implementar la reforma penal, que conlleva ampliar la competencia de los jueces de Paz e incrementar el número de defensores públicos; sin embargo, para lograrlo se requiere subir el presupuesto para varias instancias, como el de los institutos de la Defensa Pública Penal y de Ciencias Forenses.
