Según el magistrado, “ha habido información tendenciosa” durante el proceso y se “ha hablado con mentiras”.
Según la investigación de la Fiscalía, basada en la declaración del colaborador eficaz en el caso TCQ y exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Charchal colaboró en diferentes trámites administrativos para lograr la adjudicación de la ampliación de Puerto Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) .
Durante su exposición, Charchal descalificó como medio de prueba las declaraciones del ex secretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón. Sin embargo, en otros momentos, subrayaba las palabras de quien ahora actúa como colaborador eficaz.
Otro argumento para defenderse es que las transcripciones de las escuchas telefónicas están incompletas, según el abogado de Charchal.
El magistrado solicitó a los congresistas pesquisidores que analicen el expediente antes de tomar una decisión y afirmó que ya tiene una condena social que afecta a los miembros de su familia.
Supuestamente, Monzón le solicitó que se declarara a favor de la empresa un amparo que había interpuesto la Municipalidad de Puerto San José, Escuintla, donde la compañía se encargaba de la ampliación del puerto.
Además también medió para que no se realizara un pago de 24 millones de quetzales (unos 3,2 millones de dólares) para lograr una licencia de construcción.
TCQ es una compañía propiedad en un 85 por ciento de la holandesa APM Terminals y en un 15 % a la Corporación Financiera Internacional (IFC) , entidad del Grupo Banco Mundial.
Según la investigación, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Baldetti, en prisión por la red de corrupción aduanera “La Línea”, lideraron la estructura, por la que están detenidas otras 10 personas, mientras que otras seis tienen orden de captura internacional.
Ante tales hechos, que ya fueron ratificados ayer jueves por el MP y la Cicig, Charchal dijo que la declaración de Monzón, prueba base en su señalamiento, no debería tomarse en cuenta porque él es “un prófugo de la Justicia y un delincuente”.
Además, según su declaración, no conocía a Monzón, solo lo había visto en “actos protocolarios” realizados en el Palacio Nacional de la Cultura, una de las dependencias del Gobierno ubicada en la zona 1 capitalina, por lo que pidió a los cinco diputados tratar el tema con apego a derecho.
El antejuicio es necesario para despojar de la inmunidad a Charchal y que pueda ser investigado para determinar si incurrió o no en un delito de “tráfico de influencias”.
La comisión presentará un informe, que se prevé firmar mañana sábado, en el que recomendará retirar o no la inmunidad que ostenta el magistrado por su cargo.
Finalmente, en una sesión ordinaria, los 158 diputados llevarán a cabo una votación en la que se necesitan al menos 105 votos para que Charchal pierda la inmunidad y pueda ser investigado.
