La intención es que, de lograrse los acuerdos se convoque al pleno el viernes y se apruebe la iniciativa con 107 votos, según el presidente del Legislativo Allan Rodríguez.
A diferencia de los estados de Calamidad que han llegado en las últimas semanas al Congreso, esta vez la mayoría de jefes de bloque se mostró a favor de trabajar en la mesa técnica y plantear sus propuestas y consensuar la iniciativa.
La base del planteamiento surgió a partir de una iniciativa de ley presentada por la bancada Viva, así como por propuestas de asesores de los bloques Vamos, PAN y Unionista.
“El día de ayer -lunes- fue improbado el estado de Calamidad, hoy como Organismo Legislativo nos corresponde darle la vuelta a la página. Aquí no se trata de batallas políticas, de que haya ganadores y perdedores, es momento de que hagan propuestas”, expuso Rodríguez al iniciar la reunión.
“Nos sentimos molestos por cómo se condujo el pleno de ayer, pero volteemos la página, ya habrá momento para eso, hoy pongámonos a trabajar (…), hemos tenido acceso a la propuesta y pensamos que tiene un buen esfuerzo de síntesis de tratar de integrar los borradores y estamos de acuerdo con que esta sea la base para discutir y busquemos acuerdos”, dijo Carlos Barreda, jefe del bloque de la UNE.
“Nos sumamos a la idea que podamos discutirlo de manera abierta, públicamente como ya se ha hecho con otras iniciativas con relación al covid-19 y estaríamos dispuestos a dar los aportes que consideremos necesarios para que se busque una iniciativa de consenso”, manifestó Walter Félix, jefe del bloque URNG.
Ligia Hernández, subjefa del bloque Semilla, dijo que su bancada está de acuerdo con la propuesta de trabajar miércoles y jueves para llegar al pleno con un consenso articulado de todas las bancadas. “Trasladaremos nuestras propuestas a partir de la instalación de la mesa”, agregó la parlamentaria.
En tanto el diputado Manuel Conde, del PAN, dijo que es la hora de actuar y que “estamos en el momento de generar una sola iniciativa para que no haya banderas partidarias y podamos unificar el criterio político de la mayoría de los diputados”.
Los parlamentarios acordaron reunirse el miércoles a las 11.00 horas para comenzar con la discusión sobre la propuesta.
Mientras tanto, el jueves, debido a la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y para conocer el veto presidencial a las reformas a la Ley de Contrataciones se sesionará a las 10.00 horas y al finalizar se reunirán nuevamente con los Jefes de Bloque para continuar con el análisis de la propuesta.
¿Qué incluye la propuesta actual?
Contempla las disposiciones para la adquisición de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico y la contratación de servicios médicos o profesionales temporales para la atención de los pacientes afectados por el covid-19, de entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Centro Médico Militar y el Hospital General de la Policía Nacional Civil.
También regula que las compras y contrataciones de insumos deben estar destinados “exclusivamente” para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria e incluye medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, oxígeno, equipo médico quirúrgico, fórmulas, equipo de protección personal y publicidad en medios de comunicación para la prevención, vacunación e información de la pandemia.
Todas las adquisiciones se deben hacerse dentro de la vigencia de la ley (hasta el 31 de diciembre del 2021) y deben publicarse en el Sistema de Guatecompras bajo el criterio de brindar un plazo no menor a dos días entre la publicación del concurso y la recepción de ofertas, con opción a ampliarse. De no haber ofertas se otorgará un día más y si persiste la inexistencia de ofertas se hará compra directa.
La iniciativa excluye las compras y arrendamiento de bienes inmuebles, así como la construcción de infraestructura sanitaria. Además, se faculta a las entidades sujetas a la ley que pueden importar bienes en forma directa, cuando estos no se produzcan en el país.
Contratación de personal
La propuesta contempla que, debido a la urgencia se pueden contratar al personal temporal como: médicos generales, médicos especialistas, enfermeros, auxiliares graduados de escuelas privadas, técnicos laboratoristas, técnicos en hemodiálisis, técnicos en terapias respiratorias y estudiantes de medicina con pensum cerrado de estudios cuyo trámite de graduación esté pendiente, así como médicos extranjeros que estén haciendo su especialidad en hospitales nacionales.
Las personas jubiladas o gozando de pensión y aún pueden colaborar serán contratados para la atención de la pandemia, según la propuesta que se contempla hasta el momento.
La propuesta actual también estima que por un año la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) entregue al Ministerio de Salud y al IGSS en uso temporal, previa solicitud, bienes inmuebles que faciliten la atención de la pandemia.
También se declaran exentas de los impuestos de importación y del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y derechos arancelarios las donaciones vinculadas a la atención de la pandemia en el país.
Con respecto a los contratos abiertos de Salud, la propuesta contempla que se deben reducir y normar los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones; además, entre la presentación y la recepción de ofertas debe haber un intervalo de 15 días.
Asimismo, regula como compra de baja cuantía las adquisiciones por un monto de hasta Q25 mil.
En hospitales privados
Esta tarde se reunió la Comisión de Salud del Congreso para abordar el tema del techo de presupuesto para el Ministerio de Salud para el próximo año, así como la propuesta de iniciativa para la compra de insumos.
Según el presidente de la sala legislativa, Herbert Figueroa, analizarán la misma y agregó que recibieron una propuesta de la diputada Evelyn Morataya relacionada al tema.
Morataya publicó en su cuenta de Twitter que la propuesta consiste en que los pacientes con covid-19 que no encuentren espacio en hospitales públicos reciban atención médica en hospitales privados y el Ministerio de Salud asuma los costos; además, que el IGSS admita a los afiliados que dejaron de contribuir en el año de pandemia.