La segunda edición del estudio fue ampliada de ocho a 15 países que, en conjunto representan casi el 95 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica y en el que los clasifica conforme considera que tienen mayor capacidad para procesar actos de corrupción.
El índice CCC analiza subcategorías como capacidad jurídica; democracia e instituciones públicas; medios de comunicación, sociedad civil y sector privado. Además, examina variables y se basa en datos disponibles al público recopilados por instituciones reconocidas en los países y en una encuesta realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risk, académicos, medios, sociedad civil y sector privado.
Puntajes
En el CCC 2020, Uruguay tiene el primer lugar con 7.78 de 10 puntos, lo cual significa que tiene mayor combate, detección y castigo contra la corrupción, le secunda Chile con 6.57; luego siguen Costa Rica con 6.43; Brasil con 5.52; Perú con 5.47; Argentina con 5.32; Colombia con 5.18; México con 4.55; Ecuador con 4.19; Panamá con 4.17 y Guatemala en la décimo primer posición con 4.04
Mientras que Paraguay ocupa el décimo segundo lugar con 3.88; le siguen República Dominicana con 3.26; Bolivia con 2.71 y Venezuela ocupa el último lugar con el puntaje 1.52.
Caída en capacidad legal
El informe resalta que, en el caso de Guatemala, después de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el puntaje general del país en el índice del CCC cayó un 11 por ciento desde 2019. ¿A qué se debe el retroceso? El índice establece que principalmente se debió a una caída del 15 por ciento en la subcategoría de capacidad legal.
Además, señala que el presidente Alejandro Giammattei creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción para que la lucha contra la corrupción no fuera abandonada después de la expulsión de la CICIG, pero esta nueva comisión opera bajo el Ejecutivo en apoyo del fiscal general y por lo tanto sus acciones son mucho más limitadas en comparación con la misión anticorrupción de la ONU que, tenía amplia autonomía para ayudar en la aplicación de políticas anticorrupción.
Roberto Simon, director senior de política de AS/COA, amplió que Guatemala, la disminución fue impulsada por una caída del 15 por ciento en la subcategoría de capacidad legal, que está relacionada de forma particular con la salida de la CICIG y las limitaciones de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
La corrupción para el abogado Rodolfo Pérez Trabanino con experiencia en derecho penal y económico, es un tema complejo porque es sistemático. Además, señaló que el planteamiento del análisis no es que no sea cierto, pero es incompleto porque no toma en cuenta que los países mejores índices porque su institucionalidad es más fuerte.
Comisión contra la corrupción
El informe resalta que los agentes involucrados con la CICIG continúan siendo hostigados. Respecto a este punto, Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC), indicó que ve un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país, porque se ha visto incluso una reconfiguración de las redes y las personas que en algún momento se vieron afectadas en las investigaciones para limitar la lucha contra la corrupción.
Mientras que los puntajes en democracia, instituciones políticas, sociedad civil, medios y subcategorías del sector privado también disminuyeron, ya que, según el estudio el país estaba en un punto débil (posición en el índice CCC 2019) durante los últimos meses del mandato del expresidente Jimmy Morales, pero la sociedad civil es “vibrante” con oenegés cada vez más fuertes y comparado con otros países la corrupción ha permanecido en el centro de atención de los ciudadanos por varios años.
En este punto, Mario Fuentes Destarac, vicepresidente de la Cámara de Periodismo, resaltó que el papel de la prensa es importantísimo porque ejerce control ciudadano a través de la denuncia, ya que, porque muchos de los casos denunciados a través del periodismo de investigación han dado pie a que se inicien investigaciones.
Adriana Thomas, analista asociada de Control Risks, explicó que el desempeño de las instituciones políticas es clave para la democracia de un país, porque revela que tan funcional y estable es su sistema político.
“En el caso de Guatemala hay grandes deficiencias con relación con altos niveles de polarización e inestabilidad política, así como es complicado el proceso de formulación de políticas públicas que funcionan en detrimento de la democracia. Estos factores además impiden el avance concertado de los esfuerzos anticorrupción y están dentro de las razones por la consideramos que la calidad democrática en Guatemala es baja”, indicó Thomas.
Elección de cortes
El CCC 2020 indica que los analistas anticorrupción independientes creen que la reacción política contra la CICIG y sus socios aún no termina y el Congreso podría socavar más las investigaciones contra la corrupción. Asimismo, señala que el esfuerzo en contra del trabajo para detener la corrupción podría también incluir la reducción de sentencias de delitos de cuellos blanco, violaciones de financiamiento de campaña y fraude fiscal.
El informe señala que la elección de los magistrados para integrar los tribunales seguirá siendo un tema delicado, porque en algún momento serán elegidos los magistrados del Tribunal Constitucional.
Además, resalta también que en marzo pasado el Congreso cerró la sesión a la prensa para que accediera al proceso de selección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y también que el año pasado el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue suspendido por señalamientos de corrupción.
