“A las únicas entidades que no enfrentó fueron las que nunca le pusieron un límite, y la gobernabilidad en una República reside en la capacidad de la institucionalidad para poner límites a esos ejercicios del poder”, explicó Balsells, al evaluar los cuatro años del gobierno del presidente Jimmy Morales sobre este tema.
El abogado constitucionalista refirió que durante estos cuatro años el país no logró mayores avances en el tema social pues no se mejoraron los índices en la lucha contra la desnutrición y la cobertura educativa. “Además, la conflictividad social se ha mantenido y hubo auge del narcotráfico, pues casi a diario aterrizan aviones cargados de droga”.
El experto constitucional resaltó que uno de los asuntos “más delicados” de la débil democracia guatemalteca es la libertad de expresión y que en este sentido el Ejecutivo ejerció “alta presión sobre los medios de comunicación que no estuvieron comprometidos con las políticas de su Gobierno”.
“Sin duda alguna, este Gobierno representa el más grande retroceso de todo nuestro proceso democrático. Porque si la prensa, que tiene acceso a la denuncia pública y los abusos, son objeto de una política pública, qué se puede esperar para cualquier ciudadano de a pie”, sentenció Balsells.
Conflictividad impide negocios
Juan Carlos Tefel, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) dijo que durante estos cuatro años, e incluso más tiempo atrás, uno de los mayores problemas es “la conflictividad social que ha arreciado en diferentes zonas” como el Valle del Polochic, la Franja Transversal del Norte y las áreas donde opera el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) con “el robo de energía”.
En las dos primeras regiones el narcotráfico provocó que el Gobierno decretara estado de sitio en la región de El Estor, Izabal, y sus alrededores, decisión que, según Tefel, “desafortunadamente se tomó muy tarde”.
El presidente del Cacif reveló que en la última encuesta empresarial que efectuaron los directores del sector privado expresaron “que la conflictividad, que tiene que ver con la falta de gobernabilidad, es la principal razón que detiene el hacer negocios en el país”.
El presidente del Cacif opinó que el principal reto del presidente electo Alejandro Giammattei es llevar la autoridad a los diferentes puntos del país y que se respete el estado de Derecho.
Uno bomba de tiempo
El analista en desarrollo rural, Adrián Zapata, opinó que la agenda del presidente Morales en materia de gobernabilidad fue bastante limitada porque su principal propósito durante su periodo fue expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en lo cual tuvo éxito, pero con ello revirtió los avances que se habían logrado en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Para Zapata la conflictividad social que se mantiene en varias regiones del país constituyen una bomba de tiempo “que se está fermentando en los sectores pobres y excluidos y que en determinado momento provocará una explosión social en los sectores rurales”.
“La indignación que se generó en los centros urbanos en la clase media en el 2015 no se manifestó en el área rural, pero si no se atienden sus demandas, que parten de la pobreza y sus condiciones de vida, habrá un estallido social y en este tema Jimmy Morales no hizo nada por solucionar el problema”, indicó Zapata.
Prevaleció el desgobierno
El analista político Juan Callejas, consideró que, en términos generales más que gobernabilidad hubo “un desgobierno total”, porque nunca se observó “mayor autoridad en las áreas rurales donde siempre se han registrado estos conflictos.
A criterio de Callejas el desequilibrio de este Gobierno radicó en su empecinamiento en expulsar a la Cicig, pues todas sus acciones las dedicó a esta intención y desatendió el país, en temas importante como la seguridad interna en la cual incidió la problemática entre las autoridades de la PNC, que “venía de una ruta estructurada de orden y de institucionalidad, pero que poco a poco fue desmontada llegando a un punto de anarquía”.
Callejas considera que la ingobernabilidad llegó a situaciones tan extremas y complicada que la “gente perdió la confianza literalmente en el Estado”, a lo cual se debieron sumar los problemas de carácter político jurídico en el ámbito del Congreso de la República y el sistema de justicia.
El analista político no duda en que la ausencia del Estado en muchas regiones del país provocó la ingobernabilidad, el aumento del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y migración ilegal, entre muchos otros problemas de tipo de anárquico. “Todo esto fue consecuencia de la concentración que tuvo la institucionalidad del Estado en enfocarse en terminar con el proceso de la Cicig”.
El experto aseguró que esta actitud del gobierno de Morales provoco “ese vació de poder en amplios espacios del territorio nacional” y que ahora se evidencian con el descubrimiento de pistas clandestinas donde aterrizan aeronaves con cargamentos de droga y que “obviamente lo menos, porque seguramente pasan cantidades mayores de manera ilícita”.
A raíz de esta problemática, agrega Callejas, lo primero que debe hacer el nuevo presidente Alejandro Giammattei es “establecer líneas claras de autoridad en toda la institucionalidad del lado del gabinete de seguridad y del sistema de las relaciones que tienen que darse con la aplicación de la ley y la justicia”.
Callejas aseguró que “aunque los tribunales de justicia no corresponden al Ejecutivo, es el gobierno central el que debe dar el ejemplo de cómo se respetan los fallos de los tribunales, porque el sistema de justicia se fortalece comenzando con cumplir y hacer cumplir la ley y eso es lo que o ha ocurrido con la Presidencia”, opina Callejas.
El sistema de justicia, según Callejas, está cooptado por el crimen organizado lo cual es aprovechado por las estructuras interesadas en que haya anarquía y desorden para sacar provecho y así alimentar “un sistema que nos ha llevado a un punto donde no hay autoridad ni gobernabilidad en el sentido de orden en el país”.
“Uno siente que vive en un país que está siendo conducido por un Ejecutivo que no se sabe para donde va, al grado de que el gobierno de Estados Unidos ha aprovechado las circunstancias para imponer una situación dentro del país que todavía ni las Cortes dicen nada en lo relacionado al tratado de país seguro. Las cosas van caminando sin que necesariamente sea dentro de un ámbito de legalidad, como debe ser en una democracia”, analizó Callejas.
Falta de respeto a independencia de poderes
Haroldo Herrera, experto en políticas públicas, dijo que Guatemala un país muy complejo para gobernar, porque existe un divorcio muy grande entre las demandadas de la sociedad y la capacidad del Estado para resolverlas.
Herrera resaltó que esta situación no es sostenible en el tiempo, porque se percibe que somos una sociedad cansada de ser así y que las nuevas generaciones y los movimientos políticos y sociales que se están dando en América Latina demuestran que la línea divisoria entre gobernabilidad e ingobernabilidad es cada vez más tenue.
A criterio del experto en políticas públicas, las principales características para que exista gobernabilidad son la transparencia, información oportuna, libertad para expresarse y para exponer puntos de vista diferentes.
Y que los principales indicadores de la ingobernabilidad son el rechazo hacia los gobernantes por parte de la sociedad durante el Gobierno, independientemente a que hayan sido electos por mayoría, así como el crecimiento de índices de pobreza y subdesarrollo. La percepción sobre corrupción y la no reelección del partido gobernante, explica Herrera.
En el caso del Gobierno de Morales, Herrera explicó que lo que faltó fue gobernanza, “la cual se traduce en la legitimidad que se le da a un Gobierno por la eficacia y la calidad de su gestión. Lo que se fundamenta en la participación y satisfacción de la sociedad en general”.
No hubo ingobernabilidad por mérito de la sociedad
La gobernabilidad, según Herrera, es el resultado del equilibrio que se da entre las necesidades y demandas sociales y la capacidad de respuesta del Estado. Se representa a través de la facilidad que se da en un grupo social para ser dirigido. En el caso de Guatemala, existen dos escenarios:
En el primero las condiciones de gobernabilidad de los últimos cuatro años pueden percibirse como complejas por los múltiples conflictos que se dieron, sin embargo, debe resaltarse que los conflictos fueron más políticos que sociales, por lo que no llegamos a niveles de ingobernabilidad.
El experto en políticas públicas, aseguró que este mérito no es del Gobierno, sino de la sociedad, la que a pesar de las inconformidades que pudo haber tenido, con relación a las decisiones del Gobierno, buscó en la mayoría de los casos remediarlas a través del respeto al estado de Derecho.
Eso hace pensar, agregó Herrera, que la mayoría de las personas e instituciones estamos cuidando la democracia y que a pesar de todo se buscaron los mecanismos legales y legítimos para solventar, resolver o confrontar la diversidad de criterios.
Lamentablemente algunas instituciones o actores políticos no respetaron la separación de poderes y eso ocasionó conflictos políticos, más no sociales. Sin embargo quienes respetaron el estado de Derecho ayudaron a mantener el equilibrio, algunas en forma tardía o inoportuna, pero se logró evitar la confrontación social, afirmó Herrera.
A pesar de las discrepancias políticas, según el analista, existió por parte de la sociedad guatemalteca la aceptación de la legitimidad y el reconocimiento de la autoridad.
En contraposición a este escenario, la ingobernabilidad que se percibe tiene que ver con la ineficacia política y gubernamental para resolver las principales necesidades de la sociedad guatemalteca, la falta de resultados cuantitativos y cualitativos en temas relacionados con salud, educación, seguridad, entre otros.
Además, resalta la falta de claridad y comunicación en algunas decisiones, que excluyeron a muchos sectores y que no permitieron llegar a consensos.
Destaca también la percepción sobre altos índices de corrupción y mantenimiento tradicional de las cuotas de poder que buscan beneficios personales y que no permiten desarrollar programas de beneficio social.
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