Tras varias horas de espera, y luego de haber rechazado dos borradores previos, finalmente la delegación se retiró del Congreso al recibir y estar de acuerdo con un tercer documento.
“Esta Junta Directiva (…) atendiendo las prioridades del país, no agendará más la iniciativa 6067, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, en ninguna propuesta del orden del día que esta Junta Directiva proponga a la instancia de Jefes de Bloque”, consigna el documento.
Los representantes de las comunidades indígenas de Totonicapán exigieron de manera presencial en el Parlamento que la iniciativa de ley 6076 no se concretara.
Dicha iniciativa, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, pone en riesgo derechos constitucionales, de acuerdo a diversos expertos.
Uno de los representantes de las comunidades indígenas, Geovany Rosales, aseguró ante diversos diputados que la iniciativa de ley “trata de disolver y de atacar a un derecho que tenemos” como lo es manifestarse.
Rosales, presidente de los 48 cantones, junto a otros miembros de la organización, ya habían llegado al Congreso la semana pasada para manifestar su oposición a la posible normativa.
Específicamente, los representantes indígenas se hicieron presentes en el Congreso el 17 de agosto para dialogar con la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Rivera y prometieron volver en la presente semana.
Es por ello que este martes arribaron al Congreso, en el centro de la Ciudad de Guatemala, y expresaron nuevamente su rechazo a la iniciativa de ley.
Según diversas fuentes del Organismo Legislativo, por el momento la iniciativa de ley no se encuentra en la agenda de los próximos días, pero no se descarta que pueda incluirse próximamente mientras no esté archivada.
Lo representantes también exigían un documento en el que se hiciera constar expresamente que la ley será engavetada.
Compromiso
Tras haber recibido el documento, Rosales dijo que se haría público para que lo conocieran todos los guatemaltecos.
“Esta es la única forma en que lo vamos a hacer valer”, agregó.
“Si todos nos enteramos de lo que hoy está sucediendo en el Congreso de la República, porque la parte final (del documento) es clara (…) es entendido que no la van a promover más y existe un compromiso de los señores que forman parte de la Junta Directiva”, expresó.
La polémica ley
De acuerdo con diputados opositores, la ley confunde en cuanto al uso de la fuerza por parte de diversas entidades de seguridad, como la Policía Nacional Civil y el Ejército, además de la guardia presidencial.
De igual forma, la normativa hace “legítimo” el derecho de defensa de las fuerzas de seguridad durante protestas y manifestaciones, como ha señalado el legislador Bernardo Arévalo, de la agrupación Semilla, nacida de las manifestaciones contra la corrupción en 2015.
A la polémica normativa le falta aún una aprobación final por parte del Congreso, compuesto por 160 legisladores (la gran mayoría perteneciente al oficialismo) para convertirse en ley, siempre y cuando el presidente del país, Alejandro Giammattei, no la vete.
