El resultado de la consulta popular sobre las reformas constitucionales de 1999, cuando ganó el NO, es lo primero que menciona Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y firmante de acuerdos.
Asimismo, afirma que el Pacto Fiscal no se puso en práctica pese a tener amplia aprobación social.
“Cada gobierno ha dado diferente apoyo y énfasis a los acuerdos, y las expectativas ciudadanas son superiores a lo que es posible realizar en un inicio”, consideró Zelaya, quien integró la Comisión de la Paz en representación del Gobierno.
También resalta que cada proceso de aprobación de una ley requiere “bastante tiempo” a lo interno del Congreso.
Bases de clasismo y racismo en la sociedad y reformas pendientes al sistema de justicia son otros tropiezos, de acuerdo con la presidenta de Asíes.
Corrupción
El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) enumeró 20 barreras con una explicación de por qué obstruyen el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Lo primero es el desmantelamiento del Estado. “Inmediatamente después de firmados los acuerdos de paz fue desmantelado el tejido social institucional del Estado en el territorio”, indica el análisis.
Que Guatemala es parte de una región que sirve de ruta de cocaína, la pérdida de las reformas constitucionales en 1999 y tener una baja carga tributaria, cuando los acuerdos impusieron la meta del 12 por ciento, son otros obstáculos.
Débil voluntad política en los últimos seis presidentes, el estallido de la violencia criminal y un “aislamiento social” son otros tropiezos.
Entre otras barreras para la paz, el Ipnusac señala la negación de justicia, el aumento de la conflictividad social, y la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs).
“Varios compromisos de los acuerdos se refieren a reparar a las víctimas civiles del enfrentamiento armado. No obstante que en el 2003 se creó el Programa Nacional de Resarcimiento, su ejecución ha tenido notables fallas, hasta detectarse actos de corrupción y clientelismo”, señala el análisis.
Políticos traicionan
“La clase política que traicionó a su pueblo, dejándose corromper por intereses espurios, ha impedido la aprobación de legislación que podría haber construido el país justo e incluyente que vislumbraban los acuerdos”, señalan integrantes del Movimiento Semilla.
Además, afirmaron que el veto de “actores poderosos” ha frenado múltiples iniciativas, y señalan a sectores de la iniciativa privada que han “abusado” del libre mercado.
“El gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) de doble cara que, por un lado, firmó los acuerdos de paz y por el otro (…) fue responsable de debilitar significativamente las capacidades públicas del Estado al privatizar los servicios públicos”, agregó el Movimiento Semilla, que busca crear una base social que le lleve a ser partido político.
También subrayan la “resistencia a cambiar el statu quo” de la extrema derecha y sectores conservadores del país.
Deudas en lo rural
La no aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y no haber avanzado en que las mujeres pasen de ser copropietarias a ser dueñas de la tierra es lo que más destacan lideresas de organizaciones de mujeres, así como la falta de divulgación de los acuerdos en el sistema educativo.
“La agenda de los acuerdos de paz fue quitada por una agenda neoliberal impuesta a partir de la explotación y expropiación de bienes naturales y especialmente en territorio de los pueblos indígenas”, dijeron Marta Godínez, del Sector de Mujeres; Eva Tecún, del Movimiento de Mujer es Indígenas Tz’ununija’; y Blanca Caal, de la Fundación Guillermo Toriello.
Barreras
- Población no avala reformas constitucionales de 1999.
- Fracasa Pacto Fiscal.
- Racismo, discriminación y exlusión persistentes.
- Débil voluntad política o cada gobierno le da énfasis distinto a los acuerdos.
- Dispersión en cuanto a asumir la responsabilidad de cumplir con la paz.
- Altas expectativas ciudadanas a lo que podía cumplirse.
- Aumento de la pobreza y pobreza extrema.
- El Estado no divulgó los acuerdos de paz en todo el sistema y los niveles educativos.
- Continuidad del Ejército en tareas civiles.
- Aumento de la corrupción.
- Negación de justicia.
- No reforma al sistema de partidos políticos.
- Ausencia de una política agraria integral.
- Proliferación de armas y poder de los Ciacs.
- Fallas en resarcimiento y reparación digna.
- Baja carga tributaria.
- Largos procesos para la aprobación de una ley.
- Falta de reformas al sistema judicial.
- Falta de Desarrollo Rural.
- Alta criminalidad.
