Hace unos días se votó sobre la imposición de sanciones para cinco actores. Rafael Curruchiche declaró que son decisiones que lo tienen sin cuidado.
¿Qué opinión le merece?
No tomamos decisiones en función de lo que esperen aquellos que son sancionados o no.
Es evidente que el señor Curruchiche está en su perfecto derecho de que no le importen las sanciones, puesto que las sanciones tampoco están decididas en función de si le parecen bien o mal.
El Parlamento Europeo insta a que se apliquen y el Consejo, que son los 27 Estados, está muy avanzado a la hora de aplicarlas; por lo tanto, son inminentes.
Se establecen específicamente por un tipo de comportamiento. En este caso antidemocrático, es evidente que las personas lo están practicando.
¿Cuánto tiempo puede pasar para que sean aplicadas?
Yo creo que va a ser rápido, porque realmente ya ha habido declaraciones del alto representarte y ya hay informaciones de que los 27 están ultimando los detalles.
Es una cuestión que, yo creo, va a ser de días. El Parlamento Europeo tiene una capacidad política muy importante, tiene la capacidad de evidenciar lo que es una opinión.
Realmente, en el Parlamento Europeo es muy díficil poner de acuerdo a todas las formaciones políticas. Es muy complicado, porque hay una pluralidad ideológica, una pluralidad de representaciones de diputados de 27 Estados, desde extrema izquierda hasta extrema derecha.
Es muy complicado buscar prácticamente unanimidades, y en la votación prácticamente se logró, es decir, fue muy marginal que hubo nueve votos en contra.
Pero, ¿si hay una intención por parte del Consejo de aplicar las sanciones?
Tuve una reunión la semana pasada con el Consejo, a petición suya para que les explicara un poco el contexto de Guatemala y había una posición prácticamente unánime de la necesidad de las sanciones.
¿Recuerda otra decisión en la que se haya logrado unificar a los partidos?
Es muy extraño, porque, le repito, es en circunstancias excepcionales. Es muy complicado estadísticamente, ya no es solo el número de votos, es el número de formaciones que impulsan y acaban firmando la resolución.
Esta la impulsó Renew Europe —Partido de la Ciudadanía—, pero se consiguió impulsar una resolución firmada por todos, y esto sí que es raro.
En el Parlamento Europeo, todo el mundo tiene una búsqueda de defensa de la democracia y de los principios de la democracia liberal.
Aquellos que están diciendo que el proceso electoral es un fraude están llamando fraudulentos a los ciudadanos de Guatemala que desarrollaron el proceso electoral.
El Gobierno mantiene una posición de rechazo hacia los pronunciamientos de la comunidad internacional con un discurso de injerencia. ¿Qué opina sobre esto?
El discurso de la injerencia es un discurso que ya estando allí —en el país— lo escuchamos. Es el discurso típico de aquellos que no les gusta que les desvelen las vergüenzas.
Defender una democracia no es injerencia. Es decir, intentar que aquellos que perdieron las elecciones no intenten ganarlas espuriamente no es injerencia, es defender la soberanía de Guatemala.
Yo no voy a decirle al señor Alejandro Giammattei qué hacer, lo que creo que debiera hacer el Gobierno de Guatemala es garantizar que se va a producir un traspaso de poderes al vencedor de las elecciones, como así decidieron los ciudadanos de Guatemala, y no intentar utilizar ni escudarse detrás de terceros para para intentar evitar que se produzca.
Lo que deberían hacer todos los actores políticos en Guatemala es trabajar por garantizar el principio democrático, que es conseguir el poder en las urnas, puede tomar posesión, puede saber su programa de gobierno. Eso que tiene que hacerse dentro del más absoluto respeto al imperio de la ley.
La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad resolvió que se garantice la transición de todos los funcionarios electos, pero no necesariamente que debe cesar la investigación penal. ¿Cómo ve esta acción?
Si lo analizamos de una forma estrictamente formal, pues es muy positivo, lo que se está diciendo que se garantice que se cumpla con el principio democrático de que tienen que tomar posesión aquellos que fueron electos, y lo segundo es que el Ministerio Público tiene que investigar los procedimientos.
La pregunta es: ¿Por qué el MP investiga este tipo de procedimientos y sobre qué está fundamentando sus acusaciones? Por qué empezó a investigar es evidente, todo mundo lo sabe, también es evidente cuando empiezan las investigaciones.
Lo que está anunciando —la CC— es que esta es una instrucción que tiene como objeto poner en cuestión algo por intereses políticos.
Lo que ha hecho —la Corte— ha sido lo que tiene que hacer en el Derecho, que es aceptar el resultado electoral y permitir que, en este caso, el MP actué de oficio ante denuncias. Eso se llama el estado de Derecho. El problema está en quién está utilizando eso para intentar cuestionar el estado de Derecho.
Falta un mes para la toma de posesión. ¿Cómo ve el panorama político?
Pues, muy complicado, muy difícil. Queda menos para la toma de posesión.
Este no será el último obstáculo, pero lo que hay que garantizar es que el presidente electo tome posesión, que el gobierno pueda iniciar sus trabajos conforme al estado de Derecho y que nadie va a utilizar las instituciones para poner en riesgo su capacidad de gobernar.
Otra cosa es que después el presidente Arévalo tendrá que trabajar con un Congreso que tiene la mayoría en contra. Tendrá que hacer política, y nosotros ahí no intervendremos, porque eso es lo que pasa en cualquiera de nuestros países. La política es difícil.
Uno a veces no tiene mayoría en el Congreso y tienes que saber gestionar, negociar, pero lo que no se puede permitir es que nunca el juego de la democracia, el juego político de la alternancia, esté cuestionado por aquellos que no están acostumbrados a perder el control del presupuesto, a perder el control del poder y que intentan conseguir lo que no consiguieron en las urnas a través del control de las instituciones.
Que sepan que van a tener consecuencias, pero no solo a los a los que son públicos, —también— a los que están detrás. Si alguien piensa que va a poder seguir comerciando con la UE tan tranquilo si dan un golpe de Estado en Guatemala, se equivocan.
