Aunque reconoce que algunos de los señalados pueden afirmar que no les importa, la verdad es que nadie quiere estar aislado de EE. UU., principalmente el sector empresarial que mantiene negocios en ese país.
¿Al revisar la integración de la lista Engel, qué cree que busca EE. UU.?
Hay varios propósitos. Uno es cumplir con una ley de EE. UU. que requiere que el Departamento de Estado haga una investigación y señale a las personas que violan o de alguna forma socavan la democracia de los países y que, en alguna manera, por la corrupción violan requisitos y estándares internacionales con el uso del sistema financiero de los países.
Obviamente también se envían mensajes indirectos de falta de confianza con algunos sectores, sea del sistema judicial, del ejecutivo y del sector privado que tengan algún negocio en EE. UU. o con EE. UU.
En la lista de Guatemala figuran seis operadores de justicia y ningún funcionario del Gobierno. ¿Es cuestión de tiempo o qué mensaje podemos leer?
Que no hay confianza en los actores de justicia del país en este momento. Hay algunos que EE. UU. aún los acepta como legítimos, pero ha sido muy claro en señalar a la fiscal general, pero depende del contexto y situación en cada país. Por ejemplo, autoridades del gobierno de Honduras, Nicaragua y El Salvador han aparecido en esa lista y yo creo que en algún momento habrá autoridades de Guatemala.
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También se incluye a cinco empresarios ¿Cómo se debe entender esto?
Este mensaje no es para toda la iniciativa privada, pero obviamente para algunos que han sido bastante cuestionados, con quienes EE. UU. piensa que tiene evidencias de que tiene actos ilícitos. Hay que tener claro que no es una sanción amplia contra algún sector en específico es contra individuos. La lista puede ampliarse en el futuro, no me consta que así va a ser, pero siempre hay esa posibilidad.
¿Cree que esta lista tenga algún efecto para algún sector en especial en Guatemala?
Yo sé que es normal que los sancionados digan que no les importa ni impacta, pero francamente yo siento que el ser señalado y aislado de EE. UU. sí tiene un impacto. Quizás el impacto mayor no es tanto en la persona designada, sino en los otros que piensen, ‘van a sancionar a tal persona’ y saben que se les hará más complicado hacer negocios en EE. UU. Eso es parte del propósito, no solo mandar un mensaje a los sancionados, sino a los demás, a los que dicen ‘yo puedo hacer lo que me parezca sin ninguna consecuencia’. EE. UU. les dice que pueden hacer lo que quieren, pero no pueden gozar de los privilegios de tener presencia en este país ni gozar de los beneficios de inversiones y del uso del sistema bancario internacional.
¿Pero esta lista no les impide utilizar el sistema financiero internacional?
Esta lista está basada en la Ley 353 que limita el uso de visas y la presencia de personas en EE. UU., puede que no les afecte directamente a su cuenta bancaria, pero hay otras leyes, la 7301, Ley Magnitsky, yo diría que este es un primer paso en ese camino. Si el Departamento de Estado designa a una persona, puede que el Departamento del Tesoro empiece una investigación que lleve a otro tipo de designaciones que limiten su capacidad de usar el sistema financiero. Además, a todos los empresarios de EE. UU. se les hará difícil hacer alianzas con personas designadas, tal vez no legalmente, pero si será más difícil. De esa forma casi indirecta es como les puede afectar.
¿Por qué se les hace difícil concretar estas alianzas o negocios con una persona designada en la lista Engel?
Porque ellos —los empresarios estadounidenses— no querrán estar bajo la sospecha de EE. UU. Si piensan invertir con personas que han sido designadas por el Departamento de Estado, aunque no sean sancionados, habría un nivel de vigilancia hacia ellos por haber hecho estas alianzas con personas designadas.
Tomando en cuenta que a algunos de los personajes designados no les importa figurar en la lista ¿Qué acciones adicionales podría adoptar EE. UU.?
Hay varias leyes y niveles de sanciones. Esta es una, pero hay otras como la lista Magnitsky que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos. Si alguna persona en Centroamérica quiere jactarse que ha sido sancionado, pues está en todo su derecho, pero francamente no veo qué beneficio puede sacar de ser sancionada y aislada de EE. UU. Tal vez piense, ‘bueno pues vamos a Europa’, pues que tenga en cuenta que Europa también está sancionado a personas y yo sé que ha habido casos en que EE. UU. ha hablado con Europa sobre buscar sanciones mutuas.
Algunos de los afectados dicen que esta lista es una intromisión en asuntos internos. ¿Qué opina de eso?
Esta es una ley de EE. UU. que el Departamento de Estado está cumpliendo, no es un acto jurídico en Guatemala, solo una decisión y una conclusión sobre ciertas personas, pero los países están en libertad de hacer lo que quieran no veo eso como una intromisión. Guatemala envía lobistas a Washington a hacer lobby en contra del exembajador de EE. UU. —Todd Robinson— y sobre muchos temas en favor de la impunidad, eso sí creo yo que es una intromisión, pero esto es simplemente cumplir con la ley de EE. UU. y no obliga al Gobierno de Guatemala a hacer nada, simplemente dice que EE. UU. no va a apoyar a personas que son corruptas y que son antidemocráticas y la cooperación de EE. UU. es de EE. UU. de nadie más, tiene derecho a hacerlo.
#Comunicado | El Gobierno de Guatemala lamenta y rechaza que en la publicación de la denominada Lista Engel se incluyan a personas de origen guatemalteco sometidas a juicios de valor.https://t.co/3P6CZDoMSy pic.twitter.com/bYUyyq1e7t
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 23, 2022
Los detractores también argumentan que viola la presunción de inocencia. ¿Qué tan sólidos son los indicios que tiene el Departamento de Estado para incluir a una persona?
Aquí hay que ser muy claro. Nadie dice que esto es un proceso jurídico, no hay un juzgado que juzga, simplemente es una investigación interna que dice que EE. UU. no va a colaborar o ayudar a actores que piensan que son corruptos. Yo creo que a veces las autoridades en Centroamérica se confunden y piensan que esto es un proceso jurídico. No lo es, es un proceso autónomo en el que EE. UU. decide con quién y cómo va a trabajar. Ahora, sí me consta que los criterios —para designar a alguien— del Departamento de Estado, de Justicia y del Tesoro son altísimos y ellos toman muy en serio las investigaciones, no es por nada que designan gente.
Justicia es la principal preocupación
En Guatemala, analistas consideran que el listado refleja que la justicia es una de las principales preocupaciones de EE. UU. en el país a nominar a seis operadores, entre jueces y fiscales.
“Si el Ministerio Público y los tribunales no funcionan bien de qué sirve que haya leyes que castiguen a los corruptos si no se van a cumplir”, cuestionó Luis Padilla, exembajador y ex vicecanciller.
Padilla coincidió con que el Departamento de Estado elaboró el listado con fundamentos sólidos y no solo por publicaciones de prensa, rumores o porque así lo dicen las redes sociales.
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“EE. UU. está preocupado por la cantidad de dinero que se está dilapidando de los fondos públicos, por el saqueo que hay en el país porque eso resta posibilidades de inversión pública para atender las necesidades del país”, añadió.
Por su parte, el internacionalista y profesor universitario Pablo Rangel añadió que las medidas que puede adoptar EE. UU. pueden ir en aumento y que la lista Engel es solo un primer paso. A la vez expuso que la publicación de esta es una especie de escarmiento mediático que también tiene como objetivo manipular la opinión pública.
La justicia es de especial preocupación para Washington, considera el analista. Sobre todo al notar que las redes de corrupción pareciera que han colocado en puestos clave a ciertos operadores que procuran que siga funcionando ese círculo, subrayó.
