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El abogado también resalta que al emplear certificaciones de papel para conducir se abren nuevamente las puertas a la falsificación de documentos que tienen validez no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica y otros países con los que se tienen relaciones diplomáticas.
El analista explica que el Ministerio de Gobernación tiene la competencia jurídica para prestar este servicio, pero que no ha desarrollado la infraestructura administrativa, ni la tecnológica pasa eso, por lo que va a generar documentos cada vez menos seguros y con mayores posibilidades de falsificación”.
“Lo mismo pasa con los pasaportes y cuando empiezan a ser más vulnerables también empezamos a perder como ciudadanos. Lo mismo sucede con las placas de circulación que son de cartón que también son altamente falsificables”, comenta Saavedra.
Buscan fomentar corrupción
El abogado Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), considera que esta crisis lo que busca es fomentar la corrupción, porque el Departamento de Tránsito -que forma parte del Ministerio de Gobernación- esperó hasta el último momento sabiendo que solo participaría Maycom y “luego le pusieron trabas”.
Con esto hechos pusieron en práctica el dicho de: “en río revuelto ganancia de pescadores” y el resultado será licencias falsas, cobros indebidos y, finalmente, “adjudicar el contrato a una empresa que no cumpla los requisitos, pero que pertenezca a alguien a que quieran beneficiar”.
Excelente ejemplo de certeza jurídica
El abogado Alejandro Balsells asevera que la propuesta de emplear certificaciones de papel “es un excelente ejemplo de cómo este gobierno entiende lo que significa certeza jurídica. Este planteamiento es una invitación a la corrupción”.
El abogado constitucionalista afirmó que tanto la licencia de conducir como las placas de circulación de papel pueden inducir a los ciudadanos a la corrupción pues todo aquel que tiene vehículo lo tiene que usar” y como ambos documentos se destruyen fácilmente encontrará problemas con la PNC y “los malos policías querrán ‘mordida’”.
“Yo he visto varios vehículos que circulan con las placas rotas, incluso, a un amigo le retiraron su automóvil porque las placas se destruyeron y se tardó más de un mes en sacarlo el predio de la PNC”, ejemplifica Balsells.
El constitucionalista señala que es “ridículo y una vergüenza esta propuesta, vamos en retroceso en todo el sentido de la palabra. Los errores eran subsanables, porque en una licitación hay requisitos indispensables y no indispensables, lo que busca este Gobierno es devolver el país en pedazos”.
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