Una de las implicaciones que genera la falta de recepción de la obra es que el Civ no ha podido realizar reparaciones tras los más de 20 deslaves que se han registrado en el tramo carretero desde que se inauguró.
De momento, los trabajos de reparación han estado a cargo de la constructora y el costo de estos ascienden a Q16.5 millones, según la empresa.
Conasa asegura que desde el 29 de marzo de 2019 entregaron a la Dirección General de Caminos (DGC) un oficio con la solicitud para que recibiera la obra. Además, también entregaron las fianzas de conservación y la fianza de saldos deudores, junto con otros requisitos.
“(Sin embargo), se percibe desinterés por parte de los funcionarios para culminar el proceso de recepción que como se indica empezó desde el 2019”, manifestó la entidad en una respuesta institucional a consultas hechas por este medio.
Asimismo, manifestó que la omisión del Civ le podría generar cargos no previstos y no descartaron que en un futuro el Estado tenga que reintegrar el dinero invertido en las reparaciones.
“Las implicaciones de no recibir la obra consisten en que el Estado debe pagar más porque se generan cargos no previstos. La Contraloría General de Cuentas es clara en cuanto a que las obras deben ser recibidas posterior al plazo de ejecución, situación que no se ha he hecho efectiva en el caso del proyecto”, manifestó Conasa.
Omisión lesiva
Eddy Cux, de Acción Ciudadana, considera que hay varios elementos que analizar en el caso del Libramiento de Chimaltenango, empezando por la mala calidad de la construcción que ha provocado deslaves en múltiples ocasiones.
Luego, hay que advertir que hay una omisión sistemática por parte del Civ en no liquidar obras de construcción y esto resulta lesivo a los intereses del Estado.
“El Civ realmente ha omitido de forma sistemática recibir este tipo de obras. No es la primera vez que pasa, sucedió también con la carretera de Odebrecht. Ha sido una mala práctica que ha tenido desde los años 90. No se finalizan las obras y eso genera sobrecostos y ampliaciones de contratos. Hay carreteras que ni existen y se les paga mantenimiento, aunque no es este el caso. Pero el hecho que no se finalice con la entrega hace que no se tenga certeza sobre las obras y se provoca costos administrativos, financieros y operativos”, advirtió Cux
“Podrían existir responsabilidades administrativas y penales si se está retrasando la obra de forma maliciosa”, dijo Cux.
Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, considera que si bien hay un proceso penal donde se esclarecen responsabilidades de exfuncionarios públicos por las deficiencias en la construcción del libramiento, esto se debe separar de cualquier proceso administrativo.
“El tema penal es independiente del expediente de la obra. Imagino yo que, al momento de plantearse el cao penal, se hicieron peritajes y recolectaron demás pruebas. Pero una vez hecho esto, el Civ podría liquidar la obra. Creo que hay un retardo que es malo para los intereses del Estado”, dijo Ortiz.
Asimismo, advierte que, si existe una omisión intencional y maliciosa de parte del Civ para no recibir la obra, podría haber un incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios responsables.
Para esta nota se intentó consultar al Civ las razones por las que no se ha recibido la obra después de más de tres años, pero al cierre de esta nota no hubo ninguna explicación. En ocasiones anteriores, el ministerio se he negado a dar explicaciones aduciendo que hay un proceso penal en curso.
Excusas
Durante la temporada de lluvia el presidente Alejandro Giammattei dijo a medios de comunicación que no pueden hacer reparaciones en el Libramiento de Chimaltenango porque el caso está judicializado. Sin embargo, esto no es cierto.
Tanto el MP como la Contraloría General de Cuentas (CGC) negaron que haya una instrucción legal al Civ consistente en abstenerse a intervenir la obra.
“La Fiscalía contra la Corrupción está a cargo de esa investigación. Sin embargo, no existe una medida o alguna orden decretada por algún órgano jurisdiccional que impida al Micivi poder ejecutar algún arreglo o remozamiento. La obra aún no ha sido adjudicada por parte del CIV y al no estar adjudicada al ministerio sigue estando bajo administración de la entidad Conasa S.A., que es la que realiza las reparaciones cuando existe un derrumbe en el libramiento”, explicó el vocero del ente fiscal.”, manifestó el MP.
Debido a presuntos actos de corrupción en la construcción del libramiento, hay un total de 23 personas que enfrentan juicio, mientras que el exministro de comunicaciones José Luis Benito tiene pendiente la audiencia de etapa intermedia, donde se definirá si es enviado a debate oral y público por el delito de fraude.
