La iniciativa, conocida como “Ley Renacer” aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y luego recibir el aval de la Casa Blanca para que se convierta en ley, sin embargo, desde ya comienza a despertar inquietudes, no solo en Nicaragua, sino en el resto de la región.
Dicha iniciativa de ley que tuvo el apoyo de ambos partidos en el Senado surge después de una serie de detenciones, consideradas arbitrarias por EE. UU. de líderes opositores a Ortega, dentro de los cuales hay potenciales contendientes a la presidencia de ese país, que podrían competir en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.
De convertirse en ley, se obligaría al Gobierno de EE. UU. a hacer gestiones diplomáticas con otros países para que impongan sanciones a Nicaragua; asimismo, también serían sancionadas aquellas personas que obstruyan directa o indirectamente la realización de elecciones libres, justas y transparentes en este país.
Revisión del Cafta
Aunque la Ley Renacer contiene otros puntos importantes, el que más inquieta a la región es la revisión que se pide al poder ejecutivo estadounidense de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU. (DR-Cafta, en inglés y TLC, en español).
Este acuerdo, al cual Guatemala pertenece desde el 1 de julio del 2006, ha facilitado el comercio y la inversión entre el país y EE. UU. mediante la eliminación de los impuestos a las importaciones y otras barreras al comercio de productos y servicios, según el Ministerio de Economía.
Aunque el volumen de importaciones que entran al país desde EE. UU. es extremadamente superior al de las exportaciones, Guatemala ha exportado a ese país cerca de US$52 mil millones desde el 2006, año en que entró en vigor el acuerdo.
Medidas
La inquietud en el país ocurre no solo por los inevitables impactos económicos que causaría una salida de Nicaragua del TLC, sino porque políticamente podría ser una señal para el resto de los países que forman parte del acuerdo, sobre todo Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyas democracias, según EE. UU., también atraviesan un proceso de debilitamiento.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández ha sido señalado de colaborar con el narcotráfico. En El Salvador, un reporte oficial acusa de corrupción a aliados del mandatario Nayib Bukele, mientras que en Guatemala, por el momento, la lucha parece ser a nivel judicial en donde se han emitido fuertes críticas en contra de decisiones de fiscal general Consuelo Porras.
El catedrático universitario e internacionalista Williams Álvarez opina que la Ley Renacer podría ser una apuesta de EE. UU. en contra de Nicaragua, pero para que la tomen en cuenta los países del Triángulo Norte de Centroamérica, algo así como “se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro”.
“EE. UU. siente temor de que los otros países sigan el ejemplo de Nicaragua y está mostrando que está dispuesto a usar herramientas económicas de presión”, apuntó el analista.
Por tal razón afirma que la Ley Renacer va con dedicatoria a los cuatro países centroamericanos. “EE. UU. no hace nada sin pensarlo bien y nos conoce mejor que nosotros mismos”, dijo Álvarez. Hasta ahora “ha querido presionar a las élites sin perjudicar a la población”, pero una forma de aumentar la intensidad de la presión sería por la vía económica, añadió.
Más presión
Estas son las acciones que requerirá la Ley Renacer si es que llega a cobrar vigor (Fuente: Senado de EE. UU.):
- Acciones diplomáticas y sanciones específicas para promover elecciones democráticas.
- Pide al poder ejecutivo de EE. UU. revisar la participación de Nicaragua en el TLC.
- Ampliar la supervisión de préstamos de las instituciones financieras a Nicaragua y reafirmar la exención legal existente para proyectos humanitarios.
- Impulsar y coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea.
- Agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción.
- Requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno y la familia de Daniel Ortega y de las actividades del gobierno ruso en Nicaragua.
- Requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de EE. UU.
- Requiere informes sobre abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.
Preocupación
Para Vicki Gass, consultora independiente en temas de Centroamérica y quien radica en EE. UU., la iniciativa Renacer tiene buenas posibilidades de convertirse en ley, no obstante, aunque puede ser modificada, no cree que en estos momentos se incluya a otro país de la región para que sea revisada su participación en el DR-Cafta.
Sin embargo, Gass considera que el Gobierno de Joe Biden “sí está investigando si debe hacer algún análisis del tratado para los otros países”.
Vicky Gass, consultora independiente
Vicky Gass, consultora independiente
En Centroamérica, no solo en Nicaragua, estamos enfrentando problemas de concentración del poder en el Ejecutivo y el aumento de estados que están siendo capturados por las mafias e intereses de sectores económicos privados poderosos.
De esa forma, adoptar medidas económicas puede ser el siguiente nivel de presión de EE. UU. después de que, en el caso de Nicaragua, ha emitido sanciones en contra de muchos políticos, pero Daniel Ortega sigue en el poder.
Entonces, enfatizó Gass, el propósito de la Ley Renacer también es darle a los Gobierno del resto de Centroamérica una especie de advertencia de que si no cambian van a revisar el DR-Cafta, ya que sería una forma de sancionarlos al no respetar la separación de poderes y no fomentan la democracia.
Según Gass, hay una alta preocupación del Gobierno de EE. UU. porque se está viendo en Centroamérica un deterioro democrático que no se vivía desde hace 30 años y si no mejoran las cosas “va a haber más gente en la frontera” —migración—.
Continuarán presiones
Mientras tanto el analista en temas internacionales Jorge Wong expuso que las medidas drásticas como las que la Ley Renacer plantea contra Nicaragua aún no se contemplarían para Guatemala porque este país aún no ha llegado al caos político —considerado dictatorial por EE. UU.— que tiene aquel, u otros como Venezuela.
Wong opina que EE. UU. le apostará por aumentar la presión hacia los gobiernos, por ejemplo, aprovechando el conocimiento sobre casos de corrupción que pueda tener el exfiscal contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, y filtrarlos a la prensa.
El objetivo sería hacer crecer la indignación de la población para que manifieste y exija un cambio.
“Creo que la cuestión aquí va a ser más directo hacia las personas y funcionarios públicos, sobre el presidente o la fiscal Consuelo Porras porque ya generó bastante desconfianza no solo en Guatemala, sino en la comunidad internacional”, aseveró el analista.
Golpe fuerte
El sector económico guatemalteco coincide con que la eventual salida de Nicaragua del TLC con EE. UU. sería un golpe duro para la economía de ese país y del resto de centroamericanos que forman parte del tratado, debido a que estas naciones interactúan entre sí para, al final de los procesos, exportar a EE. UU.
En ese sentido, la cadena logística centroamericana está integrada por varios sectores, manufactura, alimentos, textiles y materias primas, por ejemplo. Estos productos cruzan las fronteras de la región amparados en el DR-Cafta.
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham).
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham).
Si Nicaragua quedara fuera del tratado implicaría una disrupción en la cadena logística y de suministro, no total, pero sí en cuanto a productos y materias primas nicaragüenses.
Por lo cual, si se concreta una acción de ese tipo, tendría más impacto en Nicaragua, pero sí afectaría a toda la región.
“Si ellos quedan fuera del tratado, sobre todo perdería competitividad su sector de manufactura textil. Ese sector es muy sensible a variaciones en costos, por lo que se trasladarían a otros países”, advirtió Carrasco.
Certeza jurídica
Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), dijo que la salida de Nicaragua sería un “golpe duro” para la industria textil.
Explicó que hoy en día se envían cerca de 50 millones de libras de tela a ese país —la mitad de lo que exporta Guatemala—, desde donde se confeccionan prendas que son enviados a EE. UU.
Alejandro Ceballos, vicepresidente de Vestex.
Alejandro Ceballos, vicepresidente de Vestex.
No poder sacar mercadería de Nicaragua sería terrible para muchas cadenas de tiendas que hoy en día dependen más de nosotros que antes de que comenzara la pandemia.
Pero la preocupación más grande, si se llega a concretar la salida de ese país del TLC, es el mensaje de inseguridad jurídica que se transmitiría al resto. Durante años el tratado se ha mantenido alejado de cuestiones políticas precisamente para evitar que se tomen decisiones por el hecho de que un gobernante o régimen no sea del agrado de otro de los países miembros.
Aunque la salida de Nicaragua podría representar más oportunidades de empleo para Guatemala, el beneficio no se compara con los daños que causaría la medida, admite Ceballos. Lo malo, agrega, es que si el día de mañana en cualquier país queda un presidente que no le gusta EE. UU. también se perderían los negocios.
“Nunca he entendido por qué se pelean con la economía, si la gente que sale a trabajar no tiene la culpa”, subraya Ceballos.
¿Será sencillo?
El abogado Luis Pedro Cazali, abogado especializado en comercio exterior, indicó que en el DR-Cafta no está previsto expulsar a un país a través de alguna cláusula democrática, como suele haber en otro tipo de convenios o tratados, por lo cual la Ley Renacer lo que hace es facultar al Gobierno de EE. UU. para que revise la manera de hacerlo.
Agregó que la expulsión de Nicaragua no será algo “tan sencillo” puesto que en el tratado no está regulado dejar fuera a un país por motivaciones que no sean comerciales.
En todo caso, concretar la medida podría tomar años. Sin embargo, EE. UU. podría hacer uso mecanismos para expulsar a un país de facto, expuso Wong; por ejemplo, las certificaciones que cada país necesita para que sus productos sean comercializados en aquel mercado.
El vicepresidente de Vestex dijo que si EE. UU. pretende sacar a Nicaragua tendría que contar con el consenso del resto de naciones involucradas. No obstante, admite que “Estados Unidos es Estados Unidos, el socio que nos compra todo y si el comprador dice que lo quiere sacar habrá que seguir los mecanismos para hacerlo”.
