Los diputados Manuel Conde, Jorge García Silva y Mynor Mejía introdujeron una moción para alterar el orden del día que contenía un punto resolutivo para llamar al Ejecutivo que adopte medidas frente al brote de coronavirus, pero en esa misma propuesta se incluía, en el punto sexto, la iniciativa 5257, ley de ONG.
Posteriormente Conde planteó otra moción que ponía la ley de ONG en el punto cuarto, lo cual fue leído rápido por la junta directiva y consiguió los votos, pero despertó el reclamo de los opositores porque ese proyecto legal no estaba consensuado y defendieron el rol de esas organizaciones. También repudiaron que han vuelto las malas prácticas que desprestigian al organismo.
Algunos diputados de UNE y URNG abandonaron posteriormente el hemiciclo.
Sonia Gutiérrez Raguay, de Winaq, dijo que la ley vendría a interrumpir el puente que existe entre la población, oenegés y el Estado. Aldo Dávila Morales, de Winaq, apeló a los diputados a que vean que las oenegés llenan los vacíos que no cubre el Estado. Ramón Castellanos, del Movimiento Semilla, dijo que hay una reacción de limitar garantías de asociación tiene implicaciones que afectan la democracia y apeló a un sistema plural. Evelyn Morataya, de Bien, dijo en Twitter que la ley de ONG “es una puerta abierta para limitar derechos y libertades civiles y políticas de la ciudadanía guatemalteca”. Agregó que votó en contra porque el proyecto fue presentada de forma “opaca y sin discusión”.
Samuel Pérez, de Semilla, expuso en Twitter que el congresista Felipe Alejos fue el promotor de esa maniobra, la cual fue aprobada con el “mínimo -de votos-, sin discusión y corriendo” y alertó a la ciudadanía a que esto podría repetirse para la elección de cortes judiciales.
Shirley Rivera Zaldaña, de Vamos, dijo que no debe haber inconformidad con que las organizaciones sean fiscalizadas. Carlos Roberto Calderón, de Vamos, dijo que quienes fueron votaron en contra de la moción deberían aceptar el resultado del tablero, pero que el Congreso debe dar resultados a la población y reprobó que hayan abandonado el hemiciclo.
Posteriormente, con 83 votos a favor, el Congreso se declaró en sesión permanente.
Durante la votación por artículos, Rodolfo Neutze, de Creo, pidió por escrito los artículos o que la secretaría leyera más despacio porque no se conoce el contenido del proyecto de ley.
Durante la última fase de la aprobación, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, dijo en Twitter que las ONG necesitan un marco regulatorio actual y moderno “que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos”.
Lo aprobado
Las ONG deberán registrarse según estas orientaciones: caridad, servicios, participativa, incidencia, investigación, deportiva, cultural, defensa, generación de ingresos desde lo local, fortalecimiento institucional, medio ambiente y formación ciudadana. Según su área de actuación: base comunitaria o nacionales, y según su forma de constitución: desarrollo, asociación, fundación, federación y confederación.
El artículo 7 aprobado establece que las ONG deberán responder con su patrimonio por las obligaciones que contraigan.
Según el artículo 10, para obtener la personería jurídica, las ONG deberán inscribirse en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y luego deberá inscribirse en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) únicamente al momento de constituirse y al hacer cambios en su escritura de constitución o cambio de directiva o representación legal. Si manejan fondos públicos deberán registrarse en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Contraloría.
El artículo 13 establece que ninguna donación o financiamiento puede usarse para actividades que alteren el orden público o será cancelada y sus directivos deberán responder civil o penalmente. En el caso de los asociados no podrán formar parte de una ONG dentro de un plazo un menor de dos años. Lucrecia Hernández Mack, de Semilla, dijo que ese artículo, así como otros de la ley, violan derechos civiles y políticos. Por su parte, Lázaro Zamora, de Unionista, señaló que este artículo salva la soberanía de la nación.
El artículo 14 ordena que las organizaciones deberán publicar en cualquier medio su balance general al cierre de operaciones de cada ejercicio contable. También deberán llevar libros de contabilidad y estados financieros en sistemas electrónicos, habilitados por la SAT.
Los diputados improbaron el artículo 22 que daba facultades al Estado para vigilar a las ONG y de intervenirlas cuando el interés u orden público lo requiriera.
Giammattei se pronuncia
Un día después de que el Congreso aprobara una reforma que busca fiscalizar a las ONG, el presidente Alejandro Giammattei expresó que revisará la ley de oenegés aprobada para determinar si la veta o la sanciona. “La Ley tiene que regir en todos” afirmó.
Añadió que la desconoce esta ley en su redacción y artículos finales.
Dijo que Guatemala está urgida de una cultura de transparencia y que “muchísima gente les pide transparencia a los gobiernos, pero se niegan a ser transparentadas sus operaciones”.
Añadió que la desconoce esta ley en su redacción y artículos finales.
Agregó que Guatemala está urgida de una cultura de transparencia y que “muchísima gente le pide transparencia a los gobiernos, pero se niegan a ser transparentadas sus operaciones”.
Al consultarlo del por qué se tiene que fiscalizar los fondos donados por entes internacionales a las ONGS si estos no son dados por el Estado, Giammattei respondió: “Seamos enfáticos en algo, entra dinero a Guatemala bajo el paraguas de ONGS que no se sabe la procedencia, no se sabe su destino y no se sabe en qué va a beneficiar”.
Afirmó que han tenido algunos casos en los que ha entrado dinero y se ha utilizado para financiamiento de actos delictivos, aunque dijo desconocer detalles, ya que han sido casos denunciados en años anteriores.
“Las ONGS que están correctamente actuando, yo no creo que tengan problemas en decir miren estos son los fondos que recibo y los utilizo en esto”, señaló.
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