EE. UU. detalló que ambos fueron sancionados con base en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos, Global Magnitsky, (Ley Magnitsky) que persigue a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción en el mundo.
¿Pero que significan esas sanciones y qué repercusiones pueden alcanzar?
El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) indicó que todas las propiedades e intereses de Gustavo y Felipe Alejos que se encuentran en EE. UU., o bien sea que estén en posesión o control de personas estadounidenses, quearán bloqueadas.
También se bloquea cualquier entidad que sea de su propiedad, directa o indirectamente, o si es propietario del 50 por ciento o más.
Las regulaciones de la Ofac por lo general prohíben todas las transacciones estadounidenses, dentro del país, o en tránsito, que involucren cualquier propiedad de las personas sancionadas, e impide la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios en favor de estos.
Es la “muerte financiera”
Christians Castillo, politólogo
La Ley Magnistky se aplica a aquellas personas vinculadas por las autoridades de EE. UU a las violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Dada su naturaleza que limita cualquier relación financiera de los sancionados con EE. UU. es considerada como una “muerte financiera”, puesto que ninguna entidad de ese país, incluso bancos o empresas emisoras de tarjetas de crédito, pueden hacer negocios con estas personas o sus empresas.
Asimismo, las instituciones financieras estadounidenses no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados. En Guatemala, prácticamente, todos los bancos e instituciones financieras tienen flujos de transacciones con sus pares en EE. UU.
En síntesis, una persona que es sancionada no puede hacer transacciones financieras ni de negocios con empresas locales ni estadounidenses.
Tienen bienes
El internacionalista Jorge Wong considera que tanto Gustavo como Felipe Alejos tienen algún tipo de bien en EE. UU., ya sea a sus nombres o de testaferros, porque de los contrario este país no hubiera aplicado la Ley Magnitsky.
Añadió que la aplicación de esta ley es un instrumento de lucha contra la corrupción, pero también político, y en ese sentido destacó que las sanciones se anunciaron el mismo día que la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, habló con el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, para buscar soluciones a la migración irregular.
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EE. UU. está “poniendo sobre la mesa cuál va a ser la prioridad de Kamala Harris en la búsqueda de una solución en el país”, indicó Wong. “Eso es una señal de que la propuesta de la lucha contra la corrupción va en serio”.
Repercusiones
El analista político Christians Castillo dice que las sanciones hacia a los Alejos es un mensajes “claro y contundente” de EE. UU. ya que, a través de la Ofac, inmoviliza el dinero, “lo que más le duele a los corruptos”.
“Todos aquellos que quieran o decidan continuar apoyando la corrupción, ahí tienen el ejemplo”, subrayó Castillo porque ni “Gustavo Alejos con toda la influencia y poder que ha tenido en los años recientes ha logrado romper el brazo de la justicia que lo alcanzó”.
En cuanto al diputado Felipe Alejos, Castillo dice que el mensaje que también busca enviar EE. UU. es para todos aquellos que utilizaron sus servicios, como las estructuras empresariales que operaban bajo su amparo, en el caso en el que presuntamente intermedió para beneficiarlos con la devolución del crédito fiscal, un caso por el cual el Ministerio Público (MP) lo señala, pero que no ha logrado que los tribunales le retiren el derecho de antejuicio.
Jorge Wong, internacionalista
“Ahora vemos como EE. UU. sube el todo y utiliza todos los instrumentos necesarios para mandar el mensaje de que las cosas no están bien”, dijo.
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Busca socios
Para Castillo, EE. UU. todavía espera en el Gobierno de Guatemala a un socio confiable, por esa razón espera que al “mover los hilos” en el Ejecutivo puedan moverse también los del Congreso.
De esa forma, agregó, hasta el momento no se han escuchado mensajes de confrontación desde Washington, mientras que, por parte de Guatemala, no ha habido más que algunas “rabietas” de Giammattei por ciertos temas puntuales, como cuando se quejó de poca ayuda de EE. UU. cuando comenzaba la pandemia.
Sin embargo, la prueba de fuego, subraya el politólogo, será la elección del próximo fiscal general, ya que el MP es una institución clave para la lucha contra la corrupción que apoya EE. UU.
“Si Giammattei no se ajusta a los lineamientos y parámetros que EE. UU. ha venido buscando en el MP, como un socio en el combate a la migración, la corrupción y el narcotráfico, puede haber un resquebrajamiento de fondo que podría poner en riesgo la relación entre ambos países”, señaló Castillo.
Además, no duda en que las sanciones dadas a conocer este lunes ya tienen repercusiones pero que posiblemente muchas de ellas se manejen con discreción ya que la muestra contundente la dio EE. UU. con actores que ya “nadie responde por ellos”, en el caso de los Alejos, pero que con “otros actores que estén irrespetando o transgrediendo los límites de la relación, les harán llegar los mensajes que importantes” para que enmienden sus acciones.
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De no obtener frutos con estas acciones, EE. UU. podría pasar a un segundo nivel que es el que “todos los guatemaltecos esperan”, dice Castillo, o sea, podría dar a conocer nombres de diputados, ministros y otros funcionarios señalados de corrupción, como lo hizo este lunes con Gustavo y Felipe Alejos.
Intereses en común
En cuanto a que también Reino Unido se sumó a sanciones, en este caso en contra de Felipe Alejos, Wong considera que este país ha tenido una relación histórica con EE. UU. y ahora, ya fuera de la Unión Europea, “tiene más poder de discrecionalidad” para ejercer su política exterior.
“Hay objetivos en común, esto para Guatemala significa que los dos países están interesados en apoyar” cualquier iniciativa que tienda a evitar la migración irregular, destacó el internacionalista, quien no duda en calificar esta apertura a cooperar como “una oportunidad de oro” para que el país obtenga beneficios económicos y para la comunidad migrante, por ejmplo.
No son los primeros
Antes de la designación de Gustavo y Felipe Alejos, el exdiputado Julio Juárez Ramírez también era parte de la lista de sancionados por la Ley Magnitsky, y quien también figuraba en a la lista Ofac.
Desde que se incluyó en esa lista las entidades financieras y empresas dejaron de tener relaciones comerciales y de negocios a nombre del exlegislador.
Juárez Ramírez es señalado de la muerte del periodista Danilo López, hecho ocurrido el 10 de marzo del 2015. Su juicio comenzó el pasado 16 de noviembre, pero todavía no hay un veredicto. En octubre de 2017 Sergio Waldemar Cardona fue condenado a 30 años de prisión inconmutables por el mismo crimen.