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Acción Ciudadana (AC), acuerpada por otras ONG y sindicatos, presentó este 12 de febrero un recurso de amparo en la Corte contra la reforma a la Ley de ONG y al Código Civil que aprobó ayer el Congreso.
La organización enumeró algunas de las irregularidades del decreto 4-2020: atenta contra la libertad de acción, organización, manifestación y resistencia pacífica a que tienen derecho todos los ciudadanos y quienes se organizan como ONG.
Asimismo criticó que el proceso de aprobación fue opaco, poco transparente, sin apertura a la discusión y análisis a lo interno del hemiciclo.
“Es claro que dichas reformas van encaminadas a limitar el trabajo de las ONG y responden a una agenda oscura del pacto de corruptos, que ven en la sociedad civil organizada una limitante a sus actos ilegítimos y al saqueo de los recursos públicos”, sostuvo AC.
Un comunicado de la organización resalta que las ONG “siempre se han caracterizado por apoyar las más diversas causas sociales, ambientales, cívicas y de auto ayuda; pretender acallar o limitar sus actuaciones solo conlleva vedarle al país una de sus acciones básicas para el desarrollo”.
También llama la atención en cuanto a que la reforma deja “un amplio margen de discrecionalidad” para que personas que ejercen puestos de autoridad en la Superintendencia de Administración Tributaria, Contraloría General de Cuentas y Ministerio de Gobernación puedan limitar o incluso cancelar las ONG.
El diputado de Winaq, Aldo Dávila, también planteó un amparo, acompañado de organizaciones indígenas.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo en Twitter que el decreto viola los derechos humanos y pidió que el presidente Alejandro Giammattei la vete.
Consultado en conferencia de prensa, Giammattei pidió tiempo para analizar el decreto, pero resaltó que la cultura de transparencia debe ser “para todos”.
Dijo que a Guatemala entra dinero hacia ONG pero no se sabe la procedencia ni el destino y que ha habido casos donde se ha malutilizado ese recurso para actos delictivos. Asimismo sostuvo que una ONG transparente no tendrá inconveniente en hacer público quién la financia y para qué lo utiliza.
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Cacif
Según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), hay ONG que realizan una contribución positivo al desarrollo de Guatemala, apoyo humanitario y mejoramiento de servicios básicos, incluyendo a las que surgen del sector privado.
Sin embargo, también expuso que las ONG se han utilizado para generar acciones de ingobernabilidad, lavado de dinero, corrupción y mal uso de fondos público. “La exigencia de que toda organización cuente con registro legal y rinda cuentas de forma transparente del manejo que haga de fondos públicos es válida y necesaria”, afirmó.
El comité informó que hace un análisis sobre el contenido y sus implicaciones, al tiempo que señaló que ninguna norma puede impedir garantías constitucionales como el derecho legítimo de defensa y libertades individuales, entre otros.
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Otras voces
El Movimiento Cívico Nacional dijo que preocupa que la reforma otorgue poderes arbitrarios y límites a las autoridades para, incluso, cancelar las ONG sin derecho a un debido proceso. Por otra parte, manifestó que es importante cumplir con transparencia sobre la proveniencia y gaste de fondos, pero sin poner en riesgo derechos constitucionales, especialmente la libertad individual.
Seguridad en Democracia comunicó que repudia la reforma porque violenta los derechos de asociación, libre expresión y petición.
La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) se sumó al rechazo porque, dijo, atentan contra la libertad de organización, expresión y voluntariado social, y busca limitar la labor de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil.
La Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) dijo en Twitter que que se debe respetar y garantizar las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos. “La reforma a la ley de ONG podría afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada”, señaló.
La Fundación Myrna Mack afirmó que la ley de ONG viola cinco artículos constitucionales: la libertad de acción, derecho de asociación, libertad de expresión, las relaciones internacionales y la supremacía constitucional. Al mismo tiempo considera que es falaz el argumento de que la reforma permitirá regular la actividad de las ONG en asuntos financieros porque ya hay normas en ese sentido, por lo que los intereses de los diputados son espurios.
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