Al menos de esa forma la califican bancadas en el Congreso, tanto bloques de oposición como aquellas que integran la alianza oficialista.
Los cambios en esta ley serán aplicados para el ciclo escolar 2022, año que ya se perfila clave de la futura contienda política por ser preelectoral.
Entre algunos de los cambios más destacados figura un aumento de inversión para cada niño de preprimaria y primaria, donde el Ministerio de Educación (Mineduc) pasará de invertir Q4 a Q6.
Según estadísticas del propio Mineduc para este año se contabilizan 568 mil 280 niños inscritos en preprimaria, al hablar de educación primaria los estudiantes inscritos aumentan a 2 millones 680 mil 623.
Con los cambios a la ley también se deben incluir a los estudiantes de básicos y diversificado, esto para el futuro ciclo escolar del 2023, donde la inversión diaria para cada uno tendrá que ser de Q4.
Otras de las reformas también ordenan crear la Comisión Interinstitucional de Alimentación Escolar, ente que tendrá que regular qué tipo de comida se vende en los centros educativos.
La futura entidad deberá verificar que en el menú se incluyan productos saludables y no únicamente comida chatarra, como ocurría en la mayoría de centros educativos previo a la pandemia.
Pesé a que no existe una certeza para el pronto regreso a las clases presenciales por el peligro que representa el covid-19, la ley ordena que aunque los centros educativos estén cerrados la alimentación debe de llegar a las familias.
Análisis financiero
La próxima semana se espera que la Comisión de Finanzas se reúna con las autoridades del Mineduc para conocer sus necesidades presupuestarias, reunión que ya estaba prevista para el análisis al presupuesto nacional 2022.
Duay Martínez, presidente de la mesa de trabajo e integrante del bloque Vamos, dijo desconocer cuántos recursos se van a necesitar para la aplicación de ley, aunque adelantó cuáles podrían ser las alternativas.
“Nosotros si la tenemos que incluir, tenemos que subir el presupuesto al Mineduc porque es algo que tenemos que considerar, si habrá una ampliación; la discusión será si aumentamos el techo o si habrá una readecuación a lo interno, el 5 de octubre tenemos audiencia con el Mineduc y ese día lo vamos a abordar con ellos”, señaló.
Otro de los diputados oficialistas, Carlos Roberto Calderón, presidente de la Comisión de Educación, destacó que esta ley ha sido efectiva en la crisis alimentaria agudizada por la pandemia.
“Esta iniciativa va a escribir parte de la historia moderna de nuestro país al incrementar el rubro que tenían los niños de alimentación escolar (…) en plena época de pandemia hemos logrado alimentar a través de las juntas de padres de familia a más de 2 millones y medio de niños, esto hace que este programa sea efectivo”, comentó Calderón.
También el bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo) manifestó su beneplácito con la ley, asegurando que será de ayuda para la niñez y adolescencia.
“Los proyectos que funcionan deben de seguir y se les debe de asignar más fondos, este es uno de ellos. Un saludo a todos los maestros y las Organizaciones de Padres de Familia que hacen esto posible, hoy ese recreo que tienen los niños se va a ver enriquecido con un mejor desayuno o una mejor refacción”, dijo Cristian Álvarez, subjefe de bloque Creo.
A pesar de los pronunciamientos públicos a favor de la ley ninguno de los diputados destacó que tantos costos requieren ampliar la alimentación escolar, que actualmente es financiada por el impuesto IVA – Paz.
Desatención alimentaria
El diputado Jairo Flores, del Frente Parlamentario Contra el Hambre e integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), estima que la inversión para ampliar la alimentación escolar en 2022 rondará en los Q426 millones y en 2023 sería cerca de Q900 millones.
El congresista asegura que la ley es de las mejores normas de beneficio social, que vendrán a llenar un vacío que no ha sido atendido por la administración central.
“Nosotros vemos con preocupación que la Gran Cruzada por la Nutrición con el Gobierno quedó en un tercero o cuarto plano, no se ve en el Gobierno alguien que la esté dirigiendo, ni el presidente ni el vicepresidente, y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tienen esa parte operativa no tiene el marco legal ni autoridad política”, refirió.
Flores agregó que el Congreso cumplió y ahora es responsabilidad del Ejecutivo aplicar la ley, ya sea que se apruebe el presupuesto del 2022 o que el Ejecutivo deba de trabajar con el presupuesto vigente.
“Es obligación del Ministerio de Finanzas Públicas y ahora del Estado asignar los presupuestos para la alimentación escolar, ya sea con el presupuesto actual o con un nuevo presupuesto; con uno nuevo podrían definir desde la presentación del mismo los ajustes pero con un presupuesto ya vigente tienen que hacer los acomodamientos financieros porque una ley se los está ordenando”, concluyó.
No hay refacción escolar gratis
Christians Castillo, analista político, comenta que, en principio, ningún sector se puede oponer a que haya una ampliación de cobertura social a la política de educación. Sin embargo, explica que aunque la reforma parece positiva, es importante considerar que la matrícula del sector público en preprimaria y diversificado es mínima, ya que la mayor parte la absorbe el sistema privado, que no podrá acceder al beneficio de la refacción escolar.
“Los diputados se pueden rasgar las vestiduras diciendo que van a llevar el beneficio a una amplia población, cosa que no es real. El otro elemento es que las transferencias condicionadas a la población tienen la particularidad en Guatemala de convertirse en instrumentos para la construcción de clientelas políticas. Esto sucede desde que se creó el Consejo de Cohesión Social en el período de la UNE”, dijo Castillo.
“Las Organizaciones de Padres de Familia deberán velar por la transparencia en la ejecución de los fondos. Deben tener conciencia que es obligación del Estado proveer la alimentación y garantizar una nutrición sana para quienes están en edad de recibir el apoyo subsidiario. Se debe evitar que alcaldes o diputados usen las transferencias para buscar su relección en 2023 haciendo alarde de este beneficio”, dijo Castillo.
Por su parte Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, considera que se debe analizar el impacto fiscal y financiero que tuvo la aprobación de las reformas, así como su costo y beneficio. Con l
“Estos cambios representan más de Q900 millones de impacto en el año 2022, más el impacto de 2023 cuando se incluya a estudiantes de básicos como beneficiarios”, dijo Spross.
La experta considera que no hubo una discusión técnica que evidenciara la necesidad de incrementar el menú de Q4 diarios a Q6 y le preocupa que para viabilizar esto haya que sacrificar recursos de otros rubros relacionados con la calidad y cobertura educativa.
“Hay riesgos de impactar negativamente en cobertura y calidad de educación. Los rubros de calidad tienen que ver con formación de maestros, con un sistema de acompañamiento escolar, el cual todavía no ha logrado consolidarse por falta de fondos. Yo considero que es mejor invertir en acompañamiento pedagógico”, dijo Spross.
