La iniciativa también daría la oportunidad a quien acepte sus cargos de convertirse en colaborador para coadyuvar al Ministerio Público (MP) en las investigaciones.
El procedimiento
Mientras la ley actual contempla un procedimiento abreviado únicamente sobre delitos con penas menores a 5 años, la reforma propuesta por la CSJ permite al acusado declararse culpable ante un juez por cualquier crimen, toda vez no sea de lesa humanidad o una reincidencia. Además, el sindicado podría hacerlo en cualquiera de las etapas del proceso penal.
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Esto implica que la persona acepte los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, al igual que su responsabilidad sobre los actos ilegales cometidos.
La condición es que quienes acepten los cargos durante la audiencia de primera declaración, una vez ligado al proceso, tiene derecho a una rebaja de pena en una tercera parte. En cambio, quienes lo acepten antes del juicio o durante el mismo, pueden optar a una rebaja de una cuarta o quinta parte de la pena, respectivamente.
La reparación
Los beneficios en cuanto a las penas las obtendrán los acusados una vez hayan hecho una reparación digna o integral a las víctimas o agraviados. La propuesta especifica que lo harán a través de una indemnización, restitución o rehabilitación. Además de que deben entregar el incremento patrimonial obtenido como producto de su delito.
Si la persona no tiene las condiciones socioeconómicas o familiares para cumplir con la obligación económica, deberá pagar una cuota y hacer un convenio de pago que se incluirá en su sentencia.
Ser testigo
A diferencia de lo estipulado en la legislación vigente, el proyecto de ley de aceptación de cargos obligaría a los acusados que opten por este sistema, a comprometerse a colaborar con el MP en las investigaciones del caso que esté implicado. A solicitud del ente investigador, la persona deberá atestiguar sobre los delitos aceptados en otros procesos penales relacionados con sus actuaciones.
Por ahora, el Congreso decidió que será una comisión específica que analizará la iniciativa y deberá programar las audiencias públicas para lograr los consensos sobre las dudas que genera el declararse culpable.
