La atención social estuvo en conocer el desenlace de ese secuestro, los antecedentes penitenciarios no eran nada alentadores al recordar la forma en que concluyen los amotinamientos de los pandilleros.
El contexto social y político en el que se da la respuesta de los pandilleros hace que algunas personas opinen que se trataba de una distracción, una cortina de humo, que tan solo busca posicionar un tema nuevo en la discusión pública para evitar que la administración de gobierno sea cuestionada por la mala ejecución presupuestaria durante la crisis y por el retraso en los programas de ayuda social.
“Esta todo mundo centrado a donde está el dinero, ha bajado la credibilidad del presidente, yo creo que él asocia mucho el uso de la fuerza con generar seguridad, ahora que se le caen a pedazos los ministerio de Salud y Desarrollo por la crisis del covid-19 también podría ser arreglado para que haya un evento que recoja la atención de la población y desviar todas esas preguntas”; dijo Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).
Añadió que otro factor que se acopla con sus sospechas es la forma en que se incluye en la agenda legislativa la ley antimaras que fue impulsada en la campaña de Giammattei.
“Para mí siempre las pandillas y el Sistema Penitenciario están relacionadas a intereses fuera del sistema y de las mismas pandillas, porque me parece que esto caza muy bien con todo, nos tuvieron meses discutiendo el termino de los terroristas, que descartaron algunas comisiones; la obligación del Congreso es elegir Cortes, tal vez son intentos por crear un nuevo tema para que la gente se olvide de los temas que le están costando al presidente su baja popularidad”, dijo.
Pandillas sanguinarias
Para Carlos Menocal, exministro de Gobernación, es necesario analizar la forma en que ocurrieron los eventos, señala que el comportamiento de los pandilleros no fue el habitual, sobretodo porque no hubo una respuesta positiva a sus demandas. El exfuncionario no se atreve a asegurar que exista una distracción pública, pero resalta la necesidad de evaluar cada escenario.
“Tras 12 horas del secuestro ellos fueron liberados pero los pandilleros no fueron regresados a sus lugares, esto llama poderosamente la atención porque ellos no son así, las pandillas son altamente violentas, volátiles, sumamente criminales dentro de las cárceles y ya amotinados entre sus características resalta la crueldad de sus actos”, explicó Menocal.
Por su parte, Francisco Rivas, también exministro de Gobernación, espera que la forma en que cerró agosto sea una respuesta clara de los pandilleros por estar en desacuerdo a la estrategia de seguridad que muestran las autoridades del Ejecutivo.
“Yo esperaría que no fuera una cortina de humo, creyendo en la buena disposición de las autoridades de gobierno y tomando en cuenta que el fenómeno de las extorsiones, el homicidio y el tráfico de drogas le causa un daño muy fuerte a la población guatemalteca que se está esforzando día a día en el contexto de la crisis sanitaria, desde la lectura de un ciudadano común esperaría que son esfuerzos de gobierno que tienen una reacción muy fuerte”, precisó Rivas.
Mensaje presidencial
En los casi ocho meses de gobierno ha sido habitual ver al presidente en cadenas nacionales para enviar mensajes sobre la pandemia, pero los pandilleros de la Mara 18 le hicieron aparecer para dar un mensaje centrado en la seguridad pública.
Giammattei estuvo acompañado de altos mandos del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil al momento de responder a la actividad criminal, en donde resaltó que su responsabilidad es proteger a la ciudadanía.
“Si los señores de la pandilla del barrio 18 no deponen su accionar tendremos que tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para asegurar la vida de los rehenes y que se cumpla con deponer la actitud que está poniendo en jaque a las fuerzas de seguridad, pero sobretodo el principio de gobernabilidad”, resaltó el mandatario.
Para Corine Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), los pandilleros reaccionaron a una estrategia seria, por parte del gobierno, que puede poner en peligro su conducta criminal al tratar de contrarrestar las extorsiones. Los resultados de este plan, a criterio de la experta, podrían verse en octubre con una eventual baja en la actividad delincuencial.
“En el contexto que se dieron los hechos yo si diría que es descontento de la pandilla por parte de las autoridades, donde se puede ver que hay una estrategia que tiene de fondo algo más que solo una reorganización, esto es importante porque a veces solo cambian a algunas personas y solo se pasa el problema a otro centro, se alborota la dinámica en el nuevo penal, se requiere de una estrategia más amplia, que se percibe, si se va mas allá”, indicó.
Propuesta se conocerá el jueves
La iniciativa 5692, la ley antimaras, cuenta con tres dictámenes favorables con modificaciones, provenientes de las comisiones legislativas de Gobernación, Defensa y Seguridad Nacional. Cuando el proyecto se encuentre en su primer debate los diputados, en pleno, deberán de votar por una de esas recomendaciones que será utilizada para que el proyecto avance y así, tal vez, pueda convertirse en ley.
En la plenaria de ayer los diputados ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo y aprobar el orden del día, que fue consensuado por los jefes de bloque el pasado lunes, haciendo que la 5692 y el resto de proyectos quedaran postergados para la siguiente sesión, algunos proyectos, como es el caso de esta iniciativa, se encuentra incluidos en la agenda plenaria de mañana.
Cuando el proyecto de ley ingresó a Dirección Legislativa en febrero pasado levantó debate, opiniones a favor y en contra, una de esas voces que se opone a la iniciativa es la del analista en seguridad Sandino Asturias, integrante de la Mesa Técnica para la Transformación Penitenciaria, quien observa vacíos legales.
“Activar el mecanismo jurídico legal que las maras son terroristas me parece un error fundamental, estructural, un error que viene de El Salvador, porque fueron los que inventaron esa normativa, ha sido un desastre para la implementación de políticas (…) si no tenemos un Sistema Penitenciario que cumpla su función Constitucional de rehabilitar y resocializar, donde no existen las condiciones que estableció la ley penitenciaria, no habrán oportunidades para afrontar la seguridad de manera general”, explicó.
Una de las comisiones que más defendió la iniciativa presidencial en la fase de evaluación fue la mesa de Gobernación, encabezada por el diputado oficialista Sergio Arana, a quien se intentó localizar para tener su punto de vista referente al proyecto pero argumentó que por su agenda de trabajo y reuniones no le era posible atender una llamada.
