Los documentos presentados consisten en un dictamen del Ministerio de Finanzas, que en 1995 declaró que el interventor de FEGUA “puede otorgar contratos de arrendamiento, usufructo y servidumbre de paso a favor de terceros sin llenar las formalidades de la Ley de Contrataciones del Estado”.
Además presentó una copia de una declaración de la embajada de Estados Unidos en la que esta estaría recomendando al Gobierno Guatemalteco que no declarara lesivo el contrato porque todo era legal y, de hacerlo, el país sería visto como un lugar poco confiable para invertir.
Sin finiquito
Según Leal Estévez, ese contrato no es la razón por la que la Contraloría General de Cuentas no le ha dado finiquito pues los reparos son por “cuestiones sencillas” como haber contratado a un periodista y pagarle el salario en una cuenta equivocada, “según los auditores tenía que pagar por concepto de publicidad y no de relaciones públicas”, dijo.
El exfuncionario explicó que contrató a un abogado para que solventara su situación con la Contraloría, pero fue hasta el 2010 que se enteró que esto no había ocurrido. “La próxima semana voy a ir a hablar con el contralor Carlos Mencos para que me explique como está la situación”, aseguró.
Según Leal Estévez, acordó con el Vicepresidente Maldonado Aguirre que no tomará ningún cargo público hasta solventar su situación con la Contraloría y dijo que los señalamientos en su contra son para afectar al vicemandatario. “Hay que defenderlo porque a Guatemala le conviene”, dijo en favor de Maldonado Aguirre.
Sobre la lesividad del contrato, declarada por el entonces Presidente Ramiro de León Carpio y firmada por todos los ministros — incluido el ahora vicepresidente— el exinterventor de FEGUA asegura que “engañaron al Presidente y los ministros fueron obligados a firmar”.
