Política
Las tres peticiones de Miguel Martínez a la Corte del Distrito de Columbia por estar incluido en la Ley Magnitsky
El exfuncionario del Centro de Gobierno demandó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y dos de sus funcionarias.
Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno,busca revertir la sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)
Luego de nueve meses de estar sancionado con la Ley Global Magnitsky por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés), Miguel Martínez, ex funcionario del Centro de Gobierno, ha pedido ante una corte estadounidense del Distrito de Columbia tres cosas, entre los que destaca que declare que su permanencia en la lista es ilegal, porque su sanción responde a fines políticos por ser opuesto al gobierno de Bernardo Arévalo, además de que la agencia no tiene pruebas en su contra.
Por medio de su representante legal, Alexei Schacht, Martínez elevó la petición a la Corte luego de que la solicitud a la Ofac no fue resuelta. En la demanda se solicita que la corte declare, si así lo considera, que es ilegal estar incluido en la lista, que se ordene a la oficina que sea removido, que se paguen los costos y honorarios del abogado de Martínez y cualquier otro gasto que la corte crea justos.
La demanda alcanza a la Ofac, a la directora de esa oficina, Andrea Gacki, y a la secretaria, Janet Yellen. La argumentación consta de 20 puntos, en los que la defensa de Martínez expone el proceso y argumenta el por qué considera que Martínez debe ser removido de la lista.
El exdirector del Centro de Gobierno fue sancionado el 1 de diciembre del 2023 por estar supuestamente involucrado en cobro de sobornos a cambio de contratos del Estado, entre estos el de las vacunas Sputnik que Guatemala le compró al gobierno de Rusia, pero la demanda sostiene que el gobierno de Guatemala no lo ha ligado al caso directamente y que las autoridades de turno que hicieron públicas las anomalías de la compra tampoco lo ligaron directamente.
A los tres días de haber sido sancionado con la Ley Magnitsky, Martínez solicitó por la vía administrativa directamente a la Ofac ser removido, y hasta septiembre último la agencia no ha procedido con la solicitud del exfuncionario. En la demanda relata que se han hecho solicitudes de información y se ha respondido a ellas, aunque la Ofac no lo ha eliminado. Por eso, la petición fue elevada a la Corte, señalando que la Ofac ha retrasado la solicitud justificando que está "muy ocupada".
El abogado consigna que debido a que la petición solo puede realizarse administrativamente a través de la Ofac, y en vista de la falta de acciones en tomar una decisión, se acude al sistema judicial.
Cuando Martínez fue sancionado, el Departamento del Tesoro lo consideró “uno de los funcionarios no electos más poderosos” del gobierno de Giammattei, influyendo en los procesos de compras ilegalmente fuera de Guatecompras en busca del beneficio propio.
Pruebas
La demanda presenta como pruebas que el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Garnica, cuando presentaron a la prensa la denuncia sobre la compra de las vacunas Sputnik hicieron referencia a que no se tenían señalamientos directos en contra de Martínez ni pruebas de su vinculación —incluso respondiendo a preguntas al respecto—, y que es el Ministerio Público (MP) el encargado de investigar y deducir responsabilidades.
También presenta que en entrevistas a medios de comunicación la exministra de Salud, que fungió en el periodo en el que se realizó la compra, no lo vinculó tampoco en las negociaciones. Así mismo, que Garnica ha declarado a medios que no se han descubierto anomalías de que Martínez incurrió en ilegalidades cuando fue funcionario.
Schacht, el abogado de Martínez, asegura en el documento que como abogado defensor ha solicitado pruebas sobre la inclusión del exfuncionario en la lista y se han recibido respuestas por escrito que no justifican la decisión sustancialmente.
"Aparenta que Estados Unidos no tiene pruebas creíbles y reales de que Martínez ha violado la ley, pero está envuelto en una persecución política en su contra", se lee en el documento legal.
Agrega que se ha afectado "enormes" daños económicos por no poder acceder al sistema global financiero y que al enlistarlo la Ofac le causó daños "irreparables de reputación y financieros" a su familia indirectamente.
Solicitud
De acuerdo con el documento, por siete meses se mantuvieron comunicaciones con la oficina estadounidense requiriendo que fuera removido de la lista y remitiendo la documentación que se le solicitaba.
- Se envió una misiva Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de la oficina el 4 de diciembre.
- Luego el 28 a la Ofac debido a que Neslon no respondió.
- Posteriormente, el 25 de marzo la agencia requirió información sobre Martínez la cual se respondió los tres días -aunque no se detalla qué se solicitó-.
- Así fue como 15 días después Martínez volvió a solicitar la remoción de la sanción debido al envió de sus documentos.
- Un día despúes la Ofac solicitó más información sobre el exfuncionario, la cual se remitió más de 20 días despúes.
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