Diversos sectores que desde el primer momento en que el líder sandinista proclamó su victoria la rechazaron, opinan que son inevitables los efectos negativos sociales y económicos que traerán cinco años más de la pareja Ortega-Murillo en el poder.
En Guatemala, el Gobierno, por medio de la Cancillería, lamentó que no se haya cumplido con elecciones libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto, la pluralidad de partidos y la separación e independencia de poderes.
Las cámaras empresariales de Guatemala se han pronunciado pidiendo a los países que desconozcan los resultados de un proceso que estuvo caracterizado por la persecución política en la que, incluso, varios empresarios nicaragüenses terminaron en prisión.
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) calificó de “ilegítimas” las elecciones, mientras que su presidente Herman Girón señaló que “la mayor preocupación es que en la ausencia de un Estado de Derecho desparecen las condiciones básicas requeridas para la estabilidad de las inversiones”.
Expuso que hoy en día existen inversiones recíprocas entre empresarios y emprendedores guatemaltecos y nicaragüenses puesto que la región tiene una integración económica a partir de su geografía e historia compartida.
Similar pronunciamiento hizo la Cámara de Industria de Guatemala que llamó a utilizar “todos los medios pacíficos políticos para presionar por la restauración de la libertad en Nicaragua”, mientras que la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) dijo en un comunicado que las acciones del Gobierno de Nicaragua ponen en riesgo “la estabilidad comercial” de la región.
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“Nuestros socios estratégicos en Nicaragua necesitan del apoyo de la comunidad internacional para tener la certeza jurídica que les permita desarrollar sus negocios de forma segura y dentro del Estado de Derecho”, precisó AmCham.
Deterioro inminente
Juan Pablo Carrasco, presidente de esta Cámara, dijo que la “elección antidemocrática” causará un deterioro de la situación social, política y económica. “Esto debería preocupar más a los países de Centroamérica de lo que preocupa a EE. UU. —porque— es como un cáncer que puede hacer metástasis en el resto de la región”, explicó.
En una situación tan grave como la de Nicaragua, advirtió, todas las inversiones se suspenden porque con un debilitado Estado de Derecho sin un balance de poderes ni instituciones democráticas, los inversionistas “quedan a merced de lo que decida el régimen dictatorial”.
El Consejo Nacional Empresarial (CNE) pidió a los gobiernos exigir la restauración de la democracia y apoyar las medidas necesarias para garantizar los derechos civiles y políticos.
El Estado de Derecho en estos países es básico para asegurar las inversiones y atraer capital extranjero, dijo María Fernanda Martínez, presidenta del CNE.
Indicó que las empresas de capital guatemalteco que tengan inversiones en Nicaragua y que no estén dispuestas a avalar al régimen de Ortega “no van a poder seguir haciendo negocios allá”.
Disrupción de las cadenas productivas
Pero los efectos económicos trascenderían fronteras.
EE. UU. planea revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio (TLC) al cual pertenece desde marzo del 2006. Desde entonces esta herramienta ha sido el vehículo mediante el cual se han facilitado las transacciones entre los países centroamericanos, no solo ante EE. UU., sino entre ellos. Por esa razón la eventual salida de Nicaragua sería un duro golpe para el resto de las naciones.
Actualmente, la cadena logística del comercio en Centroamérica está integrada por varios sectores: manufactura, alimentos, textiles y materias primas, por ejemplo. Estos productos cruzan las fronteras de la región amparados en el TLC.
El sector de textiles sería uno de los más afectados si alguno de los países del istmo abandona el TLC.
Se calcula que Guatemala exporta unos 50 millones de libras de tela al año a Nicaragua desde donde se confeccionan prendas de vestir que se envían a EE. UU., todo amparado en el TLC.
Pero si Nicaragua queda fuera afectaría “al resto de la región porque en estos países hay conexiones de la cadena logística en cuanto a materias primas y productos terminados y esto causaría una disrupción de esas cadenas”, expuso Carrasco.
Otros impactos
La preocupación en la región por los efectos que pueda generar la crisis en Nicaragua tras la reelección de Ortega también se extiende al campo político y de respeto al Estado de Derecho.
El propio EE. UU. reconoció el pasado martes a través de uno de sus secretarios adjuntos de Estado, el señor Ricardo Zúñiga, que existe el temor de que si la comunidad internacional no reacciona de forma contundente y no hay consecuencias para el régimen de Ortega estas prácticas se puedan extender a otros países.
La reelección “acarrea riesgos para todas las democracias de la región”, comentó Gregorio Saavedra, analista político de la Universidad Rafael Landívar.
Coincidió en que la intención de echar mano de estas prácticas antidemocráticas se puede contagiar a otros actores que estén dispuestos a debilitar aún más el Estado de Derecho de cada país. Y recordó que en las cuatro naciones del norte de Centroamérica se ha debilitado la independencia judicial y las autoridades electorales están siendo fuertemente cuestionadas.
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Saavedra cree que es importante que los actores sociales y económicos de Guatemala tomen la lección de que “no debe jugarse con fuego”. “A Ortega y Murillo se les permitió capturar cortes y el resultado es que ahora no hay frenos”. “Tenemos dos años sin elección de cortes, se ha jugado con los plazos constitucionales y eso debilita al Estado del Derecho”, apuntó.
Alexander Sandoval, licenciado en Relaciones Internacionales, señaló que “lo que estamos evidenciado en Nicaragua es una autocracia, tal como lo estamos viendo en Venezuela”. Este problema abona a los ya existentes en la región, como la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico.
Expuso que lo que atraviesa Nicaragua es un “inminente golpe de Estado” que pondrá en riesgo la democracia no solo de ese país, sino de toda la región, lo cual se traducirá en más inseguridad y más migración, a la cual tendrán que hacer frente países de destino, como Costa Rica, y de Tránsito, como Guatemala.
“Muchos nicaragüenses van a seguir viviendo con represión y con temor a ser encarcelados. Muchos de los derechos civiles y políticos están en riesgo. El problema no sólo debe preocupar a la región, sino también a la OEA”, acotó.
Puede haber un cambio
Para la consultora estadounidense en temas de Centroamérica y estudiosa de Nicaragua, Vicki Gass, la situación en este país centroamericano es “bastante grave” porque la consolidación de Ortega en el poder se traducirá en más pobreza, inequidad y menos recursos para responder a crisis humanitarias o climáticas.
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Aparte del aislamiento internacional por el rechazo de la mayoría de los países, se suma el que Ortega ha expulsado a una serie de organizaciones no gubernamentales que daban ayuda a gente en situación de pobreza y vulnerabilidad y que, incluso, fueron claves para asistir a los nicaragüenses el año pasado con la destrucción que causaron las tormentas ETA e Iota.
A esto se suma el duro impacto económico que se prevé si finalmente Nicaragua queda fuera del TLC. Ante eso, añade Gass, “ojalá el sector privado nicaragüense que ha respaldado al régimen de Ortega piense que si su comercio con EE. UU. va a ser afectado quizás deban cambiar de actitud”.
La analista considera que EE. UU. puede llegar al extremo de dejar fuera del Tratado a Nicaragua puesto que hay “muchos en la comunidad de derechos humanos que dicen que un país que reprime a su gente y encarcela a candidatos no merece participar en un TLC”.
Gass cree que EE. UU. buscará fortalecer este Tratado para que todos los gobiernos en la región respeten los derechos laborales, ambientales, pero también civiles y políticos y que, de no hacerlo, no podrá formar parte. “Esto es una señal para Nicaragua, pero también para El Salvador, Honduras y Guatemala”, subrayó.
Pero la pregunta a responder es si la presión internacional y aislamiento serán suficiente para que Ortega esté dispuesto a restablecer la independencia de los tres poderes del Estado y garantizar que respetará los derechos humanos de sus ciudadanos, entre ellos liberar a los presos políticos.
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Gass considera que esto dependerá de si los poderes económicos y las élites nicaragüenses pueden aceptar una situación tan aislante y divorciada de la comunidad internacional. En ese sentido, destacó que la Ley Renacer también faculta a los directores ejecutivos de las instituciones financieras internacionales a no seguir dando recursos a gobierno no democráticos.
“En un mundo tan globalizado, será muy difícil para ellos mantener esta posición por mucho tiempo”, opina Gass, quien minimizó el apoyo que Ortega ha recibido de Rusia, Venezuela y otros países ya que son “una minoría” y ningún gobierno va a tomar en serio a un presidente que ganó con un 80% de abstencionismo.
Carta democrática
Los analistas afirman que al haber ocurrido en Nicaragua una ruptura del régimen democrático ahora corresponde aplicar la Carta Democrática de la OEA.
Dicho organismo ya anunció que la profunda crisis política que se vive en ese país desde el 2018 cuando estallaron masivas protestas contra Ortega, se debatirá en la Asamblea General de la OEA a pedido de Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Paraguay.
Esta disposición establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los estados miembros deciden que se ha producido una “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas” para revertir la situación.
La suspensión debe ser votada en una Asamblea General y entraría en vigor de inmediato. Pero la Carta establece que el país suspendido debe seguir cumpliendo sus obligaciones “en particular en materia de derechos humanos”, y que la OEA seguirá realizando gestiones diplomáticas para restaurar la democracia.
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El pasado 20 de octubre, 26 de los 34 miembros activos de la OEA aprobaron una resolución pidiendo elecciones libres en Nicaragua y exigiendo la “liberación inmediata” de los opositores detenidos. En esta resolución, Guatemala se abstuvo de votar justificando que era similar a una resolución que se meses antes.
Quinto mandato
Ortega se impuso en las elecciones presidenciales del domingo pasado en ausencia de oposición, después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.
El líder sandinista, que volvió al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, se encamina así hacia su quinto mandato, tras ser reelegido con el 76 % de los votos, aunque más del 80% de los ciudadanos aptos para votar prefirieron quedarse en casa.
