Una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en 2016, aprobada por la mayoría de legisladores, quitó la potestad al presidente de la República de remover al jefe del MP de manera directa. Ahora solo puede hacerlo si el fiscal general cuenta con una sentencia condenatoria en firme.
Estos cambios de hace siete años fundamentan al presidente Alejandro Giammattei para no atender la petición de las autoridades ancestrales de destituir a la fiscal general, Consuelo Porras.
Por la vía política, existe una propuesta de ley para reformar de nuevo la Ley Orgánica del MP y devolver al presidente el poder de destitución directa.
Otra salida es anular a través de una inconstitucionalidad el artículo añadido en 2016 y, de nuevo, el presidente pueda remover al fiscal general cuando lo considere necesario.
En el Congreso
Aldo Dávila elaboró una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del MP, que entre otras cosas pueda devolver al presidente el poder para destituir al fiscal general. Los consensos políticos por ahora son nulos.
“Por medio de la iniciativa de ley 6299, el presidente de la República podría despedir al fiscal general”, explicó Dávila.
La propuesta en cuestión también permitiría la remoción de la jefa del MP si cinco mil ciudadanos identificados legalmente y empadronados firman la solicitud.
La iniciativa también contempla una separación de funciones temporal de la fiscal general, en el caso de que el funcionario sea sometido a una investigación penal.
Existe, además, dentro de la iniciativa una prohibición para que agentes fiscales puedan optar a cargos de elección popular luego de entregar su cargo. Solo podrían hacerlo seis años después de abandonar el MP.
Dávila intentó presentar la iniciativa ante los jefes de bloques el pasado martes, sin embargo, no fue posible porque la sesión convocada se suspendió por inasistencia de los legisladores.
“La ausencia de los jefes de bloques refleja la poca atención a la crisis que estamos viviendo”, increpó Dávila.
Inactividad
Por ahora el Congreso ha suspendido durante tres semanas consecutivas sus sesiones plenarias, lo que hace más difícil la búsqueda de consensos para someter a discusión la reforma a la ley del MP.
Hellen Ajcip, jefa de Visión con Valores (Viva), y presidenta de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, ya revisó la propuesta, sin embargo, considera que no es viable.
“Considero que no es correcto que una institución tan importante como el MP sufra reformas cada cierto tiempo por conveniencia de sectores (…) nuestro papel como congresistas es defender las instituciones y no a las personas”, dijo.
Las reformas a la ley del MP ocurrieron en 2016, en este entonces ya era diputado Álvaro Arzú Escobar, quien considera que el Congreso cometió un error al aprobar esos cambios.
“Me parece que la lección que por lo menos yo he aprendido, es que en una crisis el Congreso no debe legislar para solucionar esa crisis, porque hay muchas emociones y es difícil encontrar un diálogo racional e imparcial, responsable y serio para analizar objetivamente”, dijo Arzú Escobar.
El diputado del Partido Unionista recordó el contexto de esas reformas, cuando el MP era liderado por Thelma Aldana. “Legislamos para casi volver inamovible al fiscal general, que era una reacción a la coyuntura del país. No sería una buena idea, al contrario, sería un grave error del Congreso legislar coyunturalmente en medio de una crisis”, insistió Arzú Escobar.
Otros, como Sonia Gutiérrez, de Winaq, sí consideran factible la aprobación de una reforma a la Ley del MP para resolver la actual crisis. Incluso, no descarta la posibilidad de aprobarla de urgencia nacional para agilizar el proceso.
El oficialista Sergio Arana, en cambio, dijo que el tema no se ha discutido en el partido Vamos porque la iniciativa no ha sido analizada en profundidad. “Nosotros lo que necesitamos es legislar por Guatemala, eso es realmente lo que deberíamos de hacer”, dijo Arana.
En manos de la CC
El pasado fin de semana un grupo de abogados presentó una acción de inconstitucionalidad para anular casi la totalidad del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP que impide dicha acción y de esta forma el presidente pueda destituir de manera directa al jefe del MP.
“Lo que busca es que se respete la vigencia del artículo 251 de la Constitución, que faculta al presidente de la República remover al fiscal general ante una causa justificada plenamente comprobada”, explicó el abogado Francisco Chávez Bosque, uno de los nueve abogados ponentes de la acción legal.
El abogado considera que esta acción podría ser una salida a la actual coyuntura, ya que el presidente ha dicho que no puede destituir al fiscal general como lo piden los líderes ancestrales.
“Lo que se pretende es rescatar la institucionalidad, la plena vigencia de un artículo constitucional”, añadió Chávez Bosque.
Algunos congresistas y abogados estiman que por la retroactividad, tanto una reforma a la ley del MP como la misma inconstitucionalidad no podrían ser aplicadas a la actual jefa fiscal, pero Chávez Bosque considera que esas versiones son absurdas.
“Toda ley ordinaria que contradiga, desnaturalice, deforme o dé un sentido distinto a las disposiciones constitucionales es nula de pleno derecho”, explicó.
