Política
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Las comisiones presidenciales podrían ser superministerios, advierten analistas
En otros gobiernos, las intancias temporals han cobrado poder sobre los mismos ministerios como pasó con el Centro de Gobierno o el Programa de Cohesión Social.
Las comisiones presidenciales son instancias que el mandatario de turno tiene la potestad de crear de manera temporal. Sin embargo, analistas consultados refieren que su finalidad es obtener resultados inmediatos en temas de interés para el gobernante, aunque existe el riesgo de que adquieran más poder de lo necesario.
La figura está establecida en la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo. El presidente Bernardo Arévalo tiene por el momento seis comisionados, que en su mayoría lideran entes que fueron creados en gobiernos anteriores.
El 14 de febrero, Arévalo reformó el acuerdo de la antigua Comisión Presidencial contra la Corrupción, creada en el 2020, para convertirla en Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).
También da continuidad a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), creada hace cuatro años. De la misma manera, la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), creadas en el mandato de Alejandro Giammattei, fueron adoptadas por el actual.
El Ejecutivo, además, cuenta con el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), en el cual un comisionado del mandatario es el coordinador general, y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), que aún no se conoce quién la presidirá.
Resultados inmediatos
Los comisionados son elegidos para obtener resultados inmediatos en temas de interés del Ejecutivo, expone el politólogo Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).
“Cada presidencia ha ido creando equipos de tarea, una especie de grupos con la particularidad de responder a temáticas muy puntuales, de interés del Ejecutivo, que además tienen la libertad y la capacidad de conseguir resultados inmediatos sin tener que mover el elefantismo de la burocracia instalada en las instituciones públicas”, comentó.
A su parecer, lo que se hace es crear instancias paralelas que cumplen funciones similares a las de otras entidades.
“Es crear una superposición de funciones, porque al final son estructuras paralelas a otras instituciones que ya tienen asignadas las funciones, pero que dan resultados muy despacio y esto no permite hacer gala mediática de los resultados y capitalizar éxitos”, amplió Castillo.
La figura de los comisionados no es nueva, pero a partir del gobierno de Óscar Berger se intensificó y cobraron más protagonismo.
Superministerios
Castillo indicó que en el pasado ha sucedido que las comisiones presidenciales se vuelven superministerios que pasan a controlar una parte significativa de los funcionarios del Ejecutivo, lo cual constituye un riesgo.
Este extremo sucedió con el Programa de Cohesión Social, durante el gobierno de Álvaro Colom, (2008-2012), presidida por Sandra Torres, en ese momento su esposa. También ocurrió en el gobierno pasado, con el Centro de Gobierno, cuyo titular era Miguel Martínez.
“Por desgracia, en esta búsqueda de resultados rápidos se cae en crear tramas o ritmos administrativos paralelos, que a su vez terminan debilitando la institucionalidad pública permanente”, puntualizó Castillo.
Añadió que se debe ser cuidadosos a la cuota de poder que se brinda a un comisionado, porque en la misma búsqueda de resultados en el corto plazo pueden tener lugar acciones atípicas que no siempre van en concordancia con la ley.
“Esas tramas administrativas paralelas, en algunos casos, llegan a rozar la ilegalidad, porque ante la búsqueda de resultados inmediatos se intenta saltar procesos de compra o reducir tiempos establecidos en la legislación”, destacó Castillo.
A su criterio, también debe haber precaución con la burocracia, y a los presidentes les corresponde tratar de evitar el exceso de procesos que al final entorpecen los resultados de las políticas públicas.
En ese sentido, el analista Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), hizo énfasis en que los comisionados presidenciales son personas con conocimientos específicos en la temática en la que se desenvuelven.
“Son personas que tienen que informar al presidente sobre avances, logros o limitaciones que se puedan dar sobre ciertas temáticas, y en lo cual se espera que la apreciación que haga esta persona que ha sido nombrada al frente de una comisión dé una valoración técnica, más que política, con cierto nivel de especificidad”, manifestó.
Dabroy insistió, asimismo, en la importancia de nombrar a personas con perfiles sustentados en sus conocimientos y experiencia para cumplir con sus funciones.
“Se tiene que seleccionar a personas con la capacidad necesaria en la temática que se esté presentando, apegados a ciertas normas éticas y con su misma línea política; de lo contrario, es muy fácil que pueda detener el trabajo que lleve a cabo determinada comisión y se espera que tenga un resultado de trabajo técnico, apegado a los objetivos que se han planteado”, valoró.
Riesgos
Otro riesgo que consideró Castillo son los gastos que representan dichas instancias, la falta de institucionalización de buenas prácticas en la burocracia y el hecho de no mantener a las personas especializadas dentro de la gestión pública.
“Hay buenos aprendizajes en estas unidades paralelas que no son incorporados a las burocracias tradicionales que atienden estos temas. Entonces, terminan los gobiernos o el tiempo de este tipo de comisionados y se pierde el conocimiento y algunas prácticas”, sostuvo.
Una situación similar sucede con las personas que ganan experiencia en estas comisiones y al abandonar los cargos no vuelven a fungir en la administración pública, donde puedan aplicar lo aprendido.
Sobre las comisiones y las funciones asignadas por el presidente Arévalo se solicitó una opinión a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero no se recibió ningún comentario al respecto.