Gerson Sotomayor, experto del Instituto de Ciencias Comparadas, dijo que la inclusión de beneficiarios que no pertenecen a los departamentos declarados en riesgo constituye abuso de autoridad y malversación, y dependiendo de la manera en que se compró podría haber estafa al Estado y peculado.
En agosto de 2014, el Gobierno declaró estado de Calamidad en 16 departamentos del país.
Los lugares declarados en emergencia por la sequía fueron San Marcos, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Jutiapa, Chiquimula y Santa Rosa. También se incluyó a Quiché, El Progreso, Baja Verapaz, Zacapa, Chimaltenango, Suchitepéquez, Jalapa y Guatemala.
“Solo ratifica que los estados de Calamidad están siendo usados para fines políticos electorales, porque permite comprar por excepción”, manifestó Sotomayor.
Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, consideró que el Estado ha utilizado las ocho prórrogas de la calamidad para beneficio político y no para ayudar a los afectados.
Acción legal
Sin embargo, no solo la Sesán compró utilizando los estados de Excepción. Según la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, hace tres semanas presentó una denuncia en la Fiscalía General contra los ministerios de Desarrollo Social, de Agricultura, de Comunicaciones y de Cultura, por el “uso abusivo de las calamidades”.
Según la acusación de Montenegro, los ministerios incurrieron en el delito de fraude con aprovechamiento de calamidad, establecido en el artículo 27 del Código Penal, ya que se aprovecharon de un fenómeno natural para comprar bajo el mecanismo de excepción una silla secretarial por Q14 mil 975, playeras por Q252 mil, o la contratación de vallas publicitarias y servicio de sonido, entre otras cosas.
Ayuda humanitaria
Germán González, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, justificó la inclusión de las familias con el tiempo que tarda la compra de alimentos usando los mecanismos de licitación establecidos en la ley.
“Se lleva hasta seis meses una licitación pública; no eran muchos alimentos los que se entregaron. No podíamos esperar, y si lo hacíamos muchas personas hubieran muerto por desnutrición”, resaltó González.
Blanco refirió: “Los estados de Calamidad están delimitados, no puede violarse la Ley. La Sesán debió comprar por licitación para los beneficiados en otros departamentos, aunque así hubiera sido uno y se tardara un año, porque eso dice la ley y deben de cumplirla”.
