Nineth Montenegro, jefa de la bancada EG, mostró su preocupación después de que un grupo de supuestos militares retirados llegaron al Congreso y anunciaron que están dispuestos a impedir las elecciones utilizando bombas si el Gobierno no cumple con sus demandas.
Los supuestos veteranos exigen el pago de al menos Q85 mil a 1.7 millones de personas que supuestamente prestaron servicio militar durante la época del conflicto armado interno (1960-1996).
Luis Arévalo, viceministro de Gobernación, aseguró que luego de haber escuchado estas declaraciones de los supuestos militares retirados tomaron “cartas en el asunto” y garantizó que existe un “plan de seguridad de elecciones”.
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Agregó que el plan contempla con especial énfasis a los municipios en donde ya hay antecedentes de conflictividad electoral”.
Destacó que desde que se conoció de las amenazas de este grupo, la Dirección General de Investigación Criminal (Digicri) y la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC), comenzaron a hacer investigaciones para determinar el grado de amenaza.
El viceministro aseguró que de parte del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil “nadie se ha sentado a negociar con estas personas”, aunque reconoció que la policía también es preventiva y “si de alguna manera hay oportunidad de prevenir algún acto que vaya a provocar incidentes, antes de ser reactivos también se opta por el diálogo”.
Arévalo dijo que respeta a las dependencias que han decidido sentarse a negociar con estas personas, pero que “la Policía actuará si tiene que actuar”.
Continúa investigación
Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, recordó que luego de que circularan los videos de las amenazas de este grupo de personas se abrió una investigación de oficio.
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“No puedo revelar mucha información, pero sí puedo decir que desde el primer día se inició con un protocolo, en el primer día se planteó el plan de trabajo y se captó los video. Después de las 72 horas se estableció que procedía una investigación y una persecución penal como tal”, afirmó el fiscal.
Indicó que en “la reunión que se celebró en el Congreso no existe registro de las personas que ingresaron a la misma y se desconoce su nombre, solo se sabe el nombre de las personas del Congreso y de la Secretaría de la Paz, lo único que logramos obtener fueron registros de cámaras”.
Schaad añadió que no conocer las identidades de los manifestantes que ingresaron al Congreso complicó establecer quiénes fueron las personas que participaron en la reunión, aunque ya se logró identificar a “Homero Paredes y Francisco Calmo”.
“Consideramos que cuando se concluya la investigación podremos proceder contra las personas que ya tenemos identificadas”, acotó el fiscal, quien aseguró que ya se presentó al Tribunal Supremo Electoral el plan operativo de las elecciones generales.
Ejército desconoce a supuestos militares
Luis Miguel Ralda, ministro de la Defensa Nacional, destacó que el Ejército sí cuentan con los listados de las personas que han prestado servicio militar en Guatemala.
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Resaltó que en ningún momento han tenido acceso al listado de 1.7 millones de supuestos veteranos y por lo tanto no han hecho ninguna confirmación de si estas personas prestaron servicios.
Ralda se comprometió con los diputados a pedir el listado a los supuestos veteranos y hacer una comparación, pero destacó que al no ser una asociación constituida legalmente no saben qué tan factible sea obtener dicho listado.
Destacó que el presidente Jimmy Morales, le ha dado la orden de que haga todo lo posible para que “las elecciones sean una fiesta democrática”.
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Durante la mañana de este miércoles la Comisión Presidencial del Diálogo llevó a cabo una reunión donde se acordó solicitar información sobre las peticiones presentadas por los veteranos miembros de tropa del Ejército a las instituciones convocadas.
Se informó que esta reunión es parte de las acuerdos de realizar las consultas a las instituciones competentes, para atender a los supuestos veteranos militares.
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