La intención es modificar el contrato de usufructo oneroso a concesión, pero según las autoridades gubernamentales eso debe de ser aprobado por el Congreso.
Para Boris España, jefe del Movimiento Reformador (MR), es importante que se encuentre un mecanismo para que la inversión en TCQ no se pierda; sin embargo, no está muy convencido de que la concesión sea la mejor figura.
“Prácticamente, el Congreso tendría a su cargo avalar un contrato que llegó hasta tribunales por sus ilegalidades”, manifestó.
Sin solvencia moral
Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró: “El BM no tiene la solvencia moral para discutir acerca del futuro de TCQ, porque son socios financistas y están protegiendo la inversión. Cualquier cosa la deben plantear en el Congreso, no en oficinas cerradas”.
Fernando Linares, diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), indicó: “Quieren que se haga una concesión designada por el Congreso, pero la Ley lo impide, por lo que se está proponiendo que se haga una subasta, pero no estaban todas las partes presentes”.