El 16 de abril del 2015, desde horas de la madrugada la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores del MP y la Cicig montaron un operativo en distintos puntos del país. Los resultados de esa acción incluyeron la captura de 22 personas y la incautación de documentos físicos y digitales con los cuales se fortaleció la hipótesis del caso: la existencia de una banda incrustada en la SAT que beneficiaba a importadores con la reducción del pago de aranceles a cambio de una comisión, como los presuntos integrantes le llamaron, o soborno, de acuerdo con las pesquisas.
Posteriormente, Roxana Baldetti, entonces vicepresidenta, y luego el mandatario, Otto Pérez Molina, fueron señalados como jefes de la red. Ambos renunciaron a sus cargos para solventar su situación jurídica. Primero lo hizo ella y por último, él.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, opina que las acciones en contra de La Línea podrían compararse con una semilla que germina si se le da el debido tratamiento.
“Es un caso que no se ha caído porque jurídicamente es sólido, tiene suficiente información respecto de los hechos que se investigan, indicios que se convertirán en prueba, y el apoyo de personas que participaron en las estructuras y que decidieron colaborar con las autoridades”, dijo.
Por ese caso se formó la frase de Jueves de Cicig, pues era en esos días que se montaban los operativos en los que participaba esa instancia.
Otro golpe
El caso TCQ, referente a la entrega irregular de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se hizo público el 15 de abril del 2016.
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Nuevamente se vio cómo personalidades de la política nacional eran detenidas y trasladadas a la Torre de Tribunales.
El caso TCQ es una fase de la investigación que el MP y la Cicig desarrollaron en contra de la megaestructura denominada Cooptación del Estado de Guatemala.
Para ese entonces, Pérez Molina y Baldetti ya estaban en prisión y volvieron a acudir ante la justicia por supuestamente haber gestionado el pago de una comisión de US$30 millones que TCQ entregaría porque se le diera en usufructo un terreno de la terminal marítima, donde se colocarían grúas para el ingreso de mercancías.
El caso contra la megaestructura contempla tres fases: Cooptación, TCQ y Cooperacha, y agrupa a 58 sospechosos, cinco de los cuales están incluidos en las primeras dos etapas.
Tanto en La Línea como en TCQ, el órgano investigador ya finalizó las pesquisas y presentó los respectivos informes al Juzgado de Mayor Riesgo B, que los tramita.
Queda pendiente que se programen las fechas para discutir los informes elaborados por el MP.
El investigador Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), afirmó que tanto La Línea como TCQ demostraron que “el crimen organizado busca influenciar en las autoridades para cometer sus acciones ilícitas”.
Tanto Ibarra como Acuña destacaron que Pérez Molina y Baldetti se encontraban en el ejercicio de sus funciones como gobernantes cuando se hicieron los señalamientos en su contra, algo que no había ocurrido antes.
Los resultados “se deben al trabajo coordinado, imparcial y comprometido con el desarrollo del país”, coincidieron.
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Tiempo
El único aspecto perjudicial señalado por los entrevistados es el tiempo que ha durado el trámite de los dos casos, pues en la ley se señalan plazos para presentar la acusación y para analizar si una persona debe enfrentar juicio.
“Se trata de casos complejos que demoran mucho tiempo, a lo que se debe sumar la cantidad de personas que son procesadas”, explicó Ibarra, mientras que Acuña aseguró que “no se ha dado respuesta a la celeridad señalada por la ley, porque la defensa ha interpuesto acciones legales que han entorpecido los trámites”.
Según el abogado César Calderón, defensor de Pérez Molina, la responsabilidad del retraso de los casos es de los fiscales encargados de las investigaciones y del juez Miguel Ángel Gálvez, que tramita ambos procesos.
“Los plazos procesales han sido perjudicados porque no existe preocupación en cumplir con lo que se establece en la ley, y los más perjudicados son los procesados”, afirmó el abogado.
Mientras tanto, Gustavo Juárez, defensor de Baldetti, calificó de “triste e irónico” que se tenga que recordar que un proceso penal ha llegado a uno o más años, pues significa que su desarrollo ha sido lento”.
“La Ley dice que un proceso debe durar tres meses si una persona está presa, y si está libre, pues puede llegar hasta los seis meses. Solo queda seguir esperando a que por fin se llegue a un juicio”, afirmó.
