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La ley “antimaras” no soluciona el problema, según analistas
En el Congreso la oposición cree que el gobierno de Bernardo Arévalo no ha enfrentado a las pandillas y las extorsiones han aumentado.
En el Congreso de la República se discute una ley antimaras que ha enfrentado a diputados oficialistas y opositores. Los primeros aseguran que no resuelve el problema, mientras los segundos la apoyan, como lo han hecho desde 2020. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila Solis).
Diputados de Vamos incluyeron el pasado jueves, en primera lectura, la iniciativa antimara, un proyecto que presentó el expresidente Alejandro Giammattei, al inicio de su gestión en 2020. Los diputados oficialistas están en contra de la propuesta ya que consideran que esta medida no resuelve a fondo el problema que generan ambas pandillas.
De hecho, defienden sus posturas, porque aseguran que, desde el primer día de gobierno de Bernardo Arévalo, el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, echó a andar el Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE) y ha requisado semanalmente las cárceles del país.
Diputados que fueron electos por el Movimiento Semilla, como Elena Motta, manifestaron que el 70 por ciento de las llamadas extorsivas salen de prisión y que es allí donde debe enfocarse las acciones.
Ya no terroristas
El proyecto originalmente adicionaría un artículo al Código Penal para catalogar como terroristas a los integrantes del B18 y la MS13. Sin embargo, los diputados les hicieron modificaciones a los artículos e incluyeron la figura de las “maras” en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal.
El objeto del proyecto fue "establecer un régimen para el combate frontal a las actividades delictivas de los grupos de delincuencia organizada conocidos como maras, pandillas o sea cual fuere su denominación".
Sin tipificarlos ahora como terroristas, los diputados incluyeron en esta iniciativa a las maras y pandillas dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada y se pide penas de hasta 20 años de prisión para quien las integren.
Además, suponen cambios al Código Penal para penalizar las extorsiones, intimidaciones y todos esos delitos que son cometidos por las maras y pandillas.
Una nueva ley
“Desde esa perspectiva -la que proponen los diputados ahora- es lo pertinente, pero sí puede realizarse una ley específica que criminalice a las pandillas como estructuras del crimen organizado y no sólo una reforma, sería lo mejor”, explicó Morales.
Morales considera que para llegar a la creación de una norma legal de tal envergadura “se necesita aplicar varios análisis con el objeto de conocer el impacto, los beneficios, pero, sobre todo, la operabilidad de la norma y una de ellas es la sociología jurídica”.
Según Morales “no es solo que personas que creen conocer el fenómeno – de las pandillas - legislen por la coyuntura social que causan estos grupos delictivos, sino va más allá”.
A criterio del fiscal de sección adjunto, “debieron realizarse mesas técnicas con sectores de la sociedad involucradas en la investigación y el trabajo en contra de estas estructuras criminales”.
“Las mesas son de mucha necesidad para que los actores propongan y lleguen a objetivos específicos que impacten de manera positiva ante el fenómeno de las maras y pandillas”, asegura Morales.
Sobre la ley contra la delincuencia organizada, Morales explicó que ahora en el tema las pandillas “es inoperante”.
“En primer lugar, porque tiene muchos vacíos legales que son aprovechados por los grupos criminales, es muy general y debe ser específica”, manifestó.
Añade que se les “debe criminalizar y reconocer como estructuras del crimen organizado para ser operante y en ese sentido si ayudará en el combate frontal contra ellos”, opinó.
Populismo penal
Lo lamentable, dice Asturias, es que son “partidos políticos que ya gobernaron y que no les ha importado la seguridad de la gente”.
“Quieren dar una cara como que les preocupa la seguridad, pero es un abordaje equivocado. Por eso es claro que el ministro de Gobernación y el presidente Bernardo Arévalo la van a rechazar”, argumenta.
Pero la ley Contra la Delincuencia Organizada ya es aplicable a las maras, por ejemplo en los delitos de asociación ilícita y conspiración, adicionalmente los métodos especiales de investigación también les son aplicables y los delitos que normalmente cometen son graves con sanciones privativas de libertad de 6 años para arriba, resumió el exministro de Gobernación, Francisco Rivas.
“Para mí es un error catalogar como terroristas a los pandilleros, porque ellos en su actuar criminal nunca han perseguido delinquir contra el orden público la democracia o el Estado, contrariamente los diputados ponentes si han atentado en contra de la democracia y la voluntad del pueblo de Guatemala cuando intentaron no reconocer los resultados electorales”, señaló Rivas.
Las cifras
Al final del mandato de Giammattei las extorsiones, cometidas por pandilleros de la MS13 y B18, así como “Imitadores”, superaron las del gobierno de Jimmy Morales en el 2019 en más de 4 mil.
Cifras del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien) revelan que en el 2023 hubo un considerable aumento en las denuncias de extorsiones en el país.
Fueron “18 mil 100 denuncias que hace una tasa de 102.8 por cada 100 mil habitantes en todo el territorio nacional”, según el Cien.
En promedio, de acuerdo con este tanque de pensamiento, “se denunciaron 50 extorsiones diarias en el 2023”.
Esto, de acuerdo con los datos históricos, superó al 2022, que fueron 14 mil 725 denuncias.
“Entre el 2022 y el 2023 fueron 3 mil 370 denuncias más y la tasa aumentó 18 puntos, de 85 a casi 103”, según el Cien.
Las denuncias de extorsiones se mantuvieron a los niveles prepandemia de covid-19. Por ejemplo, el último año de gobierno de Jimmy Morales la cantidad de denuncias fue de 14 mil 714.
En el inicio del gobierno de Giammattei, en el 2020, y que tuvo al final cinco ministros de Gobernación, las denuncias fueron 13 mil 031 y un año después aumentaron a 13 mil 290.
La iniciativa incluye a las maras como parte de los grupos delictivos organizados u organizaciones criminales, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Señala que quien las integre será sancionados con una pena de hasta 20 años de prisión.
El proyecto también protegerá bajo reserva la información de los agentes encubiertos que investiguen grupos delincuenciales. Este abarcará durante cinco años después de haber cumplido con su misión de encubierto.
En el Código Penal, tipifica a las maras o grupos delictivos como los que cometen los delitos de coacción, amenazas, usurpación agravada, extorsión, intimidación pública y agrupaciones ilegales.
Además, se crean mesas interinstitucionales para el "combate frontal a las actividades de las maras y la de prevención ante el fenómeno de las maras".
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