Más acentuadas en El Salvador y Honduras, estos grupos criminales nacieron en Los Ángeles, EE. UU., y en los años 90 se instauraron en Centroamérica, a raíz de que sus integrantes fueron deportados a países pobres que recién salían de sangrientos periodos de guerra interna y cuyos gobiernos fueron incapaces de reinsertar en la vida social y productiva.
Décadas después la región paga la factura por la falta de atención de los gobernantes a esas poblaciones, mientras los estados tratan de implementar medidas de emergencia de mano dura para minimizar el problema.
En marzo de este año a raíz de una ola de homicidios en El Salvador el presidente Nayib Bukele le declaró la guerra a las pandillas a quienes responsabilizó del abrupto repunte criminal. Desde entonces ha restringido ciertas garantías constitucionales al decretar un estado de excepción que lo ha prorrogado en ocho ocasiones.
El mandatario salvadoreño destaca los resultados de sus acciones y afirma que el Estado ha retomado el control de los territorios, antes en poder de las pandillas, y que se han producido más de 200 días con cero homicidios, algo que no se veía desde hace mucho tiempo en El Salvador.
También en Honduras
El principal temor de los países vecinos es que se produzca una migración de pandilleros salvadoreños. Las tres naciones junto con Nicaragua mantienen un acuerdo de libre tránsito que les permite pasar las fronteras con solo mostrar un documento de identidad.
Aunque las autoridades pueden detectar a una persona que pretenda ingresar a un país si tiene antecedentes, es prófugo o tiene cuentas pendientes con la justicia, también es conocida la porosidad de las fronteras y las decenas de pasos ciegos por donde ingresan miles de migrantes de manera irregular cada año.
El miedo al ingreso de pandilleros salvadoreños ha obligado a los gobiernos a tomar acciones similares. Honduras decretó un estado de excepción en las dos ciudades principales del país para frenar la violencia criminal y extorsiones. Específicamente la Policía tendrá la facultad de ejecutar acciones en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula entre el 6 de diciembre y el 6 de enero próximo, según el decreto aprobado por la presidenta Xiomara Castro.
La implementación de estos estados de excepción es debido a “una emergencia nacional” para combatir a las pandillas, ante la constante presión de la ciudadanía, que reclama seguir el ejemplo de El Salvador, esperanzados en que en ese país se ha reducido la criminalidad.
Por su lado, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala da cuenta de que, en lo que va del año, se han producido 84 capturas de pandilleros salvadoreños, una cifra que no varía mucho a la de años previos. La mayoría han sido expulsados al vecino país.
Sin embargo, el Gobierno de Guatemala también se ha visto empujado a implementar acciones. Según el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, se han enviado más contingentes a las fronteras con ambos países y funcionarios de los tres gobiernos sostendrán reuniones para abordar el tema.
Diferencias entre países
Pero, pensar en estados de excepción como lo hizo El Salvador no se ve viable, a criterio de analistas.
En ese país, las condiciones son otras, el presidente Bukele tiene el control de los tres organismos del Estado y del Ministerio Público, a juicio de Julio Rivera Clavería, analista y exviceministro de Gobernación. “Una orden de él se cumple”, enfatiza.
Además, El Salvador es un territorio más pequeño que Guatemala cuya población total es más o menos la que habita en el área metropolitana, por lo cual “no se puede copiar ese modelo”, aunque en aquel país funcione, aseveró.
Rivera Clavería afirma que las pandillas se han convertido en el problema más serio en estos países porque, a diferencia del narcotráfico, “matan gente indiscriminadamente y por cualquier motivo”, pero restringir las garantías constitucionales no sería factible porque en Guatemala “no tenemos alineado a todo el mundo”.
Si Bukele hoy propone una ley, “mañana ya es ley”, agrega al respecto, el exministro de Gobernación Carlos Menocal. Coincide en que el gobernante salvadoreño tiene a su favor las cortes, el Congreso y por supuesto el organismo Ejecutivo.
Además, el exministro opina que un estado de excepción “no sirve de nada” si no es precedido por un adecuado trabajo de inteligencia para identificar a las estructuras y ubicar a las personas contra las que se va a actuar.
Esta inteligencia, parece que todavía funciona en El Salvador y Honduras, no así en Guatemala, agrega Menocal, donde los últimos dos gobiernos se han encargado de “debilitar la inteligencia policial y civil”.
Recordó que a principios de la administración de Alejandro Giammattei se implementaron estados de excepción focalizados, pero con pocos resultados y sin capturas estratégicas. Para el que se impuso en Alta Verapaz en 2010, aseguró, “se invirtieron cinco meses y 150 agentes de inteligencia civil para desmantelar a los Zetas en siete departamentos”.
El internacionalista y catedrático universitario Alexander Sandoval opina que en Guatemala “por lo menos hay un control político” que haría complicado emular lo que se hace en El Salvador, y aunque los tres países del Triángulo Norte se han caracterizado por la corrupción e índices de violencia “la seguridad se ha manejado de diferente manera”.
Riesgoso
Sandoval agrega que implementar estados de excepción en Guatemala sería “delicado” debido a “las implicaciones graves que pudieran darse en contra de los derechos y libertades fundamentales”.
Además, considera que las pandillas en el país aún no pueden considerarse una “crisis de gobernabilidad” que amerite restringir las garantías constitucionales.
Venderán modelo
Aunque no sería la mejor medida para enfrentar a las maras, Menocal y Sandoval coinciden en que los candidatos que estarán en campaña electoral a partir de enero del próximo año ofrecerán propuestas que los asemejen o acerquen a Bukele, si se toma en cuenta la aceptación que este gobernante tiene en su país, donde en las últimas encuestas roza el 90 por ciento de aprobación de su gestión.
“Cualquier candidato, en este momento, va a utilizar el tema de seguridad y lo va a tratar de conectar con lo que está ocurriendo con Bukele y con El Salvador y es altamente probable que cualquiera quiera tomarse la foto con él”, refirió Menocal.
“Indudablemente, será parte del discurso. La demagogia y el mesianismo está por mostrar esto. Van a mostrar un discurso de mano dura, que es lo que la gente quiere oír”, subraya Sandoval.
Independientemente de qué acciones coercitivas se adopten en el país que sea, estas deben ir acompañadas de políticas que propicien el desarrollo humano, de lo contrario los efectos en el futuro pueden ser peores.
“Esto no se termina metiendo presos a todos los que se consideren mareros. Lo que hace El Salvador e correcto, pero falta la otra parte. Si no hay oportunidades de desarrollo para los jóvenes, parte de ellos seguirán alimentado a las organizaciones criminales”, advierte Rivera Clavería.
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