Hoy tendríamos que entrar al último año de la CSJ, que debió ser electa para asumir en el 2019, pero los diputados de la anterior legislatura no cumplieron con esa tarea.
En su momento se excusaron de que existía un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que complicaba la elección, argumento con el que la actual legislatura también se escuda.
La actual CSJ, que desempeña sus funciones de facto, también asumió en medio de señalamientos de opacidad, incluso investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) así lo exponen en el Caso Comisiones Paralelas.
Sus orígenes
El Congreso de la República, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, eligió a los magistrados del Organismo Judicial (OJ), mediante alianza política de los partidos Patriota (PP) y Líder.
Ese congreso se mostró eficiente en la integración de la nueva corte, en medio de señalamientos directos de la entonces magistrada Claudia Escobar, quien denunció una componenda y tráfico de influencias para la elección de las autoridades judiciales de aquel período.
Escobar señaló que el diputado Gudy Rivera, entonces presidente del Congreso, buscó obtener resoluciones a su favor y a cambio le garantizaba formar parte de la nómina de autoridades y un nuevo período como magistrada.
El caso avanzó en lo penal y una acción de amparo frenó por unos días la toma de posesión de los nuevos magistrados de la CSJ y cortes de Apelación. Finalmente, lograron tomar posesión y siguen administrando el poder judicial.
En 2017, las investigaciones del MP y de la Cicig presentaron el Caso Comisiones Paralelas, en el cual se señaló al operador político Roberto López Villatoro, alias el Rey del Tenis, de haber influido en la integración de la nómina de candidatos que fue remitida al Congreso.
Las investigaciones continuaron y años después se expusieron algunos detalles de una nueva investigación, Comisiones Paralelas 2020, en la cual el operador político fue Gustavo Alejos, y su función habría sido, según las indagaciones, la misma que López Villatoro, buscar influir en la integración y elección de magistrados.
La revelación de algunos nombres de jueces y una acción de amparo que llegó hasta la CC terminó con una resolución que, a la fecha, diputados y analistas califican como un “laberinto legal”, ya que la Corte ordena la forma como los diputados deben elegir la nueva CSJ, excluyendo a los señalados en esa investigación, pese a que no existe una sentencia condenatoria firme.
La investigación Comisiones Paralelas 2020 aún tiene procesos pendientes en los tribunales de justicia.
Sin embargo, este amparo ha sido, a criterio de expertos consultados, la excusa perfecta para que los diputados hayan prolongado la gestión de una CSJ que responde a sus intereses.
La peor CSJ
La CSJ ha sido cuestionada por expertos, por reprimendas contra jueces catalogados de independientes, resoluciones poco objetivas y hasta por aprovechar asuetos a conveniencia. En la época navideña del 2022, por ejemplo, se tuvo conocimiento de un aumento salarial que la propia CSJ autorizó en su beneficio. Todo esto, según Astrid Lemus, exmagistrada de la CSJ, hace pensar en que se está “ante la peor CSJ”.
Lemus considera que la CSJ, lejos de fortalecer y defender un sistema de justicia, se ha dedicado a debilitar la confianza que la ciudadanía debería tener en sus autoridades judiciales.
“Ha sido negativa para el sistema de justicia esta prolongación de funciones, porque se atribuye no a los altos méritos o por tener un excelente papel en las dificultades del sector Justicia, tristemente los señalamientos son que es por tráfico de influencias y por temas de acomodo”, expuso Lemus.
La exmagistrada considera que el mayor enemigo que tiene ahora un juez independiente y honesto es la misma CSJ. “Así como los jueces deben defender la independencia judicial, la CSJ debiera ser garante de que los jueces puedan ejercer su labor con independencia”, enfatiza.
Lemus considera que el ejemplo más reciente de este problema es el caso del juez Carlos Ruano, porque “la CSJ no solo no apoya a sus jueces, sino que los persigue”.
Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de Corte de Apelaciones, también califica a la CSJ como la peor de la era democrática, ya que el trabajo que ha podido observar de manera pública no es el de una corte honesta; por el contrario, ha ganado “tiempo extra” en el cargo a cambio de quedar bien con algunos sectores con sus resoluciones.
“Lo que deja es la permanencia de un sistema corrupto, que es posible crear un mecanismo como ese con la no elección de las nuevas autoridades de la CSJ y Cortes de Apelaciones para hacer lo que se nos dé la gana”, sostiene.
Temor real
La prolongación de funciones en un poder del Estado es peligroso, advierten las exfuncionarias judiciales, al analizar la situación de la actual CSJ y sus cuatro años más en funciones.
Las actuales manifestaciones en rechazo a un escenario similar en el Organismo Ejecutivo y Legislativo, a decir de las exmagistradas, son una muestra clara de condena a estas acciones.
“Pusieron a todos los que querían poner y que iban a hacer posible que coincidieran en todas las decisiones. Hay algunos que se quieren dar baños de pureza y emiten resoluciones gallo–gallina, que dejan el tema abierto para que todas las cosas puedan suceder”, opina Pérez Ruiz.
La exmagistrada añade que la mejor forma de demostrar el rechazo a estos riesgos son las manifestaciones pacíficas.
“Protestar sin violencia, no importa de qué lado estemos o quién nos guste más, porque lo que estamos defendiendo ahorita es la pervivencia de la democracia que ni siquiera hemos estrenado”, recalca.
Lemus, por su parte, considera que la prolongación indebida de funciones es un “temor” que siempre ha estado presente en las altas esferas del Estado.
“Quien interpreta la ley es quien puede legalizar esa situación, pero eso no quiere decir que sea legítimo o que sea legal”, añade.
Justificación
Por su parte la CSJ al ser consultada sobre la tardía renovación del poder judicial explicó que según el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial ningún magistrado, juez propietario o empleado puede dejar su cargo aunque se le haya admitido la renuncia si no cuenta con un sucesor.
Añade qué según una opinión consultiva de la CC, hecha en 2019, podrán continuar en el cargo de forma temporal, hasta que sus reemplazos sean electos y tomen posesión.
“En observancia de lo anterior y al no haber tomado posesión de sus cargos los nuevos integrantes de la CSJ, se llevó a cabo en la presente fecha la sesión extraordinaria del Pleno de magistrados de la CSJ, mediante la cual se revalidó la continuidad en el ejercicio de sus funciones a la espera que se presenten sus sucesores”, explicó el OJ.
