Una semana después, por orden de juez, a otros 94 nicaragüenses —la mayoría en el exilio— también se les retiró la ciudadanía. Estas acciones con consideradas sin precedentes, al menos en el mundo occidental.
Los 316 nicaragüenses, entre los que se cuentan académicos, empresarios, periodistas y religiosos, han recibido el respaldo y apoyo moral de diversos países. EE. UU. —a donde fueron enviados los primeros 222— condenó las acciones del régimen de Ortega que calificó de “deplorable” y que “aleja más a los nicaragüenses de la democracia que se merecen”.
Otros países como España y Argentina, incluso, han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses desterrados ya que reconocen la violación de un derecho fundamental.
El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos —la cual es reconocida por Nicaragua— dice que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.
Este derecho también lo recoge la Constitución de Nicaragua que en su artículo 20 expresa que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”.
América Latina
Algunos estados en América Latina no se han quedado callados. Chile, Colombia y Argentina se han pronunciado en contra de las acciones de Ortega; sin embargo, otros, como Brasil han optado por el silencio.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció asilo o ciudadanía a los opositores, pero evitó emitir una condena y dijo esperar que los problemas se resuelven a través del diálogo.
Guatemala tampoco se ha pronunciado y probablemente no lo haga.
El trato con ese país ha variado bastante en los últimos meses. En mayo de 2018, todavía en la administración de Jimmy Morales, la Cancillería expresó la “preocupación” del Gobierno de Guatemala por la inestabilidad y violencia que se registraba en Nicaragua, donde las fuerzas gubernamentales reprimieron una serie de protestas que se saldó con cerca de 350 muertos, según cálculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tres meses después elevó el tono y condenó la “violencia” y “represión” en contra de estudiantes y grupos sociales, y llamó al diálogo.
En junio de 2021, el presidente Alejandro Giammattei pidió al régimen de Daniel Ortega cesar la persecución y liberar a los opositores, muchos de los cuales iban a competir contra Ortega en las elecciones que se desarrollaron en noviembre de ese año. Añadió, en esa oportunidad, que con esas acciones se dañaba la institucionalidad de ese país, pero también la de todo el istmo.
Sin embargo, en octubre de ese mismo año, se abstuvo de firmar una declaración conjunta de la Organización de Estados Americanos en al que se exigía dicha liberación.
En noviembre de ese año, la Cancillería volvió a emitir un comunicado, esta vez para expresar su preocupación por la forma como se desarrollaron las elecciones en Nicaragua y lamentó que estas no fueron libres y justas.
Giro
Pero las relaciones con Nicaragua empezaron a dar un giro con la llegada del actual canciller Mario Búcaro. Una de sus primeras acciones luego de tomar posesión del cargo, el 1 de febrero de 2022, fue hablar con varios de sus homólogos, entre ellos Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense.
“Los cancilleres patentizaron la voluntad de sus respectivos gobiernos de continuar con la colaboración existente en los temas prioritarios de la agenda bilateral”, explicó la Cancillería guatemalteca en una nota de prensa en esa ocasión.
Cuatro meses después, el 29 de mayo, Búcaro hizo una visita oficial a Nicaragua y participó en varias reuniones que tuvieron como fin “afianzar los lazos de cooperación con esta nación amiga”.
En agosto pasado, Werner Vargas, enviado de Daniel Ortega, fue electo de forma unánime secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (Sica). La Cancillería guatemalteca se congratuló por el nombramiento y le deseó “mucho éxito” al delegado nicaragüense.
Guatemala no emitió un pronunciamiento como Estado; sin embargo, se adhirió a la declaración que firmaron ayer 16 de 35 países países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esta saludan la liberación de presos, pero deploran el haberlos despojado de la nacionalidad nicaragüense y el embargo que sufrieron de sus bienes, como una medida de castigo y opresión.
Daphne Posadas, licenciada en Relaciones Internacionales
En la declaración, los países muestran “preocupación” por los presos políticos que aún guardan prisión e instan a Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la oposición y la represión y detención contra líderes comunitarios.
Además, recordaron la muerte “en circunstancias inquietantes” del preso político nicaragüense Hugo Torres, en febrero de 2022 y al mismo tiempo reiteraron la “gran preocupación” por la reciente condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión y la revocación de su nacionalidad.
“Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que cumpla los compromisos consagrados en la Carta Democrática Interamericana”, añadió.
Valora pronunciamientos
El analista político nicaragüense y licenciado en Derecho y Economía, Enrique Sáenz, valoró el pronunciamiento que han emitido varios países en contra del destierro y despojo de nacionalidad de más de 300 ciudadanos de ese país.
Sáez es uno de los 94 nicaragüenses a quien el régimen de Ortega despojó de la ciudadanía. Fue diputado en la Asamblea Nacional de Nicaragua del 2007 al 2016. En una comunicación con Prensa Libre criticó el “silencio sepulcral” de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala.
“Por sus obras los conoceréis”, apuntó el analista, “de una u otra manera estos tres gobiernos, unos más rápidamente que otros, vienen dando los mismos pasos de Ortega, en la misma dirección”, indicó, antes de que se conociera que Guatemala respaldara la resolución de la OEA.
No obstante, cree que en primer lugar corresponde pronunciarse a las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la democracia de cada país. “Hay una expresión que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar”, advirtió Sáenz.
Añadió que dichos pronunciamientos tienen alcances y límites. Por ejemplo, profundizan el descrédito y aislamiento de una dictadura y alientan a quienes luchan por la democracia, en contraparte, afirma que estos “no botan gobiernos”.
No obstante, confía en que “la suma del aislamiento y el ánimo de quienes luchan por la libertad, más temprano que tarde, allanen el camino de la democracia en Nicaragua”.
El analista político y excanciller guatemalteco, Edgar Gutiérrez, precisó que despojar de la nacionalidad a los disidentes y arrebatarle sus bienes es una práctica medieval, aunque en Centroamérica “lo vimos durante el siglo XIX y Europa volvió a esa pesadilla con Hitler”.
Edgar Gutiérrez, excanciller y analista político
Respecto al silencio de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, considera que “permanecerán pasivos porque sus gobiernos siguen en deriva autoritaria y copian varias de las disposiciones del régimen nicaragüense”, por lo cual, aunque no tengan buenas relaciones con Ortega no lo van a condenar.
En relación con la ambigüedad o falta de pronunciamiento de varios países de Latinoamérica considera que estos preferirán “mantener la puerta abierta en Nicaragua” porque estiman que puede ocurrir una etapa de negociación y transición, como en Venezuela y quizá más adelante Cuba. “Quieren tener un pie dentro de la puerta para incidir”, manifestó Gutiérrez.
No se critican entre sí
A consideración de Daphne Posadas, licenciada en Relaciones Internacionales, las libertades están en constante amenaza en América Latina, en especial en Centroamericana, por lo que “es poco probable que en países donde existen violaciones a derechos y libertades se condene lo que pasa en otros” .
Expuso “ahora más que nunca” todos las sociedades incluidos los gobiernos deben pronunciarse y condenar los actos en Nicaragua porque el régimen atenta contra los derechos y libertades. “Lo último fue una muestra de los niveles a los que está dispuesto a llegar para eliminar la oposición y la disidencia”, señaló.
“Siempre que hay un atentado en contra de la libertad de expresión es importante hacerlo notar porque es evidencia de un totalitarismo en potencia y el totalitarismo busca necesariamente eliminar las opiniones disidentes”, subrayó Posadas.
