El experto, que conversó con Prensa Libre, afirmó hace unos días que la corrupción le cuesta a estos países cerca de US$13 mil millones, el 5% del Producto Interno Bruto; es decir, para el caso de Guatemala, tan solo en cinco años, del 2014 al 2018, se habrían fugado en corrupción unos Q130 mil millones.
¿Cómo llegan a la cifra de US$13 millones perdidos por corrupción en estos cuatro países de Centroamérica?
Estimar los costos de corrupción siempre es un reto, porque es como una economía como oculta, pero por medio de algunos esfuerzos, desde Transparencia Internacional, Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial… todos coinciden en que un indicador o un aproximado de lo que se pierde en corrupción es el equivalente al 5% del PIB (Producto Interno Bruto), entonces el monto sale de extrapolar esa estimación y aplicarlo al tamaño de la economía centroamericana, que anda alrededor de lo US$260 mil a US$270 mil millones.
¿A quiénes golpea más la corrupción?
Aunque nos tendemos a enfocar en lo económico, porque es donde más nos duele, la verdad es que el problema va más allá, porque tiene repercusiones sociales muy importantes. La corrupción afecta al gran empresario, pero en términos relativos va a afectar más al ciudadano del segmento más popular, por ejemplo, en su día a día, un ciudadano en su interacción con proveedores de servicios de instituciones públicas tienen que pagar sobornos para obtener la cantidad o calidad que de servicios que debe tener. Por eso preocupa porque la corrupción es un gran obstáculo para el desarrollo.
Entonces, ¿la corrupción a quién más afecta es al más pobre?
Definitivamente. Porque el ciudadano de los segmentos más vulnerables no tiene la capacidad de sustituir los servicios públicos, no puede darse ese lujo. Entonces es un problema muy grande para él, porque son ciudadanos con más limitaciones de ingresos y de oportunidades de empleo.
En el caso de Guatemala ¿qué análisis se puede hacer a la luz de los hechos acaecidos desde el 2015 y de que ahora ya no contamos con una comisión contra la impunidad?
Guatemala tomó un rol de cambio de mentalidad en la región, creo yo, al hacer esfuerzos directamente para combatir la corrupción desde funcionarios de muy alto nivel y se convirtió en uno de los primeros países de la región del CA-4 que logró desarticular una red completa que viene desde el alto liderazgo de gobierno, ojalá sea un punto de inflexión permanente.
Ahora, independientemente de la controversia por el trabajo de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), esta jugó un rol muy importante para resaltar y visibilizar estos temas y ojala que ahora, aunque ya no se cuenta con el apoyo de ese organismo, el país tenga la capacidad de continuar con esta lucha si realmente se quiere transformar a la nación. Es central, si queremos convertirnos en naciones prósperas, que entendamos el costo de la corrupción es muy alto y tiene consecuencias dramáticas en la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Qué debe hacer Guatemala, entonces, para no perder estos avances?
La corrupción es un problema complejo. Nosotros lo que vemos es que se tiene que trabajar a nivel individual, en términos educativos, desde el sector privado para subir el estándar de transparencia, y en tercer lugar trabajar en mejorar el marco regulatorio (leyes) para un funcionamiento eficiente y transparente de las instituciones.
¿Qué debe cambiar en el sector privado?
Debe establecer políticas claras de cómo se van a gestionar los temas de corrupción, las relaciones comerciales con terceros, las políticas de regalías, las donaciones a partidos políticos a oenegés. Además, mantener los canales de comunicación abiertos para que haya apertura para denunciar comportamientos corruptos desde el mismo sector privado. Pero también el sector público, necesitamos que las instituciones mejoren su funcionamiento para que tengan proceso más simples y transparentes, visibles, con menos discrecionalidad. Que se apoyen, por ejemplo, en la tecnología para reducirle espacios a la discrecionalidad del funcionario y así reducir espacios a la corrupción.
¿Por lo que me dice, falta mucho, muchísimo por hacer?
Así es. Cuando los retos son gigantes las soluciones son muy complejas y por eso insistimos en que no puede ser un esfuerzo solo del sector privado o del público, sino multisectorial, que también incluya a la sociedad civil y la academia, porque de otra forma va a ser muy difícil lograr una transformación.
¿Por qué a nuestros países les cuesta tanto luchar contra la corrupción?
Todo va relacionado a lo anterior, por ejemplo, los mismos actores privados ha habido alguna forma tradicional de hacer negocios que no ha sido la más adecuada, transparente ni ética. Y hay que cambiar ese paradigma porque para el mismo sector privado tiene un costo enorme la corrupción, porque son pocos los ‘beneficiados’ y la mayoría sale afectada. Entonces, debe haber un liderazgo para el cambio. Mientras que en el sector público hemos quedado rezagados en los marcos regulatorios y se ha fomentado la discrecionalidad, abriéndole oportunidades a la corrupción. En otros países van mejorando sus procesos, digitalizándolos, simplificándolos y nosotros todavía tenemos una penetración muy baja de la tecnología, en muchos casos por falta de voluntad. Tampoco hay acompañamiento adecuado para la tecnificación y capacitación del recurso humano.
¿Qué análisis se puede hacer al analizar a los cuatro países del CA-4? ¿La corrupción es similar, o los retos son distintos?
Hay algunas diferencias entre un país y otro, pero el problema fundamental de los cuatro países tiene raíces comunes, pero habrá algunas diferencias que hay que considerar. Los niveles de corrupción en Honduras, Guatemala y Nicaragua son similares, los de El Salvador andan un poco mejor, según el ranquin de Transparencia Internacional, pero al final el problema fundamental tiene que ver con institucionalidad y con los desfaces que tienen el funcionamiento y los procesos en las instituciones, me refiero, por ejemplo, a cómo funciona nuestro sistema de compra, nuestros procesos para emitir licencias o permisos o hacer trámites.
Nuestros países comparten la misma historia de corrupción y subdesarrollo. ¿Qué provoca qué en este círculo vicioso?
Es un tema de gran debate, pero nuestra posición y nuestro análisis nos inclina a un problema de institucionalidad y corrupción, la cual nos limita nuestra capacidad de crecimiento y de florecimiento de la actividad económica. Eso afecta nuestra capacidad de convertir ese desarrollo económico en progreso social y calidad de vida, entonces realmente es un círculo vicioso en el que, si no funciona bien la institucionalidad ni el estado de derecho, va a afectar el crecimiento económico, la capacidad de atraer inversión extranjera, y los incentivos para generar la doméstica.
Entonces, nuestro punto de partida es que si no hay institucionalidad, transparencia y efectividad del estado, afectamos y nos limitamos la capacidad de llegar a lo otro, el crecimiento económico.
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