La capacidad anticorrupción de Guatemala es de las más bajas del continente, dice informe del Vance Center
El estudio, realizado por abogados del Cyrus R. Vance Center for International Justice, señalan debilidades institucionales y vulnerabilidad a presiones de grupos de poder.
El país aunque tiene una legislación anticorrupción, el problema están en la implementación y cumplimiento, resalta el último informe del Vance Center, que coloca a Guatemala en el puesto 16 de 18 en el índice anticorrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Los mayores desafíos que enfrenta el país en la aplicación del marco jurídico en materia anticorrupción son la debilidad institucional, que como consecuencia repercute en la falta de independencia de las entidades encargadas de sancionar la corrupción. Así lo identificó la evaluación anticorrupción latinoamericana, realizada por abogados por los derechos civiles y económicos del Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional.
El informe destaca la creación o modificación de normativas legales para favorecer intereses específicos o personas, y una falta de interés en reformar el servicio civil. Además, identifican que hay un retroceso en los casos penales anticorrupción porque el Ministerio Público (MP) ejerce la acción penal de manera discrecional, ya que sus autoridades poseen presuntos conflictos y están sancionados a nivel internacional.
"La corrupción en Guatemala está institucionalizada y arraigada como forma de funcionamiento del Estado. Existe un pacto de corruptos conformado por diversos sectores cuyo objetivo es asegurar impunidad en casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos, a través de la cooptación y control de autoridades anticorrupción claves, incluyendo el Ministerio Público (MP) y las altas cortes", se lee en el informe.
El país tiene un marco jurídico compuesto por al menos 20 instrumentos que regulan las instituciones encargadas del combate a la corrupción, pero el estudio consigna una debilidad en los mecanismos para la detección de actos de corrupción y sistemas de alerta.
El Cyrus R. Vance Center es un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Promueve la justicia global mediante la participación de profesionales del derecho alrededor del mundo para apoyar a la sociedad civil y a una profesión legal éticamente activa.
Puntuación
El país obtuvo un total final de 3.46, solo superado por Nicaragua y Venezuela de los 18 países latinoamericanos. Esta calificación está dividida en tres áreas analizadas que a su vez tienen otras categorías.
- Legislación: 5.42
- Autoridades: 2.56
- Implementación: 2.68
Cada una de las puntuaciones es sobre 10, siendo esta la mejor. Las subcategorías con el punteo más bajo para Guatemala fueron la efectividad de protección a denunciantes, la coordinación entre autoridades y la independencia del MP.
Por otro lado, los países que obtuvieron la calificación más elevada son Uruguay con 5.95, Chile con 5.90 y Costa Rica con 5.83.
Se solicitaron posturas a la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y al MP, respectivamente, sin embargo hasta el momento no han sido compartidas.
Debilidades
El informe menciona que el sector público no cuenta con políticas anticorrupción que contemplen procedimientos para a identificar y gestionar conflictos de intereses, que prohíba solicitar regalos por parte de los funcionarios, obligaciones y limitaciones post-empleo público, capacitación a funcionarios públicos en medidas anticorrupción y protección y no represalias a denunciantes de casos de corrupción.
Respecto a los mecanismos de denuncia, los juristas identifican que son accesibles aunque no existe una legislación penal con medidas de protección. Recientemente, la CNC presentó en el Congreso la iniciativa de ley en esa materia junto con una que busca crear un registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas.
Respecto al sector privado no se prevé un marco anticorrupción que incluya códigos de conducta, alcance del trabajo de los funcionarios de las empresas que garantice independencia, medidas de control y auditoría, procedimientos internos, seguros de denuncia, evaluación de riesgo y evaluación de programas de cumplimiento y protocolos de investigación.
La Fiscalía
La comunidad consultada calificó con 2.89 la independencia de las autoridades administrativas, con 2 puntos la independencia del MP, y 2.78 la del sistema de justicia.
Además, respecto a la capacidad institucional las autoridades administrativas la puntuación es 2.28, la del MP 2.5 y la del Organismo Judicial (OJ) en 2.94.
"La comunidad jurídica consultada identifica una eficacia baja de las autoridades, pues están a disposición del control político y de intereses de grupos de poder", concluye el informe.
También indica que sí existen personas con compromiso e independencia para ejercer la función como fiscales y jueces de mayor riesgo, aunque algunos han recibido ataques mediante diversos mecanismos. Señala que el país carece de una política de ética e integridad pública, mecanismos de verificación y rendición de cuentas. Igualmente, reitera la falta de una reforma constitucional al sector justicia.
Recomendaciones
El informe también presenta una serie de recomendaciones que incluyen impulsar la modernización de la normatividad de ética pública e integridad para fortalecer la prevención de conflictos de intereses, actividades externas y obligaciones al dejar el cargo. También la promoción estrategias, acciones y políticas para el fortalecimiento integral de las capacidades institucionales.
"Impulsar un marco jurídico para la prevención de la corrupción en las empresas del sector privado, con incentivos para su cumplimiento y verificación conforme a estándares internacionales", se lee.
Así mismo la discusión de una reforma constitucional al diseño de selección y nombramientos en las cortes, además de reformas en el fortalecimiento del poder judicial con estándares internacionales.
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