Según el subsecretario adjunto de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Juan González, “los líderes se pusieron de acuerdo en avanzar en un plan de acción para el año 2016 que llevará pasos muy concretos y específicos” .
Ese plan abarcará esfuerzos para “combatir el tráfico de personas, continuar esfuerzos para fortalecer la seguridad fronteriza, y facilitar el regreso” de los inmigrantes indocumentados deportados a la región desde EE.UU., explicó.
También buscará “expandir el capital humano, fortalecer los ministerios públicos y las instituciones encargadas de administrar justicia” , además de definir el papel de los “policías civiles” , y aumentar “la cooperación en el ámbito energético” , según González.
Biden instó a los mandatarios centroamericanos a hacer más para combatir la corrupción y reducir la emigración indocumentada si quieren que el Congreso estadounidense apruebe este año más fondos para sus países.
“Está en el interés de Estados Unidos que haya prosperidad y seguridad en la región” , dijo Biden, el único de los cuatro que hizo declaraciones a la prensa antes de la reunión.
El vicepresidente recordó que el Congreso estadounidense aprobó recientemente una partida de US$750 millones para la ejecución del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, diseñado por los tres países centroamericanos para combatir las causas de raíz que generan la emigración ilegal.
“Es una señal de un apoyo bipartidista amplio”, afirmó Biden en referencia al hecho de que el Congreso aprobara esos fondos, y dijo que “muy pocas cosas tienen apoyo bipartidista (en EE.UU.), pero aún existe”.
“Para que podamos convencer al Congreso este año, con suerte, de que apruebe otros US$750 millones, vamos a tener que seguir dando pasos juntos, asegurar una serie de cosas, y una de las más importantes es tener menos migrantes embarcados en un viaje peligroso a Estados Unidos”, subrayó el vicepresidente.
Algunos congresistas, especialmente republicanos, han manifestado sus dudas sobre la capacidad de Guatemala, Honduras y El Salvador de cumplir con sus compromisos, por lo que son reticentes a ampliar la financiación.
Biden subrayó que el Gobierno estadounidense quiere “apoyar el proceso y la capacidad (de los Ejecutivos centroamericanos) de arrancar de raíz la corrupción” .
“No hay razón por la que Centroamérica no pueda ser el próximo ejemplo de éxito en el hemisferio occidental” , afirmó Biden, repitiendo una frase que ya empleó cuando se reunió en Washington con los presidentes de los tres países en noviembre de 2014.
Agenda
Morales tuvo una reunión con el Caucus Centroamericano del Congreso, que comenzó hoy su actividad, además de otro encuentro con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado mañana jueves.
Aprovechando la visita de los gobernantes, decenas de inmigrantes y activistas reclamaron hoy el impulso de un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los niños centroamericanos que han llegado a suelo estadounidense huyendo de la violencia en sus países de origen, una propuesta apoyada por una gran parte de la bancada demócrata del Congreso en ambas cámaras.
Precisamente hoy, en una mesa redonda con medios hispanos, los senadores demócratas Dick Durbin y Robert Menéndez llamaron de nuevo al Gobierno a considerar esta medida de protección migratoria para los menores.
Bajo el amparo del TPS, medida temporal migratoria que incluye un permiso de trabajo, se encuentran actualmente Nicaragua, El Salvador y Honduras, entre otros, aunque con extensiones que otorgan de forma periódica las autoridades estadounidenses y para casos específicos que no están vinculados a la crisis migratoria actual.
Guatemala lleva pidiendo a Estados Unidos desde hace años que otorgue a los guatemaltecos que viven en el país (alrededor de 1.5 millones) el TPS, sin embargo, el Gobierno del presidente Barack Obama no se ha pronunciado al respecto.
EE.UU. evaluó durante un tiempo la petición de Guatemala, pero decidió suspenderla en 2013 mientras se debatía una reforma migratoria, que el Congreso finalmente no aprobó, lo que obligó a Obama a decretar la regularización de 5 de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
