El mandatario mencionó brevemente a Ríos Sosa durante una rueda de prensa, donde además habló sobre el uso del helicóptero de Mario Estrada, preso en Estados Unidos por conspirar para el trasiego de drogas y armas, donde mencionó a candidatos con problemas judiciales.
“La señora Zury Ríos no tiene ninguna investigación penal, sino que tiene un tema netamente político en la Corte de Constitucionalidad”, dijo el presidente.
El mandatario insistió en que “vuelvo a hacer un llamado a la Corte de Constitucionalidad, de que no judicialicemos un proceso netamente electoral”.
Ríos Sosa está inscrita como candidata presidencial para las elecciones de este año por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) apeló ante el tribunal constitucional porque considera que su participación es inconstitucional debido a que es hija del general golpista Efraín Ríos Montt.
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Esa prohibición está establecida en el artículo 186 de la Constitución, que indica que no pueden participar: “a) el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno… c) los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de las personas que se refiere al inciso primero de este artículo”.
Ahora está en manos de la CC resolver en un único fallo el futuro de Ríos Sosa.
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El 23 de abril se desarrolló una vista pública en la CC por este caso, donde el TSE ratificó su oposición a la inscripción y Ríos Sosa esgrimió sus derechos para ser elegida y ser electa.
Pero llamó la atención la postura del Ministerio Público pues cambió sus argumentos en torno a la candidata.
La Fiscalía consideraba en 2015, bajo la gestión de Thelma Aldana, que Ríos Sosa tenía impedimento porque la Constitución no establece la temporalidad por la cual los familiares de quienes rompen el orden constitucional pueden ser candidatos. En cambio, ahora bajo la administración de María Consuelo Porras, expone que la política no tiene impedimento constitucional y que comparte el criterio de la (CSJ) que dio el amparo en forma definitiva.
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